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Por F. Y. y E. T.

Tranquilo y sin perder la calma, el aspirante a procurador general de la Nación, Esteban “Bebe” Righi, rechazó todas y cada una de las impugnaciones que presentaron en su contra. Sucedió durante la audiencia pública que se realizó ayer en el Senado. “Ha sido frecuente que quienes participaron o convalidaron experiencias autoritarias se conviertan después en severos críticos de un gobierno constitucional, dispuesto a ejercer las atribuciones que le corresponden”, replicó el candidato a sus detractores que le cuestionaron su gestión en el Ministerio del Interior en 1973.
Righi ocupó el estrado junto al presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el riojano Jorge Yoma. No estuvo solo. El aspirante a procurador recibió el respaldo del ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, quien antes de ocupar ese sitio inauguró el nuevo mecanismo de designación de jueces y funcionarios de la Justicia que instituyó el Gobierno.
Las principales impugnaciones estaban dirigidas contra su paso por el gobierno de Héctor J. Cámpora. Los representantes del Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (Fores) cuestionaron, entre otras, la amnistía a los presos políticos que había encarcelado la dictadura de Alejandro Lanusse y que fueron liberados el 25 de mayo de ese año, el mismo día que asumió Cámpora. Righi recordó a sus detractores que presenciaban la audiencia que la medida cuestionada fue sancionada en el Congreso por “una voluntad unánime”.
Fores y el abogado penalista Miguel Padilla cuestionaron además la decisión del gobierno de Cámpora, convalidada por Righi, de disolver la Cámara Federal en lo Penal que había creado la dictadura en 1971. Para los objetores la medida allanó la represión ilegal de la dictadura de Jorge Videla. El candidato a procurador lo rechazó de plano. “De ser así se explicaría que la causa de los asesinatos entre 1976 y 1983 no sería el terrorismo de Estado sino que yo disolví la Cámara en lo Penal.” Midiendo sus palabras pero con firmeza, precisó además que se trató de una decisión adoptada por un gobierno legítimo frente “a la necesidad de no convalidar medidas de gobiernos usurpadores”. Es más, aclaró que “el origen ilegítimo no fue la única razón por la que se suprimió la Cámara Federal”, sino porque la condición de ilegitimidad de la Cámara en cuestión violaba la Constitución “al atribuirle competencia en todo el territorio de la Nación, segundo porque no era un tribunal imparcial y tercero porque dictaba sentencias que los condenados no podían recurrir”. Por si quedaran dudas, remarcó que “de todos modos, cabe preguntarse si de no haber concurrido estos motivos de ilegitimidad hubiera sido adecuado soslayar su origen bastardo, como predica la impugnación”, dijo mientras Yoma asentía.
Righi no dudó en defender la gestión de Cámpora al sostener que “la idea central que orientó la actividad del gobierno del que formé parte partía de reconocer que la crisis que entonces padecía nuestro país estaba precedida por un largo proceso de degradación institucional”. El ex ministro del Interior aseguró que “la revalorización de las instituciones sólo podía alcanzarse evitando recaídas autoritarias”. Según Righi, “ese objetivo sólo era posible mediante la comprensión de que el valor moral de la democracia y la sustantividad del estado de derecho reside justamente en que su principio debe ser aplicado hasta sus últimas consecuencias”, dijo mientras sus detractores se mostraban incómodos en sus sillas.
Finalmente, el representante del procesista Partido Renovador salteño, Ricardo Gómez Diez, quiso saber las razones que llevaron a Righi a representar al dirigente sindical de los mecánicos, José Rodríguez, en la causa por la desaparición de obreros de la Mercedes-Benz. Righi se excusó diciendo que era una atribución de su profesión liberal como abogado.
Una vez que finalizó la audiencia, el senador Yoma consideró que la comisión estableció que la postulación de Righi “no presenta objeciones de ningún tipo en su conducta impositiva y patrimonial”. De todas formas, el propio Righi explicó las razones por las que actualmente cobra un beneficio previsional de 4500 pesos por haberse jubilado tras su paso por la función pública: “La jubilación fue acordada y ha sido percibida en conformidad con el derecho vigente”, afirmó el jurista.