Eugenio Berríos es uno de los personajes más enigmáticos que pasaron por la DINA. Era un hombre de costumbres refinadas –sus compañeros le decían el Conde– y de gustos peculiares –en su biblioteca destacaban los libros nazis y los elogios a la raza aria–. Sin embargo, fueron sus experimentos, especialmente con el gas sarín, los que lo hicieron destacar del resto de sus compañeros. Su muerte en 1993 en Uruguay dejó muchos misterios por develar. ¿El ex presidente chileno Eduardo Frei fue envenenado o murió por una complicación producto de una operación? ¿Qué pasó con el gas sarín que había producido Augusto Pinochet? ¿Lo vendió? ¿Pinochet ordenó que asesinaran a Berrío en Uruguay para evitar que lo involucrara en el atentado contra el ex canciller Orlando Letelier en Washington? La Justicia chilena esperaba que los tres militares uruguayos extraditados el año pasado a Santiago contestaran esas preguntas. Pero por ahora, los oficiales uruguayos sólo piensan en cómo volver a su país.

Los militares en actividad Eduardo Radaelli y Wellington Sarlis, y el oficial en retiro Eduardo Cassella llegaron a Santiago en abril de 2006. En Uruguay el caso no había logrado avanzar, en gran parte porque tendría que haber involucrado a la entonces cúpula militar. Por eso, el gobierno de Tabaré Vázquez aprobó las primeras extradiciones de represores. Sin embargo, en mayo pasado el presidente uruguayo pareció dar marcha atrás en su decisión y anunció que si la Justicia uruguaya los pedía él se aseguraría de que los militares volvieran. Aunque lo condicionó a que fueran juzgados en el país, el giro de Vázquez fue un guiño a los sectores castrenses, que todavía no pueden digerir la idea de que un tribunal foráneo juzgue las acciones de uno de los suyos.

Utilizando la declaración del presidente como argumento, los abogados defensores de los tres militares uruguayos pidieron que les permitan continuar su condena –actualmente gozan de libertad condicional– en su país. El juez chileno Alejandro Madrid todavía no contestó. En parte porque se trata de un pedido bastante inusual –generalmente un país no pide la devolución de una persona que ha aceptado extraditar para que sea juzgada en el exterior–. Pero en parte también porque los tres uruguayos, que oficiaron de guardias de Berríos en los días previos a su asesinato, podrían tener información sobre otros casos que siguen abiertos en Chile.

En el momento de su muerte, el químico de la DINA era uno de los testigos principales en el juicio por el asesinato de Letelier y su secretaria en Washington. Se suponía que diría que Pinochet había planeado el atentado, que le ganó la enemistad del entonces presidente estadounidense Jimmy Carter. Berríos había sido reclutado por Michael Towley, un agente extranjero de la DINA que participó de la mayoría de los atentados contra disidentes en el exterior.

Pero es con la reapertura del caso del ex presidente Frei que la figura de Berríos recobró importancia. Este año, al cumplirse el 25, aniversario de la muerte de su padre, el también ex presidente Eduardo Frei presentó una querella contra el Estado chileno. Según sostiene, la DINA envenenó a su padre cuando éste se recuperaba de una operación en el hospital. La hipótesis de la familia es que el veneno o bacteria utilizada salió del laboratorio de Berríos. Si eso se confirma, los tres militares uruguayos no sólo serían responsables de asesinato, sino también de encubrir un magnicidio.