El secretario general del partido gobernante Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador y diputado, Medardo González, defendió ayer al sacerdote español Antonio Rodríguez Tercero (foto), promotor de la tregua con las pandillas, detenido por la Fiscalía General y procesado por presunta colaboración con esas bandas, acusación que juristas califican de “persecución política”. “El religioso se dedicó a proyectos para prevenir las pandillas. Creo que a la fiscalía se le fue la mano y quiere humillar públicamente al padre Toño”, apuntó el líder del partido FMLN.

Por su parte, Abraham Abrego, director de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (Fespad), y miembros del Servicio Social Pasionista consideraron que la reciente captura del sacerdote es “una persecución política”, ya que en el proceso se presentan algunas irregularidades.

Abrego indicó que la persecución del fiscal general contra el padre Toño no es nueva, en abril de este año el funcionario mostraba su posición crítica frente a la tregua y afirmó que “el problema fue andar escuchando a personas irresponsables como el religioso, pues son gentes que no lo hacen con un verdadero sentido responsable, patriótico ni cívico”.

El director de la Fespad, expresó, que “las acusaciones del fiscal revelan la subjetividad que hay en el proceso, por el seguimiento del que fue objeto el padre Toño en los días previos a su detención, y el amplio dispositivo utilizado para su captura”. A su juicio, eso revela “una persecución contra el religioso, no por ser delincuente, sino por su labor en defensa de los derechos humanos”, reconocida incluso por la Organización de Estados Americanos (OEA). El sacerdote Rodríguez está detenido desde el martes pasado, cuando el tribunal especial antimafias de San Salvador ordenó prisión domiciliaria y envió su caso a instrucción para su investigación.

El religioso, párroco de la iglesia San Francisco de Mejicanos y director del Servicio Social Pasionista, se dedicó desde su llegada a El Salvador, en el 2000, a la prevención de la violencia y a la rehabilitación de jóvenes pandilleros integrantes de bandas conocidas como maras. Al padre Toño, la FGR lo acusa específicamente de introducir objetos ilícitos a penales, extorsiones, asociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Los defensores del cura han cuestionado el hecho de que su cliente no fue sorprendido cometiendo tales delitos. El líder del FMLN contrastó la celeridad con que la FGR actuó contra el sacerdote, mientras que no fue diligente para proceder contra el ex presidente Francisco Flores, actualmente prófugo de la Justicia por delitos de peculado y otros de corrupción.