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Por Margarita Jarque *

El ejercicio de inobjetable coherencia entre discurso y práctica, esencialmente desde quienes ocupan espacios de poder, es una imperiosa necesidad de nuestro tiempo. Los destinatarios de este reclamo no somos sólo los hombres y mujeres que conducimos el Estado, sino todos aquellos que representan a una comunidad de intereses, valores, creencias e instituciones de la sociedad; entre ellos, son los miembros de la Iglesia quienes más deberían profesar la sinceridad y el apego a las normas morales que predican.
Con virulencia, un alto miembro de la jerarquía de la Iglesia Católica, monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, ha impugnado públicamente la nominación de la jueza Carmen Argibay para integrar la Corte Suprema.
Cuando levanta su dedo incriminatorio contra esta nominación alegando defensa del derecho a la vida, ¿recordará monseñor Aguer su prudente silencio o complicidad frente a las terribles violaciones a este derecho esencial durante la última dictadura militar? No encontramos la voz de este sacerdote denunciando con la valentía que otros sí tuvieron, los crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares en el poder.
¿Qué fantasmas propios proyectará este prelado cuando reacciona ante la afirmación de ser una “atea militante” por parte de Carmen Argibay y advierte que la ideología de la jueza es de la “máxima importancia moral, jurídica y política”? ¿A qué moral apelará y qué ecuanimidad política expresa un individuo a quien no se le conoce la misma vehemencia para condenar dictaduras genocidas, que paga fianzas millonarias para delincuentes y alienta a la ciudadanía a violentar las normas sancionadas respetando el orden democrático?
Recordemos que monseñor Aguer convocó a la ciudadanía a desobedecer las leyes sancionadas sobre Salud Reproductiva y de Unión Civil y, recientemente, provocó un escándalo al convertirse en fiador personal por una suma millonaria, para permitir la excarcelación del ex banquero Francisco Trusso, condenado a 8 años de prisión por maniobras fraudulentas que perjudicaron a 21 mil ahorristas del Banco de Crédito Provincial.
Como corolario a este ejercicio de rememoración no podemos dejar de mencionar que fue el único que aceptó ordenar en su jurisdicción a los seminaristas del grupo ultraconservador Verbo Encarnado, a pesar de los cuestionamientos del resto del Episcopado.
Entre quienes compartimos el dolor de tantos argentinos que padecen el infierno de la pobreza, que él mira desde su ostentosa 4x4, y hemos apostado a la vida democrática se nos hace, de verdad, muy difícil doblegar nuestra indignación y repudio ante los argumentos cuestionadores sobre una jueza, como Carmen Argibay, que ha desarrollado una trayectoria profesional y moral ejemplar, de la que debería aprender el arzobispo. Para evitar así el perjuicio colateral que sus dichos y acciones ocasionan a una sociedad que intenta reconstruir confianzas mínimas en sus dirigencias, proceso que exige la ejemplaridad de las personas públicas.
Sería prudente y loable, entonces, que en vez de hablar como representante de una comunidad e institución religiosa de carácter universal, se asumiera como un activo militante de una facción política e ideológica ultraconservadora y derechista, a la que su acción y pensamiento pertenecen, que no se ha caracterizado históricamente por su efectivo respeto del derecho a la vida.

* Diputada nacional. Vicepresidenta del Bloque Encuentro.