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Los empleados municipales siguen sin cobrar. Las escuelas, ocupadas por padres y docentes. La relación entre la Iglesia Católica y el oficialismo local se tensa cada vez más. Todavía nadie sabe quién manda en la ciudad de San Luis. Mientras la provincia parece a punto de explotar, la Corte Suprema resolvió ayer tomar cartas en el asunto y citó a una audiencia especial el martes próximo a los dos intendentes en ejercicio que se disputan la conducción de la capital puntana. El encuentro se hará a puertas cerradas e intentará que Daniel Pérsico y María Angélica Torrontegui limen allí sus asperezas, algo que parece imposible. Todo hace pensar que el máximo tribunal, finalmente, tendrá que resolver el conflicto. Una marcha multisectorial pidió ayer la renuncia del gobernador Alberto Rodríguez Saá (ver aparte).
“Si nosotros no intervenimos va a haber un incendio institucional”, advirtió a sus colegas el juez supremo Juan Carlos Maqueda, a poco de comenzar ayer el plenario del máximo tribunal. La coexistencia de dos jefes comunales en pugna en San Luis no sólo perdura, sino que va sumando derivaciones políticas y sociales y un denso clima de incertidumbre.
El tema llegó a estudio de la Corte por los recursos extraordinarios planteados por el intendente Pérsico, un opositor al gobernador Rodríguez Saá, en los que cuestiona la anulación de los comicios en que había resultado electo. Pérsico ganó la intendencia el 9 de noviembre, en una votación convocada por su antecesor, Carlos Ponce. El gobierno provincial no reconoció esa elección, el Superior Tribunal puntano la invalidó y convocó a otra luego de modificar la carta orgánica municipal. Así, el 23 del mismo mes triunfó la adolfista Torrontegui, que encabezaba la única lista que se había presentado. En enero, los jueces supremos de San Luis volvieron a fallar a favor del oficialismo al reconocer a Torrontegui como “legítima intendenta”. Bloquearon las cuentas del municipio y ordenaron ponerlas a nombre de ella.
Torrontegui había pedido una audiencia con los ministros de la Corte quienes, según sus nuevas disposiciones “protransparencia”, no aceptan atender a una de las partes en un pleito sin que la otra esté presente. Por eso, y ante la preocupación por la situación sanluiseña, ayer decidieron convocar a una audiencia que, se ilusionan, pueda servir para lograr una conciliación. Ambos intendentes están citados para el próximo martes a las 12 en el cuarto piso del Palacio de Justicia. Será un encuentro privado, establecieron los ministros de la Corte, “para evitar un show”. Pidieron, además, un dictamen a la Procuración General de la Nación para que opine sobre cómo habría que resolver el entuerto.
Durante el acuerdo de ayer, Maqueda –constitucionalista y viejo político– instó a sus pares a acelerar el trámite de la causa preocupado porque “ningún poder actúa ante lo que ya se está convirtiendo en un caos”, dijo. A su entender, aunque se trate de un asunto municipal, la gravedad institucional los obliga a asumir el caso. En la reunión plenaria se escucharon quejas “por la falta de intervención del gobierno nacional” y lamentos “porque el gobernador carece de poder para dar una solución”.
Pérsico sigue instalado, en ejercicio del cargo, en el Palacio Municipal, donde permanecen también unos 600 empleados. Torrontegui hace lo propio en oficinas de la Legislatura, bajo el amparo de los Rodríguez Saá. A los municipales les pagaron sus sueldos en diciembre gracias a una medida judicial. El manejo del dinero de la coparticipación le fue cedido a la intendenta. En enero pagó salarios, pero dejó de hacerlo en febrero a quienes no aceptaran trabajar bajo sus órdenes. La semana pasada la jueza Irma Castro ordenó a Torrontegui abonar 370 sueldos en 24 horas y les reconoció como lugar de trabajo el edificio de la municipalidad. La manifestación que hicieron los trabajadores pidiendo que se cumpliera esa medida terminó en un brutal operativo de represión policial, también comentado ayer en la Corte.
Los supremos son conscientes de que un acuerdo entre los dos intendentes es bastante improbable, pero aún no arriesgan fórmulas para solucionar la disputa de fondo e incluso alguno pone en duda su competencia. El debate, ayer, rozó otras aristas. “Si la Corte se decide por uno de los mandatarios comunales, ¿cómo garantizará que se cumpla su resolución?”, planteó Carlos Fayt. La pregunta venía acompañada de un comentario ácido que dejó pensando al resto: la provincia de Santa Cruz nunca acató la reposición en su cargo de su procurador, Eduardo Sosa, a pesar de que el máximo tribunal la ordenó dos veces. El reclamo de Sosa data de 1998, cuando fue desplazado (Néstor Kirchner era gobernador) y su abogado, Daniel Sabsay, hace tres semanas reclamó a Sus Señorías que hagan cumplir su fallo.
En definitiva, la Corte parece encaminada a revisar las decisiones del máximo tribunal provincial y decidir qué comicios reconoce. Los abogados de Pérsico, Ricardo Gil Lavedra y Alberto García Lema, creen que tienen un punto a favor: el año pasado, cuando debatía la caducidad de los mandatos que había dispuesto el ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá para unificar las elecciones, la Corte sostuvo que el gobierno provincial debía abstenerse de intervenir a los comicios municipales.
Hoy un grupo de empleados municipales que apoya a Pérsico estará en Buenos Aires entregando 30 mil firmas al Ministerio del Interior y a la Cámara de Diputados pidiendo la defensa de la autonomía municipal y la intervención de la Justicia puntana, tan amiga de los Rodríguez Saá.