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Uno de los mayores expertos argentinos en seguridad, Marcelo Saín, suele sostener que el mayor peligro de una fuerza de seguridad es el autogobierno. Así, la fuerza se convierte primero en una banda vertical que deja de responder al poder político y luego en una constelación de bandas menores que obedecen a jefes distintos. La Bonaerense es el modelo extremo. La Policía Federal estaba lejos del nivel de disgregación de la Bonaerense, pero meses más de autogobierno terminarían inevitablemente en ese desastre que ahora, en la provincia de Buenos Aires, está intentado recomponer León Carlos Arslanian.
Con la nueva cúpula de la Policía Federal, el Gobierno intenta, según dijo anoche a este diario un alto funcionario, “tener el dominio directo de la Policía Federal”. El funcionario aclaró que no quería una policía kirchnerista sino una policía en la que “toda la cúpula tire para el mismo lado, en un proyecto de seguridad que destruya la corrupción organizada o amparada por el propio Estado”.
Página/12 pudo saber que entre el nuevo subjefe y los nuevos superintendentes no hay oficiales enrolados con Jorge “El Fino” Palacios, pasado a retiro por el propio presidente Néstor Kirchner luego de que su figura creciera dentro de la Federal como antes la de Pedro Klodzcyk en la Bonaerense: un jefe-lobbista capaz de convertirse en un desafío para el Poder Ejecutivo y no en su brazo policial.
El lunes último, en un editorial asombroso, porque normalmente sus editoriales no defienden nombres, La Nación elogió a varios oficiales. Citó al propio Palacios, a Daniel Gravinia, a Carlos Sablich y a Juan José Schettino. Todos aparecieron en el último mes citados en medio de contactos de distinto tipo con desarmadores de autos.
También decía el diario que la decisión presidencial de “reclamar los legajos de los oficiales más antiguos de la Policía Federal para analizarlos cuidadosamente ha contribuido a acentuar el clima de sospechas y desconfianza en torno de las instituciones encargadas de velar por el orden y, particularmente, ha tenido un efecto paralizante sobre la mencionada fuerza, de consecuencias potencialmente graves para la sociedad”.
Para La Nación, no era paralizante que la Policía Federal contara con comisarios de un nivel de contacto sospechoso con los desarmadores, contacto que en los últimos diez años impidió ir a fondo en la investigación del atentado a la AMIA. Pero además perdió de vista una clave: con la depuración el Gobierno puso a la cúpula de la Federal efectivamente en estado de sospecha. Pero al terminar la limpieza, ayer, casi al cumplir un año de Gobierno, la verticalizó. Ahora, naturalmente, empezará la medición de resultados. Desde el Gobierno, pero sobre todo desde la sociedad.