El penal de Guantánamo, considerado un símbolo del doble discurso de Estados Unidos sobre los derechos humanos, probablemente permanezca en uso durante un buen tiempo. Dentro de una ley de gastos que aprobó la Cámara de Representantes, se le prohíbe a la Casa Blanca que envíe a los detenidos a tierra estadounidense para su juicio o detención. La disposición es otro golpe a la credibilidad de la promesa del presidente Barack Obama para cerrar Guantánamo dentro del año de asumir en funciones –una fecha que ya pasó hace tiempo–. El Senado todavía debe votar por la medida, pero la decisión de la Cámara hace que las conversaciones sobre el cierre del infame lugar en un futuro previsible sea apenas creíble.

Esto desató una hiriente reprimenda de la administración Obama. “Nos oponemos fuertemente a esta medida. El Congreso no debería limitar las herramientas al Ejecutivo para traer ante la Justicia a los terroristas y avanzar en los intereses de nuestra seguridad nacional”, dijo un vocero del Departamento de Justicia.

La promesa de Obama de vaciar Guantánamo de todos sus detenidos le ha provocado sólo frustración y aflicción política. Con los republicanos decididos a tomar control de la Cámara en enero, hay pocas probabilidades de que él cumpla con su promesa durante su primer período de cuatro años.

Tampoco ayuda un informe que fue particularmente desclasificado esta semana del director nacional de Inteligencia, James Clapper, sugiriendo que, de los 598 prisioneros que ya fueron liberados de la prisión, la mayoría por la administración Bush, se sabe que 81 de ellos regresaron a las actividades relacionadas con el terrorismo.

La idea original era persuadir a los aliados para que tomaran a tantos detenidos de Guantánamo como fuera posible y transferir a los otros a una prisión especial en Estados Unidos. Obama también imaginaba finalizar con los tribunales militares especiales y con enviar a algunos de los acusados a juicio dentro del sistema judicial civil.

Además, hubo una reacción airada de los republicanos, en especial cuando el único juicio que se llevó a cabo en territorio estadounidense terminó el mes pasado con el acusado Ahmed Ghailani, declarado culpable de sólo uno de los varios cientos de cargos contra él por las bombas en la embajada africana. Los funcionarios estadounidenses señalan que el sentenciar a Ghailani el mes que viene puede resultar en que pase el resto de su vida tras las rejas.

La sensación de desorganización fue reforzada cuando Gran Bretaña, el aliado más cercano a Estados Unidos para combatir el terrorismo, anunció el mes pasado que había llegado a un trato de compensar financieramente a los británicos por haber estado internados en Guantánamo, una decisión que los conservadores en Estados Unidos consideraron un cachetazo.

Hoy hay todavía 174 detenidos en la prisión. Las medidas aprobadas en diputados en un voto el miércoles pasado trata de retener toda financiación de la Casa Blanca para llevar a los detenidos a Estados Unidos. “Ninguno de los fondos disponibles en ésta u otra ley anterior pueden ser usados para transferir, liberar hacia o dentro de Estados Unidos a Khalid Sheikh Mohammed o cualquier otro detenido.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.