Desde el inicio del nuevo gobierno, está acéfalo el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. El día anterior a la asunción del presidente Mauricio Macri, la titular de la entidad, Cecilia Merchán, presentó su renuncia; hasta ayer, nadie de la administración macrista se había contactado con el equipo, que aguardaba la designación de una nueva autoridad para continuar con sus tareas. En el Comité, que por ley depende de Jefatura de Gabinete, trabajan 20 personas: una fue designada en comisión porque es planta permanente de otro ministerio; otra forma parte de la planta permanente de la Jefatura de Gabinete; las 18 restantes son contratadas en el marco de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que contempla el pago de sus salarios hasta marzo de este año, con posibilidad de extender las designaciones por un año más. Los fondos de PNUD existen, pero por falta de una autoridad que se haga responsable del área los contratos de este año aún están sin firmar.

Sin embargo, al Comité que, además de realizar capacitaciones y velar por el Protocolo Unico de Acción en el tema –entre otras funciones–, articula tareas de los distintos ministerios involucrados en la lucha contra la trata (Desarrollo, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, Trabajo), hasta ayer seguían llegando expedientes, pedidos de derivación y asistencia. El organismo “sigue recibiendo oficios de causas en marcha o por asistencia o víctimas, consultas sobre algunos casos para establecer si son o no de trata, también seguimos articulando con la línea gratuita 145, y nos llegan pedidos de capacitación. Son cosas que necesitan una solución lo más rápido posible”, explicó a este diario Luciana Moreno, integrante del equipo.

Después de que, el martes, trascendiera el reclamo de los trabajadores de la Jefatura por 150 despidos, ayer dos funcionarios mantuvieron sendas reuniones con integrantes del Comité. A la primera reunión asistió una asesora de Jefatura, Gala Barbieri, quien se informó sobre el funcionamiento del área y sus objetivos. Del encuentro participaron seis integrantes del equipo, que pusieron a disposición el Informe de gestión correspondiente a 2015.

La segunda reunión fue con Pedro Hadida, subsecretario de Coordinación Administrativa, quien aseguró a los trabajadores del área que “hay una voluntad muy grande de la Jefatura de Gabinete para sostener este trabajo y designar a una persona que coordine el Comité”. Moreno contó a este diario que, al final del encuentro, los funcionarios acordaron “dar una respuesta sobre si sigue el equipo, sigue una parte o qué”. “Estamos contentos porque consta que hay algo que se construyó y que hay que sostener. Es responsabilidad de la nueva gestión hacerse cargo de este espacio, con o sin nosotros”, agregó.

El funcionamiento del Comité también podría quedar afectado por la reorganización de algunas estructuras ministeriales. Las tareas del organismo son llevadas adelante por un equipo interdisciplinario (profesionales de psicología, comunicación, trabajo social, relaciones internacionales, empleados administrativos), que, por ley, está bajo la órbita de la Secretaría de Gabinete. Esa Secretaría ahora está bajo la órbita del Ministerio de Modernización, en virtud del decreto 151/2015.

El Comité funciona desde octubre de 2013. Tuvo intervención en que fuera reglamentada –aunque parcialmente y dos años y algo después de sancionada la reforma– la ley 26.842, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a las Víctimas. Esa reglamentación –decreto 111/15, del 26 de enero del año pasado– permite volver operativa y de funcionamiento de parte de la ley y articular distintas instancias del Estado involucradas en el tema. Establece, por ejemplo, el paso a paso del procedimiento que deben seguir las distintas áreas del Estado responsables en la asistencia en los casos de víctimas rescatadas: que profesionales del Ministerio de Justicia deben ser los encargados del primer contacto con las víctimas, que tras la declaración en sede judicial las víctimas deben ser asistidas por el Ministerio de Desarrollo Social, que luego el Ministerio de Trabajo debe ofrecerles capacitación y programas de empleo, y el de Justicia, brindarles asesoramiento legal gratuito.

Además de haber sostenido reuniones con vistas a la conformación del Comité Federal (con impacto en el modo en que las jurisdicciones abordan la lucha contra la trata, sea con fines de explotación sexual o laboral), el Comité sistematizó “recursos de asistencia”. En el Informe de gestión, señaló que puso esa información a disposición de las “oficinas descentralizadas con sede en todas las jurisdicciones” de cada una las áreas ministeriales involucradas (Centros de Referencia del ministerio de Desarrollo Social, Centros de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, delegaciones de fuerzas de seguridad federales del Ministerio de Seguridad, Gerencias de empleo y Capacitación laboral y Oficinas de Empleo del Ministerio de Trabajo). En ese marco, además, realizó capacitaciones, una campaña nacional para sensibilizar sobre trata y dar a conocer la línea 145 (Paremos la trata, algunos de cuyos spots tuvieron circulación fuerte durante las televisaciones del Mundial de Fútbol) y festivales de música para acercar otros públicos.