La fiscal general de la Cámara Nacional de Casación Penal, Adriana García Netto, pidió que se revoquen las absoluciones del ex jefe de la Base Almirante Zar Rubén Paccagnini y del ex juez militar Jorge Enrique Bautista, marinos que fueron juzgados por la Masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972. También pidió que se revoque la excarcelación de los fusiladores condenados Luis Sosa y Emilio del Real, y el arresto domiciliario del que goza el ex cabo Carlos Marandino.

En octubre pasado, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia confirmó que el asesinato de los presos políticos en 1972 fue un crimen de lesa humanidad y condenó a prisión perpetua a Sosa, Del Real y Marandino. Sin embargo, permitió que los primeros siguieran excarcelados y Marandino en su casa, como habían llegado al juicio. El tribunal también absolvió a Bautista, juez ad hoc que debía investigar los hechos y que llegó a juicio acusado de encubrirlos, y a Paccagnini, acusado de integrar la cadena de mandos por la que se transmitió la orden del fusilamiento.

La fiscal García Netto pidió que Casación haga lugar a los recursos del fiscal general de Comodoro Rivadavia, Horacio Arranz, y de la querella. Al apelar la absolución de Paccagnini, consideró que “existen sobrados elementos” para condenarlo “en calidad de autor mediato”. “En la cadena orgánica de mandos, Paccagnini se ubicaba en un ‘segundo nivel’ o ‘jerarquía intermedia’ dado que ejercía el control e impartía órdenes en el ámbito de la Base Aeronaval Almirante Zar, a la vez que recibía instrucciones y se reportaba periódicamente con la jerarquía militar, tal como surge de la declaración prestada por el mismo imputado”, precisó.

Al pedir la revocación de excarcelaciones y arresto domiciliario, en tanto, calificó la decisión del tribunal de “arbitraria” porque “los magistrados no aplican la doctrina que sobre el riesgo procesal” en causas de lesa humanidad desarrolló la Corte Suprema de Justicia. “La decisión pone en peligro el cumplimiento de la sentencia condenatoria por hechos que constituyen delitos de lesa humanidad y cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional del Estado argentino”, sostuvo.