La Comisión Intercamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvería en octubre si pasa directamente a la Corte de Costa Rica la controversia entre el Estado argentino y los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. En los próximos meses, ambas partes tendrán que presentar, por escrito, sus posiciones y luego la CIDH decidirá.

Los familiares, agrupados en Memoria Activa, estuvieron en Washington el fin de semana pasado, encabezados por Adriana Reisfeld y Diana Wassner, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro para la Justicia y la Ley Internacional (Cejil). Reclamaron por la falta de cumplimiento del Estado en los compromisos asumidos en 2005, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un trascendente decreto en el cual el Estado asumió la responsabilidad por la falta de prevención y la mala investigación del atentado. Los puntos de ese decreto incluían el juicio a los que encubrieron los atentados, entre ellos el ex juez Juan José Galeano, los funcionarios de la SIDE, el ex comisario Jorge Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y quien fuera el principal imputado, Carlos Telleldín, entre otros; la constitución de una Unidad de Emergencia tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, la desclasificación de toda la documentación sobre el caso AMIA que existe en la SIDE, la ley de reparación a los familiares de las víctimas, que tiene media sanción en el Senado, y aspectos vinculados con la informatización de las fronteras.

La causa por el encubrimiento, que es la referida a las maniobras que se hicieron en la causa AMIA, se inició en el año 2000, es decir que lleva doce años. Recién ahora hay un tribunal conformado, pero no se sabe si el juicio va a empezar en 2012 o no.

Dado que el relator de la CIDH, Rodrigo Escobar Gil, consideró que no hubo avances en los compromisos del Estado, dio casi por cerradas las tratativas. Por lo tanto, se le dio vista tanto a Memoria Activa como al Estado para que presenten su documentación y argumentos y, en principio, se resolverá en octubre si se eleva el caso a la Corte Interamericana de Costa Rica. En esa instancia, ya no hay conciliaciones posibles y lo que dicten los jueces de la Corte Interamericana será de cumplimiento obligatorio por parte del Estado argentino.