De acuerdo a lo que establece el artículo 132 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, el directorio de la Afsca, que es el organismo encargado de aplicarla, está integrado por dos directores designados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres propuestos por la Comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y dos propuestos por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico de una universidad nacional. Este último es el cargo que ocupa, desde hace algo menos de dos años, Eduardo Rinesi, investigador, docente y ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, quien el último martes, cuando todavía no se conocía la nueva avanzada del Gobierno luego puesta en suspenso por el juez platense Luis Arias, dialogó con Página/12. Los directores de la Afsca fueron removidos hace pocos días por un decreto presidencial que interviene el organismo, decreto que ha sido cuestionado ante la Justicia.

“Las iniciativas oficiales remueven a las autoridades de la Afsca y de la Aftic de modos no previstos en las leyes que los crean y reemplazan en la conducción de ambos a unos cuerpos colectivos donde se expresan las voces de diversos y plurales actores del mundo social, político y mediático (las fuerzas políticas con representación parlamentaria, los representantes de los gobiernos provinciales, los prestadores con y sin fines de lucro, las universidades nacionales, los sindicatos, los pueblos originarios, etc.) por la voz única de un delegado del Poder Ejecutivo. Se trata de una pérdida enorme de riqueza y de pluralidad, sin ninguna duda”, sostiene Rinesi.

–La primera de esas dos expresiones es, por supuesto, gravísima. Las leyes pueden y deben limitar las posibilidades de los ciudadanos y también, y de manera muy especial, las de sus mandatarios. Forma parte de la mejor tradición del pensamiento republicano occidental la comprensión de que exactamente en eso radica la diferencia entre un régimen constitucional y uno despótico. La segunda expresión plantea un problema interesante: por supuesto que el ministro Aguad, así como el gobierno que él integra, tiene todo el derecho del mundo a opinar que la LSCA es anticuada o inadecuada o lo que fuera. O a pensar eso mismo de cualquier otra ley que rija en el país. Y a militar para convencernos de eso y a procurar que esa ley sea cambiada por otra que él encuentre más adecuada a través de los mecanismos previstos para eso. Es decir: reuniendo las mayorías parlamentarias necesarias para modificar una ley y ganando las votaciones que es necesario ganar en las cámaras del Congreso nacional. Lo que no se puede es, en nombre de una opinión personal o grupal sobre a qué espíritu corresponde o deja de corresponder una ley vigente, desconocerla, violarla o pasarla por encima. En el caso de esta ley, además –y no quiero aburrir repitiendo cosas de sobra conocida–, se trata de una norma discutida como pocas antes, si acaso como alguna, en los más diversos ámbitos de una sociedad civil fuertemente movilizada en torno a ella, y votada por amplias mayorías en las dos cámaras del parlamento nacional.

–En esto último tiene toda la razón: la ley tiene, en efecto, una perspectiva diferente, y ése es sin duda uno de sus rasgos definitorios y más interesantes. Como ha sido dicho muchas veces, la ley se inspira en una idea, en un “paradigma” sobre la comunicación que se la representa no ya –o no ya solamente, si quisiéramos decirlo de un modo más moderado– como una mercancía, sino en primer lugar como un derecho. Como un derecho “humano” inalienable, como dice el artículo 2 de la ley que estamos discutiendo. Pensar la comunicación como un derecho humano universal nos lleva a un lugar muy diferente que pensarla como un bien transable en el mercado. Pensarla como un derecho nos lleva, por ejemplo, a atender al carácter federal de un país que ha ganado muchísimo, en este tiempo, en términos de reconocimiento de voces diversas, de acentos locales, de identidades regionales. A pensar en los derechos que tienen todos los habitantes del país, y no sólo los que habitan en ciertas regiones o los que tienen capacidad de compra en el mercado, para expresarse sin ninguna restricción y para recibir, al mismo tiempo –porque el derecho a la comunicación es ese doble derecho: a comunicar y a recibir información–, contenidos radiales o televisivos que les resulten interesantes, pertinentes, cercanos. Si yo pienso la comunicación como una mercancía no tengo por qué preocuparme porque haya, por ejemplo, radios en quechua o en otras lenguas originarias. Si la pienso como un derecho, tengo, sí, que preocuparme porque existan esas radios y puedan sostenerse. Si pienso la comunicación como una mercancía no puedo pensar en programas ni ofertas ni canales sin pensar en su número de oyentes o de espectadores. Si la pienso como un derecho puedo deslindar mi juicio sobre la calidad de un cierto programa o de un cierto canal –pongamos como ejemplo uno, sostenido por el Estado, que todo el mundo considera muy bueno, y que es muy bueno: Encuentro– de esa pregunta.

–Se ha hecho mucho. Menos que lo que querríamos, por supuesto. Pero mucho. Cerca de 1400 autorizaciones y licencias de radio y televisión, tanto para el sector privado –con y sin fines de lucro– como para el sector público, estatal y no estatal. Cantidad de autorizaciones de radios y de canales de televisión digital a gobiernos provinciales, municipales y locales, a la Iglesia Católica, a los pueblos originarios. Y, por cierto, a las universidades públicas, que se han convertido en fortísimos actores de una comunicación independiente, crítica, de muy buena calidad, en todo el territorio del país. Y muchísimos concursos: casi 1400 frecuencias de radio y casi cien canales de TV digital. Y un fuerte apoyo estatal para la producción de contenidos, para el mejoramiento de lo que se hace, para el equipamiento de los medios menos provistos...

–Es que pensar la comunicación como un derecho quiere decir también eso: entender que el Estado es el encargado de garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho que se proclama. Igual que sólo hay derecho efectivo a la educación si el Estado está ahí construyendo y sosteniendo las escuelas, pagando los salarios de los profesores, mejorando la calidad de sus bibliotecas, igual que sólo hay derecho efectivo a la salud si el Estado está ahí construyendo y sosteniendo y mejorando nuestros hospitales, así también sólo hay un derecho efectivo a la comunicación si el Estado no deja librado a su suerte –“suerte” que a veces se nombra con el eufemismo de las “leyes del mercado”– a los actores menos poderosos, sino que los acompaña y los sostiene. Los financiamientos del Fondo de Fomento Concursable Fomeca que se han otorgado en estos años, a través de la realización de distinto tipo de concursos, a organizaciones de la comunicación comunitaria, son en ese sentido fundamentales.

–Sobre esto último esperamos, por supuesto, que la Justicia pueda terciar en lo que aparece como un evidente conflicto entre poderes del Estado y ponga un poco de orden en una escena normativa que, así como queda definida, aparece, por decir lo menos, muy confusa. Quizás mientras nosotros estamos conversando se produzca alguna novedad en este sentido (Nota del redactor: la charla se produjo el martes pasado). Pero sobre lo primero que me pregunta: sí, mi temor es grande. Y doble, le diría. Por un lado, y en un sentido más general, me preocupa que el Poder Ejecutivo avance, en este campo o en cualquier otro, en un sentido contrario al previsto en una ley de la Nación. Que una ley –que cualquier ley de la nación, en general, aunque ésta de la que aquí estamos hablando sea una, por todas las razones que ya dimos, muy especial, muy importante, muy fundamental en el proceso de construcción de una sociedad más democrática– sea desconocida por medio de un decreto, es grave. No es la idea que tenemos de un estado de derecho sano. Y puede sentar un precedente preocupante. Por otro lado, y en un sentido más específico, me parece que el reemplazo de un cuerpo plural donde se expresan voces diferentes, surgidas de espacios diferentes, elegidas, a través de procesos muy pautados y muy cuidados, por actores diferentes –por la comisión bicameral encargada del seguimiento de la Ley, por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado a su vez por múltiples actores representantes de muy diversas realidades–, por una única voz representante de los designios del Poder Ejecutivo expresa una concepción sobre el modo de pensarse la forma en que debe aplicarse una ley muy monolítica y muy parcial, preocupantemente desconocedora de los matices y de las riquezas que tiene la LSCA, y que si queremos seguir construyendo una sociedad cada vez más democrática no podemos dejar de tener todo el tiempo en cuenta.