Los recolectores de la basura porteña dejaron de trotar en la noche del domingo pasado. Trabajaron a reglamento, levantando las bolsas y llevándolas sin apuro hasta el camión. Fue la forma elegida para protestar contra la empresas concesionarias que se niegan a pagarles la segunda cuota del aumento salarial acordado porque el gobierno porteño no quería reconocer el pago. Anoche, luego de una larga negociación de la que participaron el titular del gremio, Hugo Moyano, y funcionarios del Ministerio de Ambiente y Espacio Público se acordó normalizar el servicio a cambio de que el gobierno abone lo que corresponde y garantice que no habrá despidos. Diputados de la oposición denunciaron que el gobierno aumentó los costos del servicio de limpieza y ahora no puede hacer frente a ese gasto.

“La medida es en reclamo de que se cumpla lo acordado y en rechazo a la decisión del gobierno porteño, que no reconoce los mayores costos que representan los incrementos acordados entre las empresas prestatarias y la Federación de Camioneros”, resumió por la mañana Pablo Moyano. Otra de las exigencias, según detalló el gremialista, “es terminar las prórrogas a las empresas prestatarias y que se llame a licitación para contar con plazos definidos que permitan efectivizar a los contratados, y terminar con la situación de precariedad en que revisten actualmente”. Si no había acuerdo, los recolectores ya planeaban marchar hasta la casa de gobierno de la ciudad.

La protesta que hizo madrugar a los porteños con las veredas sucias y llenas de bolsa de basura era parte del plan de lucha iniciado la semana anterior en la provincia de Buenos Aires y extendido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En diálogo con Página/12, una fuente del sindicato aseguró que la administración macrista le debe seis meses de pagos a la empresa que limpia los desagües de la ciudad. “Más allá de eso, acá hubo un acuerdo salarial y las empresas tienen que hacer lo que prometieron”, dijo la fuente, antes de la asamblea de recolectores que se llevó a cabo anoche en avenida Sarmiento y Casares, en los bosques de Palermo. Allí, rodeados de camiones, con el sonido de los bombos y en medio de la oscuridad, trescientos recolectores esperaban noticias de la larga reunión entre los funcionarios macristas y los dirigentes del gremio.

El aumento del 16 por ciento a los recolectores de basura iba a pagarse en tres cuotas, una en septiembre, otra en diciembre y la última en marzo. Fue lo pactado con la Federación de Camioneros. Las cinco empresas concesionarias abonaron la primera parte, pero la segunda fue suspendida por falta de pago del gobierno porteño donde, tal como destacó antes de la reunión Pablo Moyano, “no reconocían mayores costos”.

“Las autoridades porteñas se propusieron reducir entre el 17 y el 25 por ciento el presupuesto en ese servicio –apuntó el sindicalista–, lo que representa una gran cantidad de despidos en el sector. La situación afecta a los 5500 trabajadores cuyos contratos vencen el próximo 19 de septiembre.”

El gremio se basaba en afirmaciones del ministro de Ambiente y Espacios Públicos, Juan Pablo Piccardo, quien había expresado su intención de bajar los costos del servicio de limpieza. Ayer, Piccardo lo ratificó en parte, al evaluar que “el servicio no es malo en términos de limpieza; de hecho, se ha mejorado sensiblemente la limpieza de la ciudad de Buenos Aires, pero es un sistema caro que la ciudad no puede pagar”. Según Piccardo, la medida de los recolectores se dio en el marco de una negociación para reformular los sistemas de limpieza y recolección vigentes en la ciudad.

Piccardo habló a la salida de una reunión de gabinete mientras todavía llovía. “Es una irresponsabilidad no recolectar los residuos un día así”, comentó el funcionario. Los vecinos de los barrios de Caballito, Once y Barracas reclamaron por los anegamientos y otros perjuicios causados por la acumulación de residuos en proximidades de las bocas de tormenta. Hubo varias calles inundadas por este motivo. La respuesta oficial, apresurada, fue mandar tres camiones del Ente de Higiene Urbana para recoger la basura en las principales avenidas porteñas e intimar a recolectores y barrenderos a retomar sus tareas normales.

Las reuniones en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público abarcaron toda la tarde-noche. De a ratos, los voceros del ministro Juan Pablo Piccardo deslizaban que “ya estaba normalizada la recolección, aunque la negociación no está cerrada”. Del otro lado del mostrador, el desconfiado dirigente camionero Marcelo Aparicio negaba cualquier acuerdo e insistía con que el litigio se resolvería en la asamblea realizada en Palermo. “Hasta que no llegue Pablo Moyano, no vamos a confirmar nada”, insistía el dirigente.

Mientras tanto, las voces opositoras se alzaron para denunciar ciertos descuidos del macrismo. El legislador Eduardo Epszteyn, de Bloque Diálogo por Buenos Aires, criticó los dichos de Piccardo afirmando que “la irresponsabilidad de no recolectar los residuos no es de los trabajadores, es el resultado de una pésima administración en el contrato de la basura”. En diálogo con Página/12 resaltó que la recolección es el contrato más importante firmado por el macrismo, que aumentó el gasto de 600 a casi 1000 millones de pesos anuales. “Y ahora (Mauricio) Macri no está queriendo reconocer la paritaria, lo cual era previsible”, comentó.

Epszteyn alertó sobre el próximo vencimiento, en diciembre, del contrato entre la ciudad y las empresas de recolección. “Ni siquiera se llamó a licitación, por lo que el gobierno va a quedar preso de la empresas porque va a tener que hacer contratos directos”, dijo el legislador. “El problema es que el macrismo es flexible con las grandes empresas a la hora de manejar los contratos –continuó el legislador– y después se financia dando bonos a los proveedores. Y encima ahora intenta financiarse con el sueldo de los camioneros.”

Otra de las voces en contra del macrismo fue la del legislador Aníbal Ibarra, quien coincidió con Epszteyn, su compañero de bloque. “Macri aumentó los costos de la recolección de residuos a precios inéditos en la ciudad. Este fue uno de los servicios que más se incrementó desde el comienzo de su gestión. El problema es que pensó que los recursos de la ciudad eran inagotables y ahora tiene que pagar la fiesta del desmanejo financiero”, dijo el ex jefe de Gobierno porteño. Según Ibarra, la discusión fue otra muestra de “la improvisación que, lamentablemente, terminan pagando los ciudadanos y encima es de tal magnitud el rojo de la caja que seguramente a fin de año Macri volverá con otro impuestazo”.

Pasadas las 21.30, Pablo Moyano se dirigió al lugar donde esperaban los recolectores y anunció el acuerdo firmado tras la larga negociación: los 5500 empleados no se tocan, tampoco el aumento salarial acordado y a partir de noviembre al menos 250 personas, consideradas como trabajadores “temporarios eventuales”, serán efectivizados. En el Ministerio de Ambiente confirmaron la noticia, pero no quisieron dar los detalles. Las fuentes sindicales consultadas por este diario aseguraron que Hugo Moyano había participado de la negociación. “Estos acuerdos grandes no se cierran si él no da el visto bueno”, dijo un dirigente gremial.