Desde Río de Janeiro

El primer fin de semana del nuevo secretario de Seguridad Pública de San Pablo, Fernando Grella Vieira, fue significativo: entre el sábado y el domingo se registró una de las noches más violentas del año. Fueron muertas 15 personas (entre ellas un niño de diez años), otras 21 fueron heridas y hubo combates entre policías militares y criminales movilizados por la organización PCC (Primer Comando de la Capital). La violencia se registró, una vez más, en la periferia empobrecida y en las ciudades vecinas que conforman lo que se llama el Gran San Pablo.

Así, la guerra entre el PCC y la Policía Militar tuvo su secuencia inalterada. El único cambio visible ha sido el ocurrido en el comando de las fuerzas de seguridad pública. Los grupos de exterminio, escuadrones de la muerte integrados por policías que actúan en sus días francos, siguieron actuando con ferocidad idéntica a la de los criminales controlados, desde adentro de los presidios, por el PCC. Y en el medio, la población civil, que aporta una parte considerable de las víctimas fatales.

Una encuesta divulgada ayer por el instituto Datafolha, vinculado al diario Folha de Sao Paulo, indica que el 43 por ciento de los entrevistados defiende que el policía que integre un grupo de exterminio fuera de su horario de trabajo no sea castigado por matar un criminal. Esa mentalidad de defensa de los “justicieros” impactó inclusive en los responsables de la encuesta y demuestra la reacción de los paulistas a la ola de violencia que empezó en junio y alzó alto vuelo a partir de octubre. Una parcela que representa un 40 por ciento dice que los integrantes de grupos de exterminio deben ser castigados, y un 11 por ciento opta por la expulsión de la policía, pero sin que los asesinos vayan presos. La misma encuesta revela que el 65 por ciento de los entrevistados admite tener miedo de andar por la calle de noche. Para el 34 por ciento, la ola de violencia se debe a facciones criminales. Otro 17 por ciento dice que todo se debe a un ajuste de cuentas entre criminales y policías. Y un 5 por ciento piensa que se debe a la venganza de criminales contra la muerte de integrantes del PCC a manos de policías. Mientras, si hay un miedo generalizado en la ciudad, en la periferia lo que se verifica es un pánico permanente. En las zonas pobres se teme a la policía con la misma intensidad con la que se teme a los criminales. Al fin y al cabo, la política de exterminio impune se da precisamente en las regiones pobres, donde matar a alguien es, en principio, matar a un marginal o a un futuro marginal.

El gobierno del estado de San Pablo, responsable por la seguridad pública, sigue diciendo que controla la situación, mientras los habitantes de las zonas más afectadas siguen diciendo que en su mayoría los muertos eran inocentes. Las autoridades tratan de minimizar los estragos de una guerra oculta. Prometen reprimir las acciones de los grupos de exterminio, que repiten los escuadrones de la muerte de los años de la dictadura militar (1964-1985). Y los pobladores de la periferia, abandonados a su propia suerte, entierran sus muertos.

Los fines de semana suelen tener las noches más sangrientas. Pero no hay tregua a la vista: hoy mismo se esperan más muertes. Y mañana también.