Desde París

“Yo voté por él, pero esta vez sí que voy.” Fiel entre las filas, esta electora de Nicolas Sarkozy prepara los últimos detalles de la banderola con la que participará hoy en la nueva jornada de huelgas y manifestaciones que enfrenta el presidente Sarkozy. La banderola de tela, pintada con vivos colores rojos y negros, dice: “un escudo para los trabajadores”. Debajo de la frase hay un dibujo que muestra a unos señores muy ricos protegidos por un escudo con forma de un billete de 500 euros –el billete más alto– emitido por una imaginaria república llamada “franckozy”. La broma se refiere a una de las medidas tomadas por el gobierno, el “escudo fiscal”. Este dispositivo limita a 50 por ciento de las ganancias el pago de impuestos y ha beneficiado a las personas con más recursos. Los cálculos demuestran que el escudo fiscal de la era Sarkozy fue muy provechoso con los contribuyentes ricos y muchos menos con los de ingresos modestos. Esta política fiscal, sumada a los efectos de la crisis mundial, al aumento del desempleo, a los enfrentamientos con varios sectores claves del país, a la supresión de puestos de trabajo en la función pública, a varias medidas y reformas tomadas por el Ejecutivo y a un estilo de gobierno más desconcertante que tranquilizador han ido formando un remolino social que circulará hoy en las calles de Francia. Los sindicatos salen en posición de fuerza. Si bien el gobierno actúa como si la disconformidad social sólo fuera una metáfora o una mala costumbre de la sociedad francesa, los estudios de opinión revelan un malestar profundo y un apoyo aplastante a los huelguistas. Un 74 por ciento de los franceses considera justificada y apoya la huelga de hoy y un 62 por ciento desaprueba la política económica del gobierno. Con ese referente a sus espaldas, los sindicatos y la oposición de izquierda cuentan con llevar a la calle mucho más que un millón de personas en lo que será la segunda huelga general contra Nicolas Sarkozy. Aunque menos que en otros países del Viejo Continente, las aguas de la recesión bañan las costas francesas. Las fábricas cierran, los grupos privados despiden para preservar sus beneficios, el gobierno entrega miles de millones de euros para salvar a los bancos o a la industria automotriz al tiempo que la sociedad asiste el galopante retroceso de su nivel de vida. Como lo señaló esta semana el líder del sindicato CFDT, François Cherèque, “todo el mundo tiene un vecino o un amigo que está afectado”.

La crisis mundial vino a empeorar una situación que ya antes no era buena, tanto más cuanto que el presidente no logró ni por asomo plasmar en la realidad el encanto prometedor de su mensaje electoral: “trabajar más para ganar más”. En realidad, trabajo no hay mucho y la sociedad se ve confrontada a problemas de una profunda gravedad que ya se venían arrastrando de administraciones anteriores, tanto conservadoras como socialistas. La vivienda es, por ejemplo, un tema crítico. Los precios son irreales y las condiciones que imponen los propietarios para alquilar un modesto departamento desafían los bolsillos y la razón. En París es perfectamente plausible pagar mil dólares por 10 metros cuadrados. Un breve ejemplo corre el telón sobre lo que es sistema de exclusión sistemático: los propietarios exigen que las personas que trabajan en “ramos de riesgo –bancos, compañías financieras, por ejemplo– traigan un certificado de trabajo que ateste su sueldo, su antigüedad y también que su estabilidad laboral no peligra en los próximos meses”.

El gobierno francés prevé un retroceso del crecimiento del 1,5 por ciento en 2009 y una pérdida de 300.000 empleos. Las centrales sindicales le exigen a Sarkozy que deje sin efecto sus planes de suprimir empleos en el sector público, que anule el recorte de impuestos y que no siga con las reformas que afectan al ejemplar sistema francés de protección social. El presidente dice que ve como “legítimas” las preocupaciones de la sociedad, que no fue electo para “aumentar los impuestos” y que no cambiará de rumbo. Queda pendiente la puesta en marcha del paquete social de 2600 millones de euros desbloqueado por Sarkozy luego de la primera huelga general de finales de enero.

La calle será otra vez el termómetro de la confrontación. Doscientas manifestaciones están programadas hoy en Francia que afectarán el transporte público, el servicio de trenes regionales, los aeropuertos y provocarán el cierre de escuelas y oficinas públicas. La industria del automóvil, petrolera, farmacéutica, la banca y los minoristas fueron convocados a unirse a los empleados del sector público, tradicionalmente protagonistas de las protestas en Francia. Entre beneficios impositivos para ricos, cierres de empresas, recesión, escasez de dinero y despidos en sectores que ganan plata, las contradicciones no hacen sino acumularse. La empresa petrolera Total anunció los mayores beneficios anuales en la historia de una empresa francesa y, al mismo tiempo, el despido de 500 personas. El Ejecutivo da claros signos de haberse cortado de su electorado fiel y de empezar a dejar por el camino de la recesión a quienes aún tenían sus esperanzas puestas en Sarkozy.