Los tribunales argentinos recibirán una querella contra la última operación militar israelí en Gaza. En diálogo exclusivo con Página/12, Carlos Slepoy, promotor de la iniciativa junto a organismos de derechos humanos, adelantó detalles de la presentación que impulsará con abogados de la Asociación Americana de Juristas (AAJ). “La idea es interponer una querella, ante los juzgados federales de Buenos Aires, por los crímenes cometidos recientemente en la Franja de Gaza por parte del Estado de Israel”, confió el letrado de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. El escrito que Slepoy y los abogados de la AAJ entregarán en los próximos dás en los tribunales porteños alcanza a funcionarios del más alto rango del gobierno israelí y surge de considerar que los hechos que tuvieron lugar durante la operación Borde Protector representan crímenes de lesa humanidad y/o genocidio.

La acusación que Slepoy encabeza con el grupo de abogados de la AAJ tiene como antecedente la denuncia de diez páginas que Sergio Ortiz, integrante de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares y del Partido de la Liberación, presentó junto a otros particulares ante Enrique Senestrari, titular de la Fiscalía N1 de Córdoba, por los crímenes que Israel pudiese haber cometido en la intervención militar iniciada el 8 de julio en territorio gazatí. Ortiz solicitó el 29 de agosto la apertura de una causa penal contra miembros del gobierno israelí por la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en ocasión de cometer genocidio contra la población palestina de Gaza.

Consultado por el escrito que Ortiz entregó ante la Justicia federal de la provincia mediterránea, el abogado argentino destaca el valor de la iniciativa y afirma que en modo alguno la querella que él y otros actores vinculados a organismos de derechos humanos piensan interponer es incompatible con la denuncia presentada en Córdoba. “Son complementarias –agrega–. Sin embargo, existen diferencias entre denuncia y querella y además, en este caso, la que presentemos tendrá distintas características en cuanto a quienes la promoverán.”

–Cuando se interpone una denuncia se da noticia de la comisión de un delito para que, quienes tienen la tarea de investigarlo, decidan si ha existido o no tal delito, si se conoce a sus autores, si se dan los requisitos legales para investigar y perseguir. Los denunciantes no son parte en el procedimiento. Si el juez a cargo del caso decide que no procede la investigación y acuerda archivar la denuncia, sólo el fiscal puede recurrir a esta decisión. En cambio, si hay querellantes éstos son parte en la causa y no sólo pueden, entre otras cosas, proponer pruebas y medidas, sino también recurrir cualquier decisión por la que se resuelva no abrir el procedimiento o clausurarlo una vez iniciado.

–La diferencia aparece nítida en la experiencia que hemos tenido con la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La jueza María Servini de Cubría dio traslado de la querella al fiscal para que informara sobre la procedencia de la investigación. Este opinó que correspondía archivar la causa y la jueza decidió no proceder argumentando que no había acusación por parte del Ministerio Público. Los abogados de los querellantes recurrieron esta decisión ante la Cámara Federal, que la revocó y ordenó la apertura de la investigación. De no haber habido querellantes el proceso no existiría.

–Nuestra intención es que sea presentada por víctimas directas o indirectas de los crímenes cometidos y además, y conjuntamente, por asociaciones argentinas de derechos humanos y organizaciones sociales, entre cuyos objetivos se encuentre la defensa de los derechos humanos. La idea es reproducir en este sentido la composición de la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

–Entendemos de especial importancia que se unan asociaciones palestinas, en representación de las víctimas, pero también asociaciones judías que abominen de estos crímenes. Llamamos a unos y otros para que tengan una activa participación en el procedimiento. Se trata de una convocatoria abierta y plural: pueden participar todos aquellos que se opongan a la vulneración permanente de los derechos del pueblo palestino.

–Estamos hablando con víctimas directas y familiares de víctimas. Pero también con ciudadanos y asociaciones israelíes dispuestas a denunciar los crímenes que en su nombre comete Israel. Así como (Daniel) Barenboim ha creado una orquesta sinfónica con palestinos e israelíes, como mensaje de paz y unidad entre ambos pueblos, lo que nosotros pretendemos, en la medida que podamos hacerlo, es que esta querella incluya a ciudadanos palestinos, pero también a israelíes, en la búsqueda común de justicia.

–En España podría hacerlo, por el ejercicio de la acción popular, pero acá (en Argentina) tendría que ser una persona que justifique estar afectada por los crímenes que se cometieron en Gaza.

–El o su familia podrían serlo en la medida en que está siendo castigado por negarse a integrar un ejército que comete crímenes contra la humanidad.

–Nuestro propósito es acusar a todos los responsables de los crímenes y pedir que se dicten contra ellos órdenes internacionales de detención a efectos de que sean detenidos donde se los encuentre y extraditados para ser juzgados. Los que en principio aparecen como responsables son los mismos que se mencionan en la denuncia interpuesta en Córdoba: el presidente Benjamin Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Mo-shé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz, y el vicepresidente del Parlamento, y uno de los principales ideólogos del plan de exterminio en Gaza, Moshe Feiglin.

–Los crímenes que, contemplados en el Código Penal argentino, aparecen como claramente cometidos en los ataques a Gaza, son los delitos de homicidio, lesiones graves, daños de diverso tipo, incendios, estragos. La pena por homicidio es de 8 a 25 años, o de prisión perpetua si hay circunstancias agravantes, que en este caso evidentemente existen.

–Si la Corte Penal Internacional investigara estos crímenes no sería necesaria la actuación de otros países. Pero todo hace pensar que no lo hará. Por un lado, porque Israel y Estados Unidos, igualmente implicado, no han adherido al Estatuto de la Corte Penal Internacional y, en consecuencia, el tribunal no puede ejercer jurisdicción sobre sus ciudadanos, salvo que cometan delitos en países que han ratificado o adherido al Estatuto de la Corte. Y, por otro lado, porque no se ha reconocido la existencia de un Estado palestino, con todos los derechos que ello implica, incluida la posibilidad de adherir al Estatuto de la Corte y ser por tanto protegido por la actuación de la misma.

–Bienvenido sería que se abriera un proceso en la Corte Penal Internacional. Las querellas que se interpongan en distintos países no sólo no son incompatibles sino que pueden servir de acicate para que ello ocurra. Se podría pensar en la creación de un tribunal internacional ad hoc (creado específicamente para el caso) como se ha hecho en otras situaciones, pero esto depende de una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del que Estados Unidos es miembro permanente con capacidad decisoria al respecto. Las víctimas palestinas pues se encuentran en el más absoluto desamparo judicial.

–Quedan las jurisdiccionales nacionales de los distintos países del mundo comprometidos en la vigencia, promoción y defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la impunidad de quienes cometen crímenes contra la humanidad, como única y eficaz alternativa. En la medida en que estos crímenes lesionan y ofenden a la humanidad no sólo pueden sino que deben actuar tribunales de distintos países en protección de bienes jurídicos que son universales.

–Palestina ha sido ocupada, permanentemente los israelíes ganan territorio, hay un acoso y humillación constantes del pueblo palestino que dura desde la creación del Estado de Israel. Israel alega que los países árabes pretendieron destruirla, que se tiene que defender. Siempre hay justificaciones. Independientemente de la opinión que se tenga sobre esto, lo cierto es que los palestinos no reciben ningún tipo de justicia y, por otra parte, se ven privados de la posibilidad de administrarla respecto de los crímenes que contra ellos comete constantemente el Estado de Israel. La desproporción de fuerzas y del número de víctimas es tan evidente que, por sí misma, revela la enormidad del crimen. Nuestra idea es incorporar en la querella una lista con los nombres y edades de los niños asesinados, que son más de 500. El 80 por ciento de ellos, que constituyen una cuarta parte de todos los muertos por el ejército israelí, tenía menos de 12 años.