Anoche seguía en todo el país el motín policial, que ya lleva cinco días en reclamo de mejoras salariales. Aunque el gobierno de Evo Morales reconoce la justeza de este reclamo, las negociaciones continúan detenidas, mientras algunos ministros y hasta el vicepresidente, Alvaro García Linera, aseguran que hay en gestación un golpe de Estado. Morales se niega a sacar al ejército a las calles para cumplir funciones de patrullaje y seguridad ciudadana, porque podría derivar en un enfrentamiento armado de uniformados contra uniformados, como en febrero de 2003. “La derecha está buscando muertos y, compañeros, no vamos a prestarnos para que haya muertos. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias”, dijo el presidente el domingo por la tarde, luego de que la tropa policial desconociera al acuerdo firmado por sus dirigentes con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la madrugada de ese día.

Respondieron a la convocatoria del presidente Morales las organizaciones campesinas que lo apoyan incondicionalmente: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (Cnmciob “BS”) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), quienes enviaron a algunos de sus cuadros en la mañana de ayer a la plaza Murillo, donde están las sedes de los órganos Ejecutivo y Legislativo.

Intercambiaron algunos palazos y “chicotazos” con los policías que allí protestan, con sus caras tapadas con pasamontañas, anteojos oscuros, etcétera. Luego de algunos minutos, los amotinados sacaron a relucir sus gases lacrimógenos e hicieron huir a los aliados del presidente Morales.

Cuando dominaron la plaza principal nuevamente, como demostración de fuerza, cientos de policías salieron a marchar todos con ropa de trabajo, con chalecos antibalas y con sus armas en alto. Cantaban “Evo/ cabrón/ el verde está emputado”. La base de los amotinados –y sus esposas, quienes empezaron la protesta la semana pasada– es la sede de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), a una cuadra del Palacio Quemado.

Actualmente, el sueldo básico de un policía es de 1446. Con el Bono de Seguridad Ciudadana, que el gobierno hizo aumentar de 220 a 620 bolivianos, el total ganado sería de 2065 bolivianos, casi 300 dólares, con un dólar cotizado a 6,96 bolivianos.

Para la tropa policial, la propuesta del gobierno es insuficiente. Exige que el sueldo básico sea de 2065, sin sumarle el bono. Desde el Palacio Quemado respondieron ayer que esto es inviable, porque las obligaciones impositivas generarían un gasto suplementario de 100 millones de bolivianos, los cuales el gobierno dice no poder afrontar. Hasta el domingo a la madrugada, los amotinados tenían un pliego de ocho puntos, que habían negociado y acordado con el gobierno. Además de los 2065 bolivianos por mes, se concertó la jubilación con el 100 por ciento del salario y se abrió la posibilidad de modificar la Ley 101 (de régimen disciplinario), así como la creación de la Defensoría del Policía. Ahora los policías piden una nueva reunión, con más demandas de su parte.

Entre los nuevos pedidos de los amotinados está la construcción de viviendas, la dotación de laboratorios de criminalística, la dotación de uniformes, víveres y pistolas, la modernización de las infraestructuras policiales, un centro de taller mecánico, la capacitación de las bases en ramas técnicas, un seguro de vida, el retorno del manejo de Identificación y Licencias y la salida del actual comandante general de la policía, Víctor Santos Maldonado, porque no salió de la Academia de Policías, sino que se desempeñó como civil participante en acciones de Inteligencia y fue beneficiado por un decreto del presidente, quien le otorgó un rango policial. Por eso, entre otras consignas, los uniformados le dedican el “Que se vaya el tira, carajo”.

En conferencia de prensa, el vicepresidente García Linera acusó al partido de centroderecha Unidad Nacional (UN) de fomentar el conflicto. “Existe una manipulación política corporativa de fuerzas oscuras, reaccionarias de derecha, que quieren manipular a buenos policías con fines personales”, dijo. “El gobierno tiene la capacidad operativa para recuperar el control, pero sabemos que hay personas que quieren muertes. Somos pacientes. Pedimos al pueblo boliviano que sea también paciente para no caer en provocaciones y en el plan de sangre que quieren imponer malos políticos y malos policías”, dijo el vicepresidente. Y pidió a los vecinos organizarse en los barrios para evitar invasiones de delincuentes.

En febrero de 2003, la Policía Nacional se había levantado contra un impuesto a los salarios elaborado por el gobierno del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien mandó al ejército a reprimirlo, con un saldo de 33 muertos y más de 200 heridos.