Guatemala decretó el estado de sitio en un departamento del norte para combatir el narcotráfico. El gobierno de Alvaro Colom tomó esa medida en Alta Verapaz para recuperar el control de esa región con fuerte presencia del crimen organizado, principalmente por el cartel mexicano Los Zetas, informó una fuente de presidencia.

“Desde hoy (por ayer) y durante un mes se realizarán operativos para capturar a presuntos narcotraficantes”, dijo a periodistas el secretario de Comunicación de la Presidencia, Ronaldo Robles. Aclaró que la decisión fue tomada por el presidente Colom en el Consejo de Ministros como resultado de las investigaciones que los aparatos de inteligencia del Estado realizaron “durante varios meses” en esa zona.

Con la vigencia del decreto, se suspenden varios derechos constitucionales, como la libre organización y protesta, en tanto faculta al gobierno a ordenar la detención de sospechosos de alterar el orden público, y queda prohibido el porte de armas de fuego, salvo para las fuerzas de seguridad.

El gobierno advirtió en un comunicado que las fuerzas de seguridad podrán “repeler o reprimir cualquier acción individual o colectiva” de grupos que se opongan a la recuperación del control del Estado en esa zona. Según la estatal Agencia Nacional de Noticias, desde las primeras horas de ayer unos 500 agentes de la fuerza de seguridad llevaban a cabo 21 operativos y allanamientos contra las organizaciones criminales de esa zona.

El despliegue del ejército en lugares fronterizos con México forma parte de la estrategia del gobierno guatemalteco. Pero hay quienes temen que una militarización del combate al crimen organizado –como la que decidió México– podría ser contraproducente. “Cuando se combate con algo tan grande como el crimen organizado el Estado se somete a una doble prueba. La primera es ganar la batalla y la segunda es ganarla manteniendo el Estado de Derecho”, dijo a la BBC Francisco Dall’Anesse, actual titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y agregó: “En la medida en que se pretenda una solución violenta contra cualquier fenómeno, lo que se va a generar es más violencia”.

Si se observa el resultado que tuvo el gobierno mexicano de Felipe Calderón desde que asumió en 2006 y le declaró la guerra al narco, las cifras hablan por sí solas. Desde esa fecha hasta ahora más de 30 mil personas murieron de forma violenta en acciones relacionadas con el crimen organizado, según el último dato oficial difundido por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional.