EL MUNDO › ENDEUDADA, PRIVATIZA SUS PRINCIPALES UTILIDADES

Grecia entrega las joyas de la abuela

La deuda sofoca al Estado griego y lo obliga a reducirse sin pausa. Ayer, el Consejo de ministros del gobierno de Giorgos Papandreu acordó la venta de las participaciones que el sector público tiene en OTE, la empresa de telecomunicaciones del país; en el banco postal; en los puertos de Atenas y Salónica, y en la compañía pública de aguas de Salónica. La drástica medida apunta a sanear el sistema financiero del país y reducir la deuda que este año se elevará a más del 150 por ciento del Producto Bruto Interno. Se espera que el plan de privatizaciones del Estado aporte 50.000 millones de euros para 2015. Los medios de comunicación locales auguran una ola de desempleo.

“El gobierno griego reitera así su determinación de continuar con el programa de saneamiento presupuestario tomando medidas adicionales de más de 6000 millones de euros (...) para lograr reducir el déficit al 7,7 por ciento del PIB en 2011, como lo exigen la Unión Europea y el FMI”, apuntó un comunicado del Ministerio de Economía griego. Los organismos, principales acreedores de Grecia, presionan al país para que reduzca sus gastos a cambio de su apoyo financiero.

La venta de las acciones estatales de OTE y del banco postal son los dos puntos más fuertes del plan que los funcionarios griegos aprobaron ayer, pero que comenzaron a delinear en abril pasado. OTE, cuyo accionista principal es el alemán Deutsche Telekom, es el gigante de las telecomunicaciones griegas, y el primer grupo de telecomunicaciones en los Balcanes. La participación de Grecia destinada a la venta equivale al 20 por ciento del capital de la megacompañía. La participación pública en el banco postal es mayor, del 34 por ciento.

La prensa griega acompañó la difusión de la noticia con augurios de despidos masivos y un aumento en los impuestos directos. En el campo político, mientras el socialismo pierde base electoral, el ultraortodoxo Partido Comunista griego rechazó cualquier diálogo con el gobierno y la oposición de derecha, a la que la UE pide un compromiso claro, y se opuso a medidas de más rigor que las aplicadas después del salvataje financiero.

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