EL PAíS › CUATRO REFLEXIONES TRAS EL RECHAZO DEL SENADO

Después de la votación

La deriva política de un conflicto que empezó siendo económico. La “operación destituyente” frente a la falta de consensos y los errores del oficialismo.

La noche del Senado

OPINION
Por Alcira Argumedo y Pino Solanas *

La decisión del Senado, rechazando la media sanción de la ley que respaldaba la Resolución 125 impulsada por el Poder Ejecutivo, es una derrota política y un llamado de atención hacia las formas de conducción gubernamental del kirchnerismo. El proyecto del Gobierno no cayó solamente por el voto del vicepresidente Cobos o gracias a una confabulación reaccionaria. También aportaron la tozudez del Gobierno, que se negó a consensuar determinadas reformas al proyecto con otros sectores que buscaban segmentar las retenciones y dar prioridad a la investigación de la grosera defraudación realizada contra el Estado por las grandes exportadoras de granos y oleaginosas. A partir de noviembre del 2007 y hasta fines de mayo del 2008, debido a la negligencia o complicidad de las autoridades las retenciones sirvieron para estafar al Estado en 1169 millones de dólares, que las exportadoras cobraron a los productores y no fueron liquidados al fisco. En esta dirección apuntaba el proyecto presentado por Proyecto Sur a través de Claudio Lozano junto a otros diputados, que buscaron hasta último momento consensuar un proyecto único con el oficialismo, profundizando las retenciones móviles y segmentadas. Pero fue inútil.

La soberbia y la obcecada actitud gubernamental llevó al país a atravesar más de 100 días de conflicto, antes de tomar la decisión de hacer participar al Congreso. La experiencia vivida en Diputados no sirvió como advertencia: en el Senado, el Gobierno volvió a encerrarse en una lógica sectaria, entrando en un peligroso juego de espejos que el año pasado lo había llevado a otra histórica derrota en Misiones. Lejos de demostrar vocaciones democráticas, el kirchnerismo se ha negado a debatir con la sociedad los grandes temas pendientes; y tampoco lo ha hecho en el Parlamento. Su dinámica de toma de decisiones a partir de un núcleo reducido y cerrado, que evita las reuniones de gabinete y cuyas resoluciones son impuestas a partir de una obediencia debida que cercena cualquier posibilidad de crítica, necesariamente conlleva la posibilidad de cometer serios errores, como ha sido el caso del enfrentamiento con “el campo”. Un rasgo complementario de ese tipo de gobernabilidad es el de clausurar la posibilidad del consenso, al establecer espurias polarizaciones –dentro de una lógica de confrontación amigos-enemigos– tendientes a exacerbar el conflicto y crispar los ánimos sociales. No sólo fueron manipuladoras y maniqueas las campañas de los grandes medios y el poder rural, sino también las del Gobierno. La política de Kirchner ha utilizado el chantaje, invocando los fantasmas más temidos del pueblo argentino para convocar a la defensa de la democracia, a pesar de haber hecho votar la ley antiterrorista. Lo más sorprendente fue su capacidad para tentar con ese tipo de convocatoria a muchos compañeros y ciudadanos progresistas, de fuerzas sociales y políticas que no debieron prestarse a este juego del pejotismo. Quienes no estaban dispuestos a ser arrastrados a una convocatoria del nuevo presidente del PJ –uno de los partidos responsables del desguace y endeudamiento de la Nación mostrando en el palco a los Scioli, los Gioja, los gordos sindicales, los intendentes corruptos del conurbano y más cómplices del saqueo nacional– fueron considerados golpistas, antidemocráticos, integrantes de una “nueva derecha” antipopular; con los cuales es imposible llegar a cualquier consenso. Y aquellos que desde las propias fuerzas del Gobierno busquen ese consenso, serán tildados de traidores. La consigna es contundente: o están con nosotros defendiendo la democracia o están con los golpistas.

Formas de gobernabilidad más similares a monarquías absolutas –un síndrome característico de varias provincias chicas de nuestro país– que a dinámicas democráticas. Cuando durante largos años se ha gobernado controlando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo –impidiendo que fuera el ámbito de los grandes debates nacionales– el Poder Judicial, los medios locales de comunicación, las fuerzas de seguridad y las posibilidades de dar empleos o subsidios, pueden cometerse “errores de escala”. Porque una cosa es gobernar de este modo a una provincia poblada por unos 200 mil habitantes; y otra es pretender hacerlo en un país de cuarenta millones, mucho más heterogéneo y complejo. Estas distorsiones llevaron a aplicar mal una medida correcta, como son las retenciones móviles, desconociendo que debían ser segmentadas e ignorando, además, que en ese negocio participan otros grupos de poder como las grandes exportadoras y los pools de siembra, cuyas ganancias extraordinarias no son afectadas impositivamente, en tanto a través de fideicomisos no tributan ganancias.

Este llamado de atención es pertinente, en tanto el enfrentamiento contra “el campo” durante más de cuatro meses ha dejado postergados otros problemas no menos graves y fundamentales, que requieren un debate profundo si se pretende consolidar un nuevo modelo de país con redistribución de la riqueza. Nos referimos a las políticas contra la inflación, a la creciente deuda externa que se acerca a los 200.000 millones de dólares; a la crisis energética y el abandono de una política de recuperación de los recursos hidrocarburíferos; al tema del colapso del sistema de transportes y en particular los ferrocarriles; al perfil impositivo y las ventajas del sector financiero, que goza aún de la Ley Martínez de Hoz; a las excepciones impositivas de las corporaciones mineras que no tienen obligación de ingresar las divisas de exportación; a la promoción de empresas sociales y nuevos tipos de empresas públicas nacionales con control de los usuarios y consumidores; a la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el mercado de cabotaje nacional y las flotas marítima y fluvial; a la nueva ley de medios de comunicación y la democratización de los espacios audiovisuales cuyas licencias son del pueblo; al tema de las estadísticas del Indec; a los modos de integración autónoma continental con la creación de empresas públicas latinoamericanas en distintas áreas estratégicas. En función de estos objetivos, es necesario promover un profundo debate que eluda las falsas polarizaciones y sea capaz de encontrar los caminos para el diseño de un proyecto de país más justo y en condiciones de dar respuesta a los desafíos de una nueva época histórica.

* Proyecto Sur.

Dolor

OPINION
Por María Pía López *

Pasó. Como se sabe: nunca corresponde la pregunta por cómo podrían haber transcurrido los acontecimientos para que tengan otro desenlace. Porque es vacua y no deja de arrojar sobre los hechos una dubitación que desmerece su realidad. Otra es la pregunta que nos podemos hacer: ¿Qué queda después del 16 de julio?

En principio: la disputa entre una gestión neoliberal de la economía (respetuosa de los derechos adquiridos de los propietarios) y el tambaleante desarrollismo que se figuraba desde el 2003, los hechos ocurridos alrededor de las retenciones muestran un Parlamento muy decidido a la primera posición.

Pero los efectos principales son políticos. Queda la debacle de las fuerzas de la izquierda partidaria, devenida proveedora de cotillón para las nuevas derechas. Queda la fuerza que había sido más promisoria en el espacio nacional y popular, el Proyecto Sur, explicando lo inexplicable. No queda una derecha partidaria fortalecida: más bien pescadores de almas dispersas, apostados a la vera de las manifestaciones y en los sets de televisión. Pero sí un activismo que expresa una subjetividad de derecha en el país: un activismo basado en el individualismo económico más explícito, sin timideces, para explicitar una concepción racista de la vida social.

Entre las napas profundas del país está esa concepción que se enuncia en un catecismo de circulación masiva, donde el trabajo se confronta a la política, donde el mérito individual se contrapone a la cooperación social y donde el bolsillo propio –al que hay que cuidar de manos ajenas– se convierte en bandera y tesoro virginal.

Lo peor de estos meses de conflicto fue esa visibilización: la Argentina que apareció en las rutas, en los diarios, en las pantallas y en las cacerolas agitadas. Insisto: no hay derecha partidaria que pueda hoy articular sin dudas la derecha social poderosa que existe. Los políticos se arrojan a sus pies, impostando como deber de conciencia la obediencia debida a un sentido común que si no es mayoritario sí tuvo su cuota de hegemonía en la escena pública.

Queda un gobierno debilitado y acorralado. Un gobierno que vio en la aprobación de las retenciones el cruce del Jordán y que ahora puede ahogarse en las turbulentas aguas del fracaso. Un gobierno sin mayoría parlamentaria y con un vicepresidente que eligió lo menos temible: la reprobación gubernamental antes que la sanción de la opinión pública. El kirchnerismo fue (espero equivocarme en el uso de los verbos) frágil oportunidad de una convulsión política. Parido por la crisis de gobernabilidad del 2001, construyó poder sobre la base de un astuto uso de las coyunturas. Tuvo algo de primaveral, y no es necesario recordar acá, entre nosotros, cuántas veces ese aire nos sorprendió. O sí, quiero mencionar: la Corte, las jubilaciones, los juicios, la ESMA. Fue hijo de la desazón política de las mayorías pero mientras creía que podía revelarse como hijo verdadero de la política en su sentido más profundo, ya no como administración sino como reposición del discurso, las ideas y el conflicto. Puso la política en las palabras y los hechos. Eso también configuró su aire callejero y su vitalidad oscura de movilización popular.

Hoy parece que esa politización fue tolerada, provisoriamente, pero no aceptada por las mayorías sociales. En una sociedad desabastecida de creencias que no sean la férrea fe en el dogma del individuo triunfante, la reposición del argumento público fue tratada como mascarada. Toda política, vista desde la desazón reinante, es enmascaramiento de intereses privados. Los políticos, por tanto, empresarios de su propia billetera. Por supuesto que el kirchnerismo no ha logrado mostrarse límpido frente a la observación social y el manejo de los transportes y los subsidios no evidencia pureza jacobina. Pero se lo condena menos por eso que por la explicitación de la política. Ese es uno de los motivos, creo, que hacen insoportable la figura de la Presidenta: su insistencia argumentativa, su persistente afirmación de que hay que religar palabras y hechos, la pertenencia de su estilo a una retórica parlamentaria con aires de politología de la transición democrática que carece de concesiones a la lengua de los medios masivos.

El kirchnerismo se ha revelado intolerado, no por sus defectos sino por sus virtudes.

Virtudes maltrechas, que no se presentan con prístina claridad sino arrastrando los harapos de una destrucción sistemática de la vida social. No sé si habrá kirchnerismo –con su manchada vitalidad y su rebeldía balbuceante– mañana. No sé si se puede gobernar sin Parlamento, sin vicepresidente. Más bien parece que queda un gobierno arrojado a las conciliaciones, a la aceptación de presiones corporativas, reclamado así a la responsabilidad institucional (que, se sabe, consiste en la obediencia). Ayer, jueves a las 9 de la mañana, parece que la operación destituyente se ha realizado. Espero equivocarme.

* Ensayista, docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

Agro, economía y política

OPINION
Por Claudio Scaletta

Hablar de economía para entender lo sucedido en el debate por las retenciones móviles, aunque las retenciones sean un problema económico, se volvió extraño. Como afirmaron taxativamente los senadores de la oposición durante el debate parlamentario, la discusión dejó de ser económica para convertirse en estrictamente política. “Ya no se debaten sólo las retenciones”, dijeron. No sin impostación, hablaron de “República” y división de poderes. Los legisladores oficialistas se expresaron en una línea similar. Sostuvieron que lo que estaba en juego no era un determinado esquema arancelario, sino un “modelo de país”.

Cualquiera sea el caso, el problema pudo convertirse en político por la preexistencia de un sustrato económico. Aquí viene la segunda extrañeza. Quienes iniciaron la protesta no fueron los desesperados emergentes de una crisis, sino los sectores más acomodados de la sociedad: el nuevo bloque de poder agroexportador consolidado a partir de 2002.

Este nuevo poder económico no está integrado sólo por los chacareros de la periferia de la zona productora núcleo que se mostró por TV. Se trata en realidad de un entramado más complejo y extenso que, además de la producción primaria, incluye a las grandes multinacionales proveedoras de insumos, tecnología y servicios. También a la constelación de pymes proveedoras de servicios, tanto los directos a la producción primaria, como el comercio y el transporte. Y por supuesto, también a los nuevos rentistas que surgieron de una novel conjunción: la necesidad de una mayor escala en la producción por el cambio técnico y la afluencia de ingentes masas de capital financiero al sector. La conjunción resultó posible no sólo por las propiedades inmanentes de la fertilidad de la pampa, sino porque merced a la evolución de los precios internacionales el sector ofrece, aun con retenciones, tasas de ganancia por encima de la media de la economía. La contracara de los vituperados pools de siembra y fondos de inversión agraria, entonces, son estos nuevos rentistas que se manifestaron ruidosamente en las ciudades. En los medios de comunicación, en tanto, el nuevo bloque de poder económico reemplazó en el ranking de anunciantes a las privatizadas, que hegemonizaban el aporte a la torta publicitaria durante los ’90. El “enemigo” al que el Gobierno decidió doblar la apuesta en varias oportunidades es el más poderoso de la nueva Argentina.

Pero si bien esta lucha entre Gobierno y un poder corporativo es parte del escenario, resulta insuficiente para explicar el enfrentamiento de más de cuatro meses y la creciente disgregación de la “Concertación Plural” que, entre otros efectos, rescató a la Unión Cívica Radical de un seguro ocaso en las últimas elecciones presidenciales, esos mismos “Radicales K” que ayer dieron la espalda al aliado circunstancial regresando a su vieja entraña conservadora. Es una explicación insuficiente, porque los actores de la disputa no fueron sólo los dos principales. Las clases medias tuvieron un papel protagónico. Con su ecléctico apoyo urbano a la protesta campera brindaron el contexto para que una reacción puramente corporativa se transforme en movimiento social.

Y aquí, una vez más, lo económico se confunde con lo político. La protesta liderada por “el campo” coincidió con el momento en que la erosión del consumo de los sectores medios por vía de la inflación comenzaba a volverse palpable. La economía no entró en crisis, pero los números oficiales del Indec se convirtieron en una burla mensual al bolsillo de los asalariados. Es muy probable que el Gobierno haya desdeñado el efecto de esta manipulación de las estadísticas sobre el humor social, pero la convergencia se volvió explosiva y la desconfianza se extendió a la totalidad de los actos de gobierno. Recién entonces el estilo cerrado de ejercicio del poder K comenzó a molestar a quienes antes lo toleraban e incluso acompañaban en las urnas. Luego, el proceso se retroalimentó. Quitarle las rutas a la economía por 100 días melló las expectativas, generalizando un clima de zozobra casi incomprensible en un período de expansión económica.

Desde el punto de vista económico, la derogación de la Resolución 125 representa un paso atrás en la búsqueda del equilibrio entre las diferentes ramas de la producción agraria. La sojización del agro local se profundizará, aunque en este punto debe reconocerse que las compensaciones ya habían licuado parte de los efectos. Incluso los recaudatorios: Pensaban recaudarse 1200 millones de dólares extra a la vez que se otorgarían compensaciones por 800. El neto sería sólo de 400 millones. Desde el punto de vista de “la caja” la soja a casi 600 dólares la tonelada garantiza la ausencia de problemas más allá de que las retenciones regresen al 35 por ciento. Lo que sí se perderá son las consecuencias macroeconómicas de la medida, en particular la acción de barrera frente a la inflación importada. Sin embargo, las retenciones no son el único instrumento que el Estado dispone para reequilibrar la producción agraria y controlar la inflación. Seguramente los técnicos del Ministerio de Economía estarán por estas horas evaluando alternativas. En materia de inflación, deberá reconocerse que la manipulación de las estadísticas agrava el problema. No es posible combatir lo que se dice que no existe.

La voluntad política

OPINION
Por Andrés Malamud *

En los últimos años se tornó un lugar común ensalzar la voluntad política como panacea: para construir la unidad latinoamericana, para distribuir la riqueza, para edificar la nueva política. Qué pena que los voceros del progresismo contemporáneo hayan olvidado a Marx y a Gramsci, al condicionamiento de la estructura y al pesimismo de la razón.

Mientras el Gobierno se enfrascaba en una lucha desastrada por un simple aumento tributario, la inflación continuaba alta y mentida. Mientras “el campo” salvajeaba al país en las rutas, las inversiones se retraían y los cuellos de botella energéticos se estrechaban. El mundo demanda comida y energía; Argentina podría producirlos pero se dedica a otra cosa. Y el progresismo biempensante no pierde el tiempo planificando cómo reestructurar la esfera de la producción, sino en cómo apropiarse de la renta agraria. Tampoco se detiene a reflexionar sobre las relaciones de fuerza, sino que embiste al adversario como si la razón justificara la victoria.

La votación en el Congreso constituye una derrota para el Gobierno, pero sobre todo para su mito fundante: el de la voluntad política. ¿Acaso no la tuvo Perón? Desconocer las condiciones materiales y despreciar al adversario (¡y a los aliados!) es garantía de fracaso. Perder una votación parlamentaria constituye una cuestión trivial en una democracia presidencialista normal, pero ignorar la realidad no.

Esta derrota es reversible. El partido de gobierno controla dos tercios del Senado, por lo que la recomposición política está en sus manos y no en las de sus opositores. Y para alinear al peronismo sólo se necesita poder y dinero, cosa que esta administración aún controla. Pero, más importante que contar con recursos, la reversión de la derrota exige entender por qué ocurrió. Y de eso, de entender, este gobierno no ofrece garantías.

* Politólogo, Universidad de Lisboa.

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Imagen: Télam
 
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