El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer 15 allanamientos en el contexto de la investigación por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus hijos, su contador, su abogado y otros personajes. En los operativos intervinieron las policías Federal y Metropolitana, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF). Mientras tanto implantó el secreto de sumario. Ayer mismo la Cámara Federal ratificó el procesamiento del empresario, de su hijo Martín y Jorge Chueco en una resolución que vuelve a decirle al juez que tiene que investigar a Cristina Kirchner, a quien junto con Néstor Kirchner, les atribuye “un acuerdo de voluntades” con “Báez”. La resolución, además de ser particularmente severa con el juez de primera instancia, usa términos acuñados por los grandes medios. Por ejemplo, habla de “la ruta del dinero K”.

Algunos de los múltiples allanamientos de ayer estarían orientados a investigar a empresas vinculadas con Austral Construcciones, una de las más importantes de Báez. Esa empresa es la que aparece como destinataria final de 32,8 millones de dólares que la Cámara ayer confirmó que fueron movilizados en una maniobra que consistió en sacarlos del país rumbo a las cuentas en el exterior y hacerlos volver a través de la venta de bonos de la deuda pública por medio de Helvetic Service Group, hacia la cuenta de Austral. Esto se habría extendido entre diciembre de 2012 y abril de 2013. Al ratificar ese circuito de lavado fueron confirmados por la Sala II los procesamientos de Báez, el hijo y colaboradores.

“Es de sentido común avanzar sobre la sospecha del acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico), y los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal”, advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, en el fallo de ayer. El mensaje de la Cámara al juez es que no se quede con el delito de lavado de dinero. Lo que cuestionan algunos juristas, es que el modo en que está planteada la sentencia es casi como instruir una causa, algo que no le corresponde al tribunal.