“La confirmación de la sentencia por el crimen de Mariano Ferreyra es un avance importante en la respuesta judicial efectiva en un caso de violación al derecho a la vida cometido por terceros con poder de fuego con la participación de agentes estatales en el contexto del ejercicio del derecho de protesta”, señaló ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un comunicado. El organismo de derechos humanos, que representó judicialmente a la familia Ferreyra, recordó que durante la investigación de este caso se descubrió un intento de soborno en el que está involucrado el juez Eduardo Riggi.