El fiscal federal Jorge Di Lello le pidió al juez Ariel Lijo que cite a declaración indagatoria a todos los protagonistas del caso Ciccone, incluyendo al vicepresidente Amado Boudou, a su amigo y socio José María Núñez Carmona, a Alejandro Vandenbroele, al empresario Nicolás Ciccone, a su yerno Guillermo Reinwinck, al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a otros participantes menores. Según el dictamen del fiscal, deben dar cuenta de su participación en el dudoso proceso de rescate de la quiebra de la ex Ciccone, que esperaba contratos para la impresión de billetes. A su entender, el delito en juego es el de negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Boudou, que era ministro de Economía, por haberse “interesado” en la situación de la imprenta, con intervención de allegados suyos. En el de Echegaray, porque el ente recaudador le concedió a la compañía un plan de pagos extraordinario. Al resto, los dueños y directores de la firma, por buscar beneficiarse de ese plan y las maniobras en danza. La realidad es que la AFIP dice que no se le concedió ningún plan de pagos extraordinario ni ilegal y, además, debe tenerse en cuenta que Ciccone no era una empresa cualquiera, sino una fabricante de billetes a la que un juez comercial había puesto en manos de Boldt, la principal compañía de casinos y juegos de la provincia de Buenos Aires.

En total, son once las indagatorias que pidió Di Lello, quien consideró que hay suficientes sospechas sobre todos ellos y, acotó en su escrito, “no resulta razonable” que un funcionario de la jerarquía de vicepresidente esté investigado “de manera eterna o indefinida”. La causa lleva dos años de trámite. El juez Lijo no tiene plazos ni obligación de resolver si hace lugar al pedido, y nada indica que vaya a hacerlo de inmediato. Pero el dato notorio del dictamen fiscal es que está en contradicción con el criterio del juez, quien sorpresivamente sobre fin de año aceptó que Reinwinck, Ciccone y otros familiares de los ex dueños de la empresa declararan como testigos e incluso se convirtieran en querellantes a pesar de que inicialmente estaban imputados. Ese papel de víctimas está en plena discusión judicial.

Como testigos, los Ciccone y compañía apuntaron contra Boudou y denunciaron amenazas. Reinwinck, quien en una solicitada había asumido que la familia era dueña de la empresa (que pasó a llamarse Compañía de Valores Sudamericana) y que Vandenbroele había sido contratado por él, declaró como testigo que nunca firmó eso y que Vandenbroele le fue impuesto por el socio amigo de Boudou, Núñez Carmona, señalado como partícipe en todas las negociaciones por el levantamiento de la quiebra. Es tácito que Di Lello no cree en esa versión, surgida más de dos años después de las supuestas amenazas. En el juzgado de Lijo planean hacer una nueva evaluación de lo que hay en el expediente, pero discrepan del criterio de Di Lello, y orientan la investigación a establecer el interés de Boudou y su núcleo cercano en lograr el salvataje de la empresa.

La fiscalía ciñó la imputación a un solo delito, el de negociaciones incompatibles, que prevé de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Pero no avanzó sobre otros que se analizaban –como el lavado de dinero– ni estableció contactos con la causa de enriquecimiento ilícito contra el vicepresidente. Pidió las indagatorias en función de los siguientes hechos:

Cuando la ex Ciccone cayó en desgracia, aparece la firma The Old Fund para rescatarla. Vandenbroele encabeza ese fondo de inversión, Sergio Martínez –también citado a indagatoria– integra el directorio. Reinwinck aparece en una solicitada como uno de los controlantes del 70 por ciento junto con otros familiares. Esto es lo que desmintió como testigo: señaló que lo habían obligado a firmar documentos y que sufría amenazas de Núñez Carmona, aunque nunca antes hizo la denuncia. La relación entre Núñez Carmona, Boudou y Vandenbroele para el fiscal está probada, pese a que no hay una sola foto ni una llamada telefónica entre ambos. Según el fiscal, fue Reinwinck quien consiguió “el capital para rescatar la empresa de su suegro, Nicolás Ciccone” a través de The Old Fund. Pidió un cuerpo de escritura para analizar su firma en los documentos que lo acreditarían.

La quiebra inicialmente fue solicitada por la AFIP, pero a los dos meses el propio organismo ordenó el levantamiento. Olga Ciccone pidió una quita de intereses y se le terminó concediendo un “beneficioso plan de pagos”, lo que para la fiscalía es irregular, pero para las defensas es legal. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Riesnik Brenner –incluido en el listado de indagatorias–, sugirió pedir opinión al Ministerio de Economía, lo que Echegaray consintió. Asuntos Jurídicos de Economía dijo que no correspondía dar instrucciones. Con firma de Boudou, la respuesta fue que la decisión la tenía que tomar la AFIP, aunque señaló la conveniencia de preservar las fuentes de trabajo. Di Lello dice que en 500 pedidos de quiebra desde 2007 nunca se pidió intervención de Economía, pero lo cierto es que Ciccone era una empresa estratégica, fabricante de billetes. Y lo cierto es que la AFIP no concedió la quita de deuda ni el plan de pagos que pedían los Ciccone.

En relación con la AFIP, sostiene que “se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje de la empresa, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo”. De ese modo, la ex Ciccone se terminaría adecuando al plan de pagos. A diferencia de Lijo, para quien Echegaray es sólo un testigo ya que concedió facilidades de pago, para Di Lello es sospechoso. En la AFIP insisten en que no hubo nada de irregular ni ilegal en la concesión del plan de pagos con el que se salvó una deuda casi incobrable.