“Chau ma, me voy, tengo una marcha.” Era lo más normal del mundo que Mariano Ferreyra saludara así a Beatriz, su mamá, acostumbrada a su militancia en el Partido Obrero (PO). Era parte de esa rutina también que ella se quedara esperando que él le avisara si volvía a almorzar y que le preguntara el menú por mensaje de texto. Con ese “chau” fresco y cariñoso se despidieron el 20 de octubre de 2010, cuando él se iba a dar apoyo a una protesta de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. Pasaron las horas y no hubo llamado ni mensajito del mediodía. Beatriz y otro de sus hijos, Pablo, se vieron camino al hospital Argerich tratando de imaginar qué le habría pasado. Encontrarlo sin vida no era una opción. Pero así estaba Mariano, con el estómago perforado por una bala de plomo. Sus 23 años congelados para siempre. El expediente judicial sobre su asesinato quedó plagado de relatos estremecedores que pintaban cómo una patota organizada de la Unión Ferroviaria (UF) había atacado aquella manifestación que ni siquiera llegó a convertirse en corte de vías. Contra los pronósticos desconfiados, la investigación de la jueza Wilma López y la fiscal Cristina Caamaño –actual viceministra de Seguridad– llegó hasta el titular del gremio, el histórico dirigente José Pedraza, y al número dos, Juan Carlos “Gallego” Fernández, además de alcanzar a ocho matones acusados de herir y matar. Tan impactante como la detención de Pedraza fue la multiplicación de causas alrededor de la principal, que dejaron al descubierto una gran telaraña de presuntas complicidades destinadas a buscar impunidad con el protagonismo de: policías federales, abogados y hasta jueces con rango de camarista, y otros ferroviarios.

En la pequeña habitación de Mariano, en un altillo de la casa familiar, en Sarandí, quedaron una hoz y un martillo pintados en la pared, sus juegos de Playstation, un charango y algunos compacts. En tribunales, quedó un tendal de expedientes que creció con el correr de los meses. Son más de doce, aunque algunos enfrentan obstáculos, en especial los que pusieron la lupa sobre el papel de la Policía Federal en el homicidio y sobre jueces de la Cámara de Casación señalados en presuntos sobornos para liberar a los detenidos de la UF. Aún así, las maniobras que despuntan han trascendido lo judicial para trasladarse a lo institucional. “La bala que mató a Mariano rozó el corazón de Néstor”, contó ayer Cristina Caamaño en el programa Inimputables de Radio América, que le dijo la Presidenta después de la muerte de Kirchner, siete días después de la de Mariano. El asesinato fue un golpe para el Gobierno. Obligó a revisar políticas de seguridad, aceleró la renovación en Casación, puso en discusión la tercerización laboral y llevó a regularizar trabajadores, además de revitalizar la discusión sobre el modelo sindical.

Ese día

El jueves se cumple un año de aquel día en que un grupo de organizaciones políticas y sociales, que protestaban contra la tercerización de ferroviarios y los despidos en la línea Roca, terminó en una cacería. Los atacantes eran un centenar de patoteros y barrabravas que respondían a la UF, según constató la Justicia. Los manifestantes eran muchos menos. Tras un primer apriete verbal se fueron por la calle que bordea las vías, mientras el grupo de choque los seguía con insultos desde el terraplén. Al cruzar el puente Bosch intercambiaron piedrazos. Los tercerizados y militantes decidieron retirarse después de hacer una asamblea en Luján y Santa Elena. Cuando se iban, los patrulleros que funcionaban de barrera se abrieron y los matones se les abalanzaron. Además de piedras y botellas volaron balas de armas calibre 38. A Mariano un proyectil le quitó la vida, a Elsa Rodríguez un disparo se le incrustó en la cabeza y quedó hemipléjica, Ariel Pintos y Nelson Aguirre recibieron balazos en las piernas.

La jueza Wilma López aseguró que hubo “un plan criminal” con roles específicos: señaló al barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale y al el ex barra de Racing guardatren Gabriel Sánchez como tiradores; el picaboletos Guillermo Uño habría juntado las armas y se las dio a Juan Carlos Fernández, portero de los talleres de Remedios de Escalada, para hacerlas desaparecer; Jorge González y Salvador Pipito increparon al equipo del canal C5N para evitar que filmaran los disparos. También había, según la jueza, alguien que daba órdenes: el delegado Pablo Díaz. Claudio Alcorcel fue nexo entre Díaz y un grupo que llevó Favale. A su vez, Díaz hablaba desde el lugar con el “Gallego” Fernández, número dos de la UF, quien estaba con Pedraza en la sede del gremio. Los dirigentes fueron considerados instigadores del crimen. Todos están presos. La magistrada, igual que el fiscal Fernando Fiszer –que reemplazó a Caamaño– aseguraron que Pedraza tenía un móvil, una razón para el ataque: su doble rol de sindicalista y empresario lo habría llevado a buscar “aleccionar” a los tercerizados que ponían en jaque su “poder hegemónico”, “político y económico”, en la UF, igual que “el beneficio patrimonial” derivado de la explotación de al menos una tercerizada, la Unión del Mercosur, que hace desmalezamiento de vías.

La Cámara del Crimen avaló la investigación y si nada altera los planes del Tribunal Oral 21 todos ellos serán enjuiciados en febrero, con riesgo de condenas a prisión perpetua. Las defensas cuestionan pruebas y plantean nulidades. Insisten, como apuesta a atenuar las penas, con que el balazo que mató a Mariano no fue directo sino por rebote. Este asunto trajo cola en la instrucción de la causa, cuando un perito de parte fue denunciado porque habría golpeado la bala para demostrar ante una junta la trayectoria del proyectil.

La responsabilidad de los policías a cargo del operativo llegará más tarde a juicio, según parece. Son los que debían proteger a los manifestantes, pero los habrían –cuanto menos– expuesto al ataque. Hay seis agentes procesados por “abandono de persona”, aunque las querellas hubieran preferido que les imputen homicidio. Además de los testigos, sus propias modulaciones de radio delataron su intención de no hacer nada “no sea cosa que las facciones antagónicas se unan contra nosotros (sic)”. Lo que demora esta parte de la investigación es una discusión burocrática: el ex comisario Hugo Lompizano planteó que el “abandono” es un delito que pasó a ser competencia de la Justicia de la Ciudad. Esto se discutirá recién el 3 de noviembre en una audiencia en la Cámara y después el tribunal decidirá si los policías están bien procesados.

Amenazas

Las amenazas a testigos fueron una constante y generaron nuevas investigaciones. Desde los militantes del PO hasta la propia Caamaño las sufrieron, igual que un ex empleado de la Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (Ugofe), la empresa que bajo tutela estatal administra las líneas Roca, Belgrano y Sarmiento, contrata a los tercerizados y deriva subsidios. El hombre de Ugofe, José Luis García, declaró que la empresa se quedaba con parte del dinero que el Estado destinaba a su salario y se abrió otra causa. La jueza López también pidió investigarla junto con la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Trabajo, por el otorgamiento de un subsidio estatal a favor de Pedraza a través de la tercerizada Unión del Mercosur, lo que –advirtió– violaría la “la ley de asociaciones sindicales”. La abogada del PO, Claudia Ferrero, dice que quedó pendiente investigar a Ugofe por el asesinato de Mariano: “Se sabe que había funcionarios de esa empresa sobre las vías el 20 de octubre, pero no están identificados; también estaban sus jefes de seguridad; los capitalistas Ugofe son los principales beneficiarios de la tercerización. A eso se suma que es la que autorizó las licencias a empleados para que actuara la patota”. Ferrero reclama también que se investigue por lo menos a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, a cargo de Antonio Luna, “que estaba al tanto del conflicto”.

Por si fuera poco

En tribunales, los que trabajan durante la feria suelen imaginar que no habrá grandes sobresaltos. En el juzgado de López y la fiscalía de Fiszer se llevaron una sorpresa de proporciones al hacer el seguimiento de las escuchas telefónicas que habían ordenado por el homicidio. Estaban frente a lo que parecía la planificación casi íntegra de un intento de soborno a jueces de la Cámara de Casación para que liberaran a la patota de la UF y así salvar a Pedraza, que aún no había sido detenido. “Son verdes, informan del otro lado que son verdes”, llegó a decir uno de los intermediarios del líder ferroviario en el contestador telefónico de su casa, para aclararle que había que conseguir dólares, no pesos. El lobbista resultó ser un agente de la Secretaría de Inteligencia que tenía sus negocios personales, Juan José Riquelme, conocido hace tiempo en Casación.

Riquelme, según las transcripciones de las escuchas, hablaba con el ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, quien había defendido a uno de los ferroviarios presos. Lo llamaba “el amigo de la calle Viamonte”, por la dirección de su estudio. A la vez, se jactaba de sus contactos con Casación, que debía decidir las excarcelaciones. Aludía a encuentros con “el amigo Eduardo”, se presume que por el juez Eduardo Riggi, y con Gustavo Mitchell. Aráoz fue secretario de Riggi y en días claves habría intercambiado mensajes de texto con el secretario Luis Ameghino Escobar (h) que se ocupaba de los sorteos informáticos de las causas, por eso Riquelme le dice “el señor de las teclas”. El supuesto era que la causa contra la patota les tocara a esos jueces, de la Sala III. Riquelme también alude a gestiones con el subrogante Mariano González Palazzo, de quien Aráoz se dice amigo.

Con todo esto se abrió una nueva causa. El primer fiscal del caso, Mariano Solessio, llegó a detectar el momento en que el segundo de Belgrano Cargas y contador de la UF, Angel Stafforini, llevaba un sobre con dinero al estudio de Aráoz. En un allanamiento minutos más tarde la policía incautó 50 mil dólares. Luego se hizo cargo de la causa Sandro Abraldes, quien en mayo pidió las indagatorias y detenciones por cohecho de Pedraza, Stafforini, Aráoz, Riquelme y Ameghino, y planteó investigar a los jueces. El juez Luis Rodríguez accedió al último punto, pero aún no indagó a nadie. Recién encomendaría esta semana un entrecruzamiento telefónico de los camaristas. Esta historia, que revelaría la apuesta máxima desde la UF para lograr impunidad, precipitó el inicio del recambio de jueces de Casación, un tribunal con poca prensa pero mucho poder (revisa condenas como instancia anterior a la Corte), donde acaban de jurar dos nuevos jueces, están por jurar otros dos, mientras que Mitchell presentó su renuncia y en los últimos días lo hizo también Juan Fégoli.