La igualdad de palabra

Por Diego Tatián *

El debate acerca de la llamada ley de medios se presenta bajo una disputa en torno de un motivo que históricamente irrumpe en el siglo XVII como la “madre de todas las batallas” por librar, y persiste hasta nuestros días de manera ininterrumpida; ese motivo es el de la libertad de pensamiento y expresión, cuya conquista nunca puede presumirse definitiva por tratarse de un bien frágil, en riesgo por su propia naturaleza y siempre pasible de ser deformado hasta designar con su nombre lo contrario de sí. Ninguna dictadura deja nunca de declarar la plena vigencia de la libertad de expresión, no obstante ser lo primero que vulnera.

La libertad de palabra es una de las grandes conquistas del liberalismo, incorporada a nuestra cultura política como uno de los derechos civiles de cuya vigencia depende la existencia del régimen democrático tal y como solemos entenderlo, y el bien común que se hallaría centralmente involucrado en la actual contienda acerca de los servicios audiovisuales. Sin embargo, lo que según mi entender se halla en juego con la urgencia de una nueva ley no es sólo, ni tanto, la garantía de la libertad referida al uso y la circulación pública de los significados sociales –siempre amenazada por el mercado, o por el Estado cuando se arroga el derecho de monopolizar el poder simbólico e ideológico que una sociedad produce (posibilidad que la nueva ley cancela al desidentificar Estado y gobierno)–, lo que se halla principalmente en juego es una demanda, esta vez no liberal sino democrática: la igualdad de palabra.

La sabiduría política griega preveía una institución cuya vigencia era la condición misma del régimen llamado democrático: precisamente la igualdad de palabra designada como isegoría, referida siempre al tiempo y las condiciones de su uso. Democrático en sentido antiguo no es otra cosa que el régimen que garantiza igual derecho a la expresión en la asamblea deliberativa, y democracia es la forma de vida colectiva en la que pobres, ignaros, jornaleros, tartamudos, artesanos, durante la deliberación pública usan la palabra en igual medida y por el mismo tiempo que quienes se hallan favorecidos por el dinero, la alcurnia, la retórica o el saber. Desde entonces sabemos que la definición de un régimen político depende en gran medida de las instituciones que afectan el lenguaje.

Tras la recuperación del estado de derecho en la Argentina, las libertades civiles y políticas (que debido a la fragilidad que les es propia ha sido necesario defender e instituir de manera ininterrumpida), sin ser suficientes, han prosperado no obstante de manera sustantiva. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con otros derechos y otras demandas de carácter democrático, es decir derechos y demandas orientados a la producción de igualdad. Lo que hay de singularmente nuevo en la presente discusión (y contra lo que reaccionan los monopolios mediáticos, usurpando histéricamente el sintagma “libertad de expresión”) es un avance real, y con pocos precedentes en la ya no tan breve historia de nuestra democracia reciente, relativo a la igualdad de expresión o de palabra, donde igualdad significa: producción y conservación de las condiciones materiales que la hacen efectivamente posible, condiciones que el mercado no genera de manera espontánea sino que requieren de una decisión política. Contra todo pensamiento único, esa igualdad es lo que permite hacer visibles las diferencias e inscribir en la lengua pública la contienda de las ideas que animan al cuerpo social, incluso lo inconmensurable que hay en él.

Parece finalmente haber llegado el momento de un gran salto de calidad institucional y social referido al uso de la palabra (que por lo demás, en un sentido más profundo desborda siempre lo que una ley es capaz de implementar), y por tanto al estatuto de la lengua. Y resulta curioso cómo el argumento más repetido de quienes en cualquier época reaccionan contra cambios orientados a una mayor igualdad es que nunca es el momento (como se aducía por ejemplo insistentemente contra la ley con la que el Congreso sancionó el voto femenino el 9 de septiembre de 1947).

Ese salto de calidad supone la complementación de los imprescindibles derechos liberales –como el de la libertad de expresión– con derechos democráticos y sociales como el de la igualdad de expresión (pero no sólo), desde siempre postergados, bloqueados y malogrados en su irrupción por quienes separan la libertad de la democracia, vuelven una contra la otra, y así arruinan a ambas.

* Profesor en la Universidad Nacional de Córdoba.

La encrucijada del centroizquierda

Por Sebastián Etchemendy *

La votación en Diputados de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, de incuestionable carácter progresista y superador del statu quo, mostró un masivo apoyo del centroizquierda en sus diferentes versiones a la iniciativa y alumbró un camino auspicioso. Como pocas veces, la votación mostró una alineación claramente ideológica de los partidos parlamentarios y el resultado fue consecuencia de virtudes de ambas partes: un gobierno proponiendo una ley transformadora que abrió el juego para buscar consenso y un centroizquierda que, a diferencia de instancias como la 125 o en algunos casos la reforma previsional, dejó de lado posturas testimoniales para incidir en la puja de poder real. Como en los orígenes del Frepaso, el centroizquierda atraviesa en estos meses una encrucijada que seguramente incida en el carácter que va a adquirir el espacio a futuro. Convendría, entonces, tener en cuenta algunos elementos esenciales para eludir viejos errores y evitar el neofrepasismo:

1. La apelación moralista como eje de construcción política tiene patas cortas. En el caso del Frepaso, la bandera primordial fue la “corrupción menemista”. Ahora, el purismo moral corre el riesgo de hegemonizar otra vez ciertos espacios de centroizquierda. Se invoca la corrupción del gobierno kirchnerista o se hace hincapié casi exclusivo sobre las multinacionales que depredan los recursos naturales. En esta visión, los malos generalmente son sectores más o menos difusos y lejanos para la clase media porteña, lo que permite bien acomodar conciencias. Es decir, este discurso “progresista” pone el foco en elites políticas impresentables del interior o del conurbano, o en sectores empresarios oscuros (paradigmáticamente “las mineras” o “los empresarios del juego”) antes que en, por ejemplo, el sistema de poder mediático o las patronales agrarias. Esto no quiere decir, obviamente, que hay que aceptar cualquier práctica, ni que haya que dejar de denunciar la corrupción o la minería a cielo abierto. Pero basar la construcción propia en discursos moralizantes y mundos ideales, en lugar de enfatizar pujas de poder más inmediatas, y posibles alianzas para incidir en ella, elude los problemas principales, abre la puerta al sectarismo y desorienta a los cuadros propios al agrandar todo el tiempo la brecha entre promesas y posibles realizaciones.

2. Los aparatos políticos territoriales son necesarios. Cegado por la victoria electoral de 1997 en la provincia de Buenos Aires, desde el Frepaso se apostó casi exclusivamente a una política mediática y “de ciudadanos”. Se relegó la construcción territorial y la militancia, se priorizó el romance con la opinión pública y los equipos de publicidad política. Sin embargo, los aparatos políticos son necesarios para gobernar, especialmente cuando se decide enfrentar a sectores de poder. Los partidos y organizaciones con base territorial están siempre, la luna de miel con la opinión pública y los medios va y viene. Crucialmente, la construcción territorial muchas veces entraña servicios y beneficios a los miembros del territorio o comunidad, que la derecha se apura a calificar de “clientelismo”. Sin embargo, es obvio que ese tipo de prácticas son vitales para mantener redes de apoyo por fuera de los circuitos de la política financiados por el establishment. Las elecciones de 1997 y las de junio último demuestran que los aparatos políticos solos no ganan elecciones. No obstante, gobernar sin organización territorial, especialmente cuando se tienen diferencias con sectores del poder económico, es ilusorio.

3. No hay proyecto progresista sin organización popular. Si se construye un armado progresista, pero no hay puentes con la CTA, con los sectores más combativos de la CGT, o con movimientos territoriales de desocupados, comunitarios, etc., pues es una señal de que algo anda mal. Frecuentemente se olvida que la CTA y la FTV orbitaron, allá lejos y hace tiempo, en torno del Frepaso, y que fueron de algún modo ninguneados por éste aun antes de que los imperativos de la emergencia económica dificultaran cualquier estrategia.

4. Hoy la búsqueda de aliados en el espacio nacional, popular y progresista empieza en el peronismo, puede seguir en el PS y es probablemente fútil en el radicalismo. A diferencia de los ’90, la formación de un espacio de centroizquierda debe buscar confluir con los sectores del peronismo que sostuvieron las políticas de estos años. El socialismo, por su parte, está librando la batalla por su alma: decide en estas épocas si va a ser un partido de alternativa para las corporaciones agrarias o va a tener algún rasgo que lo identifique con su nombre. En el radicalismo actual, en cambio, poco o nada parece quedar del alfonsinismo y las corrientes más progresistas o socialdemócratas que habitaron el partido en los ’80 y principios de los ’90.

5. Los problemas políticos fundamentales no se resuelven con recetas “técnicas” que alumbran políticas “óptimas”. Finalmente, hay una tendencia en sectores pretendidamente progresistas a despolitizar la política pública. Según esta visión, el problema de nuestros países es simplemente que no se deja actuar a las instituciones, que interfiere la corrupción y se eluden las soluciones “óptimas” y técnicas frente a problemas como la pobreza. Naturalmente, este fenómeno que traduce la política en operaciones de ONG termina siendo en los hechos un paraguas tradicional para iniciativas de centroderecha variopintas. Sin embargo, se ha hecho demasiado eco en sectores que (alguna vez) fueron progresistas. Las soluciones técnicas importan, y hay obviamente políticas públicas mejores que otras para ciertos fines. No obstante, si olvidamos que la política es ante todo relaciones de fuerza, y que ninguna transformación es duradera si no está apoyada en cierta constelación de fuerza populares organizadas de índole partidaria, sindical, comunitaria o barrial, esas soluciones técnicas serán simple maquillaje. De nuevo, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual da una pauta del camino a seguir: una propuesta progresista de contenidos técnicos complejos apoyada en una constelación de activismo comunitario y cultural importante.

Se abre una nueva etapa en la que la experiencia del centroizquierda en el posmenemismo no puede ser en vano. Una izquierda democrática que eluda la simple apelación moralista, que apueste por los aparatos políticos territoriales y la militancia, que se engarce con organizaciones populares, que busque confluir tanto con la CTA como con sectores de la CGT, que apueste a alianzas con sectores nacional-populares del peronismo, y que eluda los cantos de sirena de la “tecnocracia social” habrá dado un paso importante para no repetir errores del pasado.

* Politólogo, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.