La Procuraduría de Lesa Humanidad y la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos pidieron al fiscal a cargo de la causa que investiga la supuesta apropiación de la empresa Papel Prensa en la dictadura cívico-militar que impute a los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble por presunta “extorsión” y “persecución por motivos raciales”.

En un escrito entregado al fiscal federal Eduardo Taiano, sus pares de esas dependencias le propusieron pedir las declaraciones indagatorias de todos los imputados por esos cargos, en un listado que incluyó a Juan Gainza Paz y al ex funcionario Raymundo Podestá, según el escrito difundido desde el sitio de Internet de la Procuración General de la Nación.

Las víctimas fueron los miembros del grupo Graiver, ex propietarios de la empresa papelera. Así surge de un relevamiento hecho en la causa por el titular de la Unidad sobre crímenes contra la humanidad, Jorge Auat, y los fiscales Guillermo Friele y Alejandro Alagia, que elaboraron un “proyecto de dictamen” entregado a Taiano. Para los fiscales, debe pedirse la indagatoria al “director ejecutivo del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la directora del diario, Ernestina Herrera de Noble, el ex presidente de La Nación S.A., Bartolomé Luis Mitre, el intermediario Guillermo Juan Gainza Paz y el ex secretario de Desarrollo Industrial de la dictadura Raymundo Pío Podestá”.

Auat, Friele y Alagia atribuyeron a los acusados “haber participado el 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación de un convenio para transferir acciones, sometido a condiciones extorsivas –mediante intimidación– y en un contexto de persecución política contra la familia Graiver y allegados a sus negocios ordenada por la primera junta de dictadores”. Sostuvieron que “la maniobra tuvo, entre otros fines, obligar al grupo Graiver a vender únicamente a los imputados” la empresa Papel Prensa S.A., “que no podía quedar en manos de las víctimas al haber sido declaradas por los militares enemigos del país”. Para los acusadores, hubo un “desapoderamiento extorsivo” de la empresa del que participaron Magnetto, Mitre y Podestá, los dos primeros como compradores y el tercero como miembro del gobierno militar en el marco de un “plan persecutorio contra la familia Graiver y allegados a sus negocios”.