El intento de golpe en Ecuador se dio en el marco del muy peculiar enfrentamiento del gobierno de Rafael Correa con los principales medios de comunicación de su país. De un modo notable, la televisión, los diarios y las radios ecuatorianas tienden a pertenecer a empresas financieras o bancos privados. El todavía candidato Correa se enfrentó con este sector por partida doble ya en 2006, cuando anunció que limitaría la manipulación de los medios y fijaría restricciones al sistema financiero para bajar las muy altas tasas y recortar las comisiones bancarias. Ambos temas coincidían en las mismas personas.

El primer encontronazo fue cuando Correa efectivamente le cortó los beneficios a las entidades financieras. El segundo comenzó con la idea de convocar una Asamblea Constituyente para llevar al máximo rango las ideas de la llamada “revolución ciudadana”. Uno de los enemigos más visibles de esta iniciativa fue Fidel Egas, que es presidente tanto del Banco Pichincha como de Teleamazonas TV. Egas intentó torpedear el mismo llamado a la Constituyente, que se realizó finalmente al año pasado.

A la oposición en general de estos sectores se le suma en este caso una cuestión vital de calendarios. Es que la Constitución efectivamente prohibió en su artículo 312 que los bancos o grupos financieros tengan “participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad bancaria y fiduciaria”. En resumen, que si se tiene el Banco Pichincha no se puede tener Teleamazonas, para dar un ejemplo notable. El Congreso puso plazo hasta el 20 de octubre de 2010 para que las empresas vendieran sus medios (o sus bancos). El intento de golpe fue exactamente tres semanas antes de cumplirse este plazo.

Los banqueros mediáticos se enfrentan con una situación de difícil salida. La ley dice que no pueden vender sus acciones a familiares en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con lo que no valen cuñados o maridos de las primas. También hay un mecanismo especial para que el comprador pueda demostrar en sede judicial que no es un testaferro del vendedor. Y el gobierno tiene en tratamiento en el Parlamento una ley que reparte equitativamente las frecuencias de radio y televisión, y crea una defensoría del público.

En los eventos del jueves, los medios jugaron un rol muy directo e inmediato. Por un lado, los policías sublevados hicieron sus esfuerzos para controlarlos, intentando copar televisoras y, cuando no lo lograron, tratando de cortarles la luz y reprimiendo a los periodistas que cubrían la marcha al hospital donde tenían cautivo a Correa. Por el otro, el gobierno de inmediato ordenó que todos los medios siguieran la cadena nacional y repitieran la información emitida desde el poder. Excepto por un breve período en que un canal transmitió a figuras de la oposición criticando a Correa, el mensaje fue unánime.

Esta medida tiene que ser entendida en el marco de la historia reciente de Ecuador, en la que el del jueves se cuenta como el cuarto golpe, pueblada o insurrección en algo más de una década. Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez fueron derrocados antes de tiempo en 1997, 2000 y 2005. Correa es, de hecho, el primero de los cuatro últimos presidentes en sobrevivir una asonada grave.

Sin embargo, el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ según sus siglas en inglés, condenó “la censura impuesta” por el Estado ecuatoriano, que obligó a “cubrir los eventos desde la perspectiva del gobierno”. El comité citó en su comunicado a Freddy Barros, jefe de Información Regional de Ecuador Ecuavisa, diciendo que “se impidió a los ciudadanos tener información balanceada en los momentos críticos”.

El comité, sin embargo, también criticó que al menos 22 fotógrafos y periodistas fueran atacados, golpeados o amenazados por policías durante su motín, lo que incluyó la destrucción de equipos. La misma denuncia hizo la organización Reporteros sin Fronteras, que exigió que “se haga justicia por los casos de periodistas agredidos” por los amotinados.