La Cámara de Apelaciones de los tribunales provinciales de Rosario levantó la suspensión de la matrícula de abogado que pesaba sobre el teniente retirado Daniel Amelong, condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El tribunal revocó la decisión del Colegio de Abogados de esa ciudad, que le había suspendido la matrícula a Amelong, al responder a un recurso que había presentado el propio afectado. El fallo fue criticado por el titular del Colegio de Abogados, Ignacio del Vecchio, quien anunció que “es muy probable que se presente un recurso de inconstitucionalidad de la medida judicial”.

Los camaristas Rubén Darío Jukic, Daniel Acosta y Alfredo Ivaldi Artacho consideraron que para suspender la matrícula de Amelong no hubo intervención o pronunciamiento del tribunal de ética en pleno del Colegio de Abogados, como lo exige la Ley Orgánica del Poder Judicial de la provincia, y señalaron que los fallos que lo condenaron no están firmes. Ayer, Del Vecchio consideró que “la Cámara hizo una lectura demasiado estricta del artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial”. Además justificó la decisión del Colegio de Abogados de suspender la matrícula del condenado al señalar que la entidad “debe garantizar a la población que quien ejerza la profesión sea una persona ética”.

También cuestionó el fallo el diputado provincial de Santa Fe Eduardo Toniolli, del Frente para la Victoria, al decir que “es como habilitar a Mengele para trabajar de pediatra”. Toniolli, presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja de Santa Fe y querellante en el juicio en el que fuera condenado Amelong, señaló que “este sujeto fue condenado a perpetua con cárcel común por privaciones ilegales de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y homicidios triplemente calificados –enumeró–. Más allá de tecnicismos, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Colegio debe velar por el decoro del foro, y estamos en presencia de un genocida que, si no fue condenado antes, fue por obra de leyes anticonstitucionales como las de obediencia debida y punto final”.

El teniente Amelong fue condenado por el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF–1) a prisión perpetua a cumplir en cárcel común por delitos de lesa humanidad ocurridos en centros clandestinos que funcionaron en el Gran Rosario, durante la última dictadura cívico-militar. La sentencia, que también alcanzó al teniente coronel Pascual Guerrieri, al mayor Jorge Fariña y a los agentes civiles Walter Pagano y Eduardo Costanzo, señaló que los represores fueron hallados culpables de homicidios “agravados por alevosía” y también por “persecución, tortura y desapariciones entre 16 y 24 oportunidades”. En el juicio se probó que Amelong, ex miembro de Inteligencia del Ejército, actuó en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Quinta de Funes y en la ex Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu. Estuvo imputado por los casos de Ariel Morandi, Susana Miranda, Hilda Cardozo y Raquel Negro, como así también por los secuestros de Ramón Verón, Juan Antonio Rivero, Adriana Arce y Olga Moyano.

Por otra parte, el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Amelong el 24 de octubre a 13 años de prisión por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar Paraná. En el fallo, Amelong fue considerado coautor, junto a otros cuatro represores, de la sustracción de menores y supresión de la identidad. En septiembre pasado, durante una de las audiencias, Amelong mantuvo un diálogo antológico con Horacio Ballester, militar retirado y miembro del Centro de Militares para la Democracia (Cemida). En su condición de abogado, el represor fue autorizado a preguntar e inquirió a Ballester si conocía el artículo que establece las responsabilidades de superiores y subalternos, así como el cuadro de organización militar y de inteligencia. “Un subalterno no está obligado a cometer una acción ilegal, el militar no es un cumplidor de órdenes robóticas y responde a su conciencia”, dijo Ballester. Hubo aplausos en la sala.