EL MUNDO › OPINION

La agresión de EE.UU. en Wikileaks

 Por Alexander Main y Dan Beeton *

Buena parte de la historia de los esfuerzos de los gobiernos estadounidenses para contener y hacer retroceder la nueva izquierda latinoamericana puede encontrarse en las decenas de miles de cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks desde las misiones diplomáticas de Estados Unidos en la región. Los cables –analizados en el nuevo libro The WikiLeaks Files (Los Archivos de Wikileaks)– revelan la habitual mecánica de intervención política de Estados Unidos en América latina. Se brinda apoyo material y estratégico a los grupos de la oposición de derecha, algunos de los cuales son violentos y antidemocráticos. Los cables también dibujan una imagen viva de la mentalidad ideológica de la Guerra Fría de los altos emisarios de los Estados Unidos y muestran cómo éstos tratan de usar medidas coercitivas para imponer su agenda.

“Esto no es un chantaje...”

A finales de 2005, Evo Morales obtuvo una arrolladora victoria electoral con un programa de reforma constitucional, de derechos indígenas y con la promesa de combatir la pobreza y el neoliberalismo. El 3 de enero, dos días después de su toma de posesión, Morales recibió una visita del embajador David L. Greenlee. El embajador fue directamente al grano: la asistencia multilateral a Bolivia supervisada por Estados Unidos dependería del buen comportamiento del gobierno de Morales. Podría haber sido una escena de El Padrino:

El embajador mostró la crucial importancia de las contribuciones de Estados Unidos a las financieras (sic) internacionales clave de las que dependía Bolivia, como el Banco Internacional de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. “Cuando piense en el BID, debe pensar en los Estados Unidos”, dijo el embajador. “Esto no es un chantaje, es la simple realidad”. (...) “Espero que usted, como próximo presidente de Bolivia, comprenda la importancia de esto”, dijo, “porque una separación de los caminos no sería buena para la región, ni para Bolivia, ni para Estados Unidos”. (06LAPAZ6)

Sin embargo, Morales se mantuvo fiel a su agenda. En días siguientes, siguió adelante con los planes para regular los mercados de trabajo, renacionalizar la industria de los hidrocarburos y profundizar la cooperación con el archienemigo de Estados Unidos, Hugo Chávez. En respuesta, Greenlee sugirió un “menú de opciones” para tratar de forzar a Morales a inclinarse ante los deseos de su gobierno. Estas incluían: el veto de préstamos multilaterales multimillonarios, la posposición de las medidas programadas de alivio de la deuda, la oposición a la financiación por parte de la Corporación Reto del Milenio (Millennium Challenge Corporation; que Bolivia no ha recibido aún, a pesar de ser uno de los países más pobres del hemisferio) y el final del “apoyo material” a las fuerzas de seguridad bolivianas [06LAPAZ93].

Desgraciadamente para el Departamento de Estado estadounidense, pronto se vio cómo estas amenazas iban a ser debidamente ignoradas. Morales ya había decidido reducir drásticamente la dependencia de Bolivia con las líneas de crédito multilaterales que requerían el examen del Tesoro estadounidense. Pocas semanas después de su investidura, Morales anunció que Bolivia dejaría de estar comprometida con el FMI y dejó que expirase el acuerdo de préstamo con el Fondo.

Incapaz de forzar a Morales a cumplir sus órdenes, el Departamento de Estado pasó a centrarse en reforzar a la oposición boliviana. La región Media Luna, controlada por la oposición, empezó a recibir un creciente apoyo estadounidense. Un cable de abril de 2007 señala el “más amplio esfuerzo del Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) para reforzar a los gobiernos regionales como contrapeso del gobierno central” (07LAPAZ1167). Un informe del Usaid de 2007 señalaba que su Oficina de Iniciativas de Transición (Office of Transition Initiatives, OTI) “había aprobado 101 subvenciones por valor de 4.066.131 dólares para ayudar a los gobiernos departamentales a operar más estratégicamente”. La financiación también llegó a grupos indígenas locales que “se oponían a la visión de las comunidades indígenas de Evo Morales”. (08LAPAZ717)

Un año después, los departamentos de la Media Luna entraron en rebelión abierta contra el gobierno de Morales, primero realizando referendos sobre la autonomía, pese a haber sido declarados ilegales por el poder judicial; después, apoyando protestas violentas pro-autonomía que acabaron con la vida de 20 partidarios del gobierno. Muchos creyeron que se estaba desplegando una tentativa de golpe de Estado. La situación sólo se calmó bajo la presión de otros presidentes de Sudamérica, que emitieron una declaración conjunta de apoyo al gobierno constitucional del país.

Pero mientras Sudamérica se aliaba en apoyo a Evo, EE.UU. mantenía una comunicación regular con los líderes del movimiento violento, separatista y racista de oposición, incluso cuando éste hablaba abiertamente de “volar por los aires los conductos de gas” y de la “violencia como posibilidad para forzar al gobierno a... tomárselo en serio y dialogar”. (08LAPAZ1931)

En contra de su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre de 2008, el Departamento de Estado norteamericano tomaba en serio la posibilidad tanto de un golpe de Estado como del asesinato del presidente Evo Morales. Un cable revela los planes de la embajada de EEUU en La Paz para preparar este acontecimiento:

“El Comité de Acciones de Emergencia (Emergency Action Committee)] desarrollará, con el Equipo de Evaluación Situacional Comando Sur (Southern Command Situational Assessment Team), un plan de respuesta inmediata en caso de emergencia inesperada, por ejemplo un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales”, señalaba el cable. (08LAPAZ2083_a)

Los acontecimientos de 2008 fueron el mayor reto para la presidencia de Morales hasta entonces. Los preparativos de la embajada de EEUU para una posible salida de Morales de la presidencia revelan que los EEUU, como mínimo, creían que la amenaza sobre Morales era muy real. El hecho de que no lo manifestara públicamente señala de qué parte estaba Washington durante el conflicto y qué resultado probablemente prefería.

Contrarrestando la “amenaza” bolivariana

Durante la Guerra Fría, la supuesta amenaza comunista sirvió para justificar un sinnúmero de intervenciones con el objetivo de eliminar gobiernos liderados por la izquierda, y apuntalar regímenes militares de derecha. Del mismo modo, los cables de WikiLeaks muestran cómo, en la década iniciada en el 2000, el fantasma del “bolivarianismo” de Venezuela se ha utilizado para validar las intervenciones contra nuevos gobiernos de izquierda, como el de Bolivia, descrito como uno que ha “caído completamente en los brazos de Venezuela”; o Ecuador, visto como un “sucedáneo de Chávez”.

Las relaciones de EE.UU. con el gobierno de izquierda de Hugo Chávez se agriaron desde el principio. Chávez, electo por primera vez presidente en 1998, rechazó enérgicamente las políticas económicas neoliberales, desarrolló una estrecha relación con el presidente cubano Fidel Castro, y criticó abiertamente la ofensiva del gobierno de Bush en Afganistán, seguida por el ataque del 11 de septiembre (EE.UU. retiró al embajador en Caracas después de que Chávez proclamara: “No pueden luchar contra el terrorismo con más terrorismo”).

En abril de 2002, el gobierno de EE.UU. apoyó públicamente el golpe militar que depuso a Chávez del poder durante 48 horas. Documentos de la organización paragubernamental National Endowment for Democracy (NED), obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información, muestran que EE.UU. proporcionó financiación y entrenamiento a grupos que apoyaron el golpe de Estado y que posteriormente fueron involucrados en el intento de derrocar a Chávez a través de una “huelga” del personal directivo que paralizó la industria petrolera entre finales del 2002 y principios de 2003, sumiendo al país en la recesión.

Los cables de Wikileaks muestran que, después de estos intentos fallidos de derrocar al gobierno electo de Venezuela, EE.UU. continuó respaldando a la oposición venezolana a través del Usaid y de la NED. En un cable de noviembre de 2006, el entonces embajador William Brownfield explicó la estrategia de USAID/OTI para socavar al gobierno de Chávez:

En agosto de 2004, el Embajador delineó la estrategia para el equipo en el país, que contenía 5 puntos para guiar las actividades de la embajada de Venezuela en el período [20042006] (...) La estrategia se enfocó en: 1) fortalecimiento de las instituciones democráticas, 2) penetrar la base política de Chávez, 3) dividir al chavismo, 4) proteger los negocios clave de EEUU, y 5) aislar a Chávez internacionalmente. (06CARACAS3356)

Los estrechos vínculos que existen entre la embajada norteamericana y varios grupos de la oposición son evidentes en numerosos cables. Un cable de Brownfield vincula a Súmate –una ONG de oposición que jugó un papel central en las campañas de la oposición– con “nuestros intereses en Venezuela” (06CARACAS339). Otros cables revelan que el Departamento de Estado ha hecho lobby para que Súmate logre apoyo internacional (05MADRID2557; 06CARACAS340) y alentó el apoyo financiero de EE.UU. (05CARACAS1805), apoyo legal (06CARACAS3547) y otro tipo de apoyo político para la organización, incluyendo el brindado a través de la NED.

En agosto de 2009, Venezuela fue sacudida por violentas protestas de la oposición (como ha ocurrido varias veces bajo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro). Un cable secreto del 27 de agosto cita a una contratista de USAID/OTI, Desarrollo de Alternativas, Inc. (Development Alternatives, Incorporated, DAI), refiriéndose a “todas” las personas que protestaron contra Chávez en su momento como “nuestros financiados”:

(El empleado de DAI) Eduardo Fernández dijo que “las calles están calientes”, en referencia a la creciente protesta contra los intentos de Chávez de consolidar el poder, y “toda esta gente (que organiza las protestas) son nuestros financiados”. (09CARACAS1132_a)

Los cables también revelan que el Departamento de Estado de Estados Unidos proporcionó entrenamiento y apoyo a un líder estudiantil que reconoció haber liderado a una multitud, guiándola con la intención de “linchar” a un gobernador chavista: “Durante el golpe de Estado de abril de 2002, (Nixon) Moreno participó en las manifestaciones en el Estado de Mérida, liderando a una multitud que marchó en la capital del estado para linchar al gobernador Florencio Porras del partido MVR” (06CARACAS1627).

Pero pocos años después de esto, otro cable menciona: “Moreno participó en el Programa de Visitantes Internacionales (del Departamento de Estado) en 2004” (07CARACAS591).

Moreno sería buscado más tarde por intento de asesinato y por amenazar a una agente de policía, entre otros cargos.

También en consonancia con la estrategia de cinco puntos que delineó Brownfield, el Departamento de Estado priorizó los esfuerzos para aislar al gobierno de Venezuela a nivel internacional, y contrarrestar la percepción de su influencia en toda la región. Cables muestran cómo los jefes de las misiones diplomáticas de Estados Unidos en la región desarrollaron estrategias coordinadas para contrarrestar la “amenaza” regional de Venezuela.

Hay que tener en cuenta que los cables de Wikileaks no vislumbran las actividades más encubiertas llevadas a cabo por las agencias de inteligencia estadounidenses, y son probablemente sólo la punta del iceberg en cuanto a la interferencia de EE.UU. en la política de la región. Aun así, los cables proporcionan una amplia gama de evidencias de los persistentes y decididos esfuerzos de los diplomáticos estadounidenses para intervenir en contra de los gobiernos independientes de izquierda en América Latina, usando la presión financiera, así como el conjunto de instrumentos disponibles en la caja de herramientas de la “promoción de la democracia” –a veces, apoyando medios violentos e ilegales–.

* Alexander Main es analista político del Center for Economic and Policy Research en Washington DC.

Dan Beeton es director de comunicaciones del Center for Economic and Policy Research en Washington DC.

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