Desde el fallecimiento de Hugo Chávez y su masivo funeral, hace ya dos años, Venezuela parece no encontrar cierta estabilidad política. Antes de su último viaje a Cuba para tratarse, Chávez dio un emotivo mensaje que sonó a despedida, en el que habló de unidad y designó a Nicolás Maduro como su delfín. “No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño en la restauración del capitalismo, para acabar con la patria... La respuesta de todas y todos los patriotas es unidad, lucha y victoria.” Palabras que resuenan en una sociedad que queda atrapada en una polarización asfixiante. Una y otra vez, la sociedad es testigo de un esquema de denuncias del gobierno de planes de desestabilización y golpes de Estado y llamados de sectores de la oposición a promover la salida o la transición del sucesor de Chávez.

En abril de 2013, cuando Maduro ganó las elecciones presidenciales por estrecho margen, la oposición, fiel a una práctica de no respetar las reglas de juego de la democracia, tuvo serias dificultades para reconocer el triunfo del candidato oficialista. Su rival, Henrique Capriles, llamó a sus seguidores a salir a denunciar fraude, y la irrupción violenta en las calles se saldó con una decena de simpatizantes chavistas muertos. Ante este panorama, Capriles rectificó y diez días después el sucesor de Chávez juramentaba el cargo.

Durante estos dos años, la situación económica fue dando señales de alarma, con una inflación en 2014 del 63 por ciento, baja del precio del petróleo y, como consecuencia, faltante de productos básicos y medicamentos. Mientras el gobierno acusaba al empresariado de acaparar productos para la especulación y el contrabando, la oposición encontraba en el malestar social fuerza para cuestionar la política económica.

En febrero de 2014, lo que empezó como una manifestación estudiantil en reclamo de seguridad en los establecimientos educativos derivó en llamados al derrocamiento de Maduro por parte de los líderes opositores María Corina Machado, Leopoldo López y Antonio Ledezma –quienes apoyaron la asonada de abril de 2002–. En la delicada balanza de la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática, este bloque radicalizado se transformó en un dolor de cabeza para el ex candidato Capriles. La violencia en las calles de varias ciudades venezolanas, provocada por opositores, y la respuesta brutal de las fuerzas policiales causaron la muerte de 43 personas, lo que obligó a que la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) enviara una misión al país para que intercediera entre las partes.

Entretanto Leopoldo López fue detenido, acusado de instigar a la violencia y Machado fue destituida del cargo de diputada por haberse presentado ante el Consejo Permanente de la OEA en el lugar cedido por Panamá –aunque una mayoría de países impidió que hablara–. Los ánimos se aplacaron un tiempo con la instalación de una mesa de diálogo en la que participaron sectores que respondían a Capriles, el gabinete de Maduro y cancilleres de la Unasur.

El mes pasado las noticias de Venezuela volvieron a ocupar los titulares del mundo cuando el gobierno presentó supuestas pruebas de un plan desestabilizador por parte de la oposición y de un grupo de militares –hoy presos–, financiado por Estados Unidos. Ledezma, Machado y López difundieron en el diario El Nacional un “Acuerdo Nacional para la Transición”, lo que significa un repetido paso antidemocrático de unos dirigentes opositores que no reconocen al gobierno y que harían bien en esperar a motorizar un referéndum revocatorio del mandato presidencial.

La detención del alcalde Ledezma, acusado de estar detrás del plan desestabilizador, concitó la crítica de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, así como la preocupación de varios países de la región, cuando se cumplía un año del arresto de López. En este contexto, la Unasur envió a Caracas el viernes pasado a tres cancilleres y difundió un comunicado en el que el bloque rechaza cualquier intento de tumbar el orden constitucional en Venezuela y llama a que se lleven a cabo, en tiempo y forma, las próximas elecciones en el país.

Más que nunca, los comicios parlamentarios de septiembre representan un desafío para un gobierno que reivindica el legado de Chávez y que enfrenta serias dificultades económicas, y para una oposición que perdió la mayoría de las veces que se midió en las urnas con el oficialismo en los últimos quince años.

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