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Eduardo Ramos y Maurice Jeger vivían en los setenta en Tucumán. Eran periodistas y poetas, pero no se conocieron. Sin embargo, ambos tuvieron un destino común, la desaparición forzada y la tortura que desató el terrorismo de Estado sobre aquella provincia. Ahora, 28 años después, es posible que la Justicia se haga cargo de sus captores. Ayer, la Asociación de Prensa de Tucumán solicitó a la Justicia federal que mantuviera detenidos al genocida Antonio Domingo Bussi y a su compinche, Roberto “El Tuerto” Albornoz, como responsables del secuestro y posterior asesinato de estos periodistas.
Tanto Bussi como Albornoz son dos de los militares detenidos por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral luego de que el español Baltasar Garzón solicitara la extradición de 38 integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas. La intención del gremio de prensa local es que estos genocidas respondan ante la Justicia por sus delitos ahora que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron anuladas y, sobre todo, porque la Argentina adhirió a la convención internacional de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad.
Rodolfo Burgos, uno de los abogados que patrocina la presentación, aseguró que tras la anulación de las normas y adhesión a la convención “están dadas las condiciones para que, en forma inmediata, se cite a Bussi a que preste declaración indagatoria y para que, eventualmente, quede detenido”.
En estos momentos, la decisión de aceptar la petición del gremio de prensa está en manos del juez Ricardo Parache. De ser así, se bloquearía la liberación del ex dictador que cumple arresto domiciliario en la Capital Federal. Albornoz, en tanto, permanece todavía detenido en Tucumán.
Según trascendió, a Parache le temblaron las manos cuando recibió el escrito. El caso fue presentado por los periodistas Oscar Gigena y Ernesto Salas. Si bien el magistrado tucumano está al tanto de que Canicoba Corral no tiene problemas en acatar el pedido de traslado de Bussi a Tucumán -siempre y cuando el pedido llegue antes del miércoles–, lo que espera el gremio es que Parache se anime a investigar.
Bussi es un hueso duro de roer en Tucumán, no sólo por lo que representa políticamente sino porque el justicialismo local no está muy interesado en tener al anciano general entre rejas. Prefieren enfrentar mil veces al general tropero de dientes amarillos, no mostrarlo como un perseguido y así evitar que crezca el ex candidato a gobernador, Esteban Jerez, hoy en Recrear y con fuertes intenciones de voto para una banca de diputado nacional.
Más allá de las especulaciones de la política vernácula, el gremio de prensa tucumano intenta encontrar justicia para Jeger y Ramos. Jeger desapareció en 1975, cuando el Comando Nacionalista del Norte, una versión local de la Triple A, lo arrancó de su casa. En ese entonces, este poeta nacido en Francia se desempeñaba como corrector y crítico literario de La Gaceta. La única noticia que tuvieron de él fue que lo vieron en malas condiciones físicas en un campo clandestino de Famaillá. Ramos, en tanto, era cronista de Canal 10 y fue secuestrado el 3 de noviembre del ‘76 junto a su compañera Alicia Cerrotta, quien se encontraba embarazada. Ambos y su hijo permanecen desaparecidos.