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Dieciséis a uno. Con esa votación aplastante, el plenario del Consejo de la Magistratura decidió iniciar el jury de destitución y suspender por 180 días a uno de los jueces-estrella de la era menemista: Juan José Galeano. El magistrado está a punto de perder su cargo por las gravísimas irregularidades cometidas en el caso AMIA, entre ellas el pago clandestino e ilegal de 400.000 dólares a quien fuera el principal imputado, Carlos Telleldín. Galeano fue uno de los jueces que recibió mayor protección de la Casa Rosada en tiempos de Carlos Menem, contó con el respaldo de los dirigentes de la comunidad judía y a pesar de que se conocen desde hace siete años algunas de las maniobras más graves del expediente, recién ahora se dieron los pasos decisivos hacia su enjuiciamiento. En la imputación a Galeano y en la sesión de ayer del Consejo sobrevolaron las críticas por la lentitud e inacción que existe ante las serias irregularidades cometidas por varios magistrados y las evidencias de que muchos jueces congelaron durante años las causas relacionadas con corrupción de los funcionarios, principalmente del Poder Ejecutivo, pero también de las fuerzas de seguridad e inteligencia.
Ayer, algunos de los consejeros argumentaron que votaban para “lograr una Justicia mejor”.
El caso Galeano es emblemático porque se cruza con el peor atentado de la historia argentina y con la trama que se tejió detrás de la investigación. El Tribunal Oral que a lo largo de dos años ventiló el expediente AMIA fue lapidario y consideró que toda la pesquisa fue una gigantesca maniobra urdida por funcionarios del Gobierno, integrantes de las fuerzas de seguridad e inteligencia y funcionarios judiciales, entre ellos y, con un rol protagónico, el juez Galeano.
Ayer, la administración que encabeza Néstor Kirchner, a través de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, reclamó que se investigara el trasfondo político del escándalo en la investigación del atentado (ver aparte). Pero lo curioso es que el pedido tuvo que hacerse al juez Claudio Bonadío, cuestionado por no avanzar en la investigación de las irregularidades cometidas por su par Galeano y por Menem y Corach, éste último jefe de Bonadío en tiempos en que el ahora juez revistaba en la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia del riojano.
Con lo resuelto en el Consejo se abre ahora el juicio de remoción contra Galeano, en el que oficiarán como acusadores la diputada del ARI Marcela Rodríguez y el abogado Beinusz Szmuckler, redactores de las 300 páginas del dictamen de acusación. Dentro de algunas semanas se iniciarán las audiencias en las que tanto la acusación como la defensa presentarán testigos y pruebas. Al final del proceso los integrantes del jury resolverán si el juez deja de serlo o si resulta absuelto. De los nueve integrantes del jury, seis deben votar para que la destitución se haga efectiva. Por lo que se ha visto hasta ahora en las votaciones, que fueron de seis a cero en la Comisión de Acusación y dieciséis a uno en el plenario del Consejo, los evidencias han convencido a los consejeros.
En concreto, a Galeano se lo juzga por las siguientes irregularidades:
- El pago de 400.000 dólares a quien él mismo involucraba en el atentado, Carlos Telleldín. El dinero salió de fondos de la SIDE y las negociaciones se hicieron en reuniones informales, que nunca fueron registradas en el expediente, y que fueron filmadas en forma clandestina, sin que Telleldín estuviera al tanto de que lo estaban registrando con una cámara. Tras cobrar la primera cuota, la esposa de Telleldín lo llamó al juzgado a través de un celular que le proporcionó la SIDE y le notificó la recepción del dinero. De inmediato, Telleldín firmó la declaración judicial del 5 de julio de 1994 en que involucró en el atentado a un grupo de policías bonaerenses que fueron detenidos poco después. El pago nunca figuró en el expediente, por lo que –según los acusadores– fue clandestino e ilegal.
- Galeano creó una investigación paralela a través de legajos secretos para algunas de las partes, en especial los defensores de los policías y la querella Memoria Activa, integrada por familiares de las víctimas. En el expediente principal ni siquiera se dejaba constancia de la formación de la mayoría de estos legajos, por lo que fue una forma de favorecer a algunas partes en detrimento de otras.
- Utilizó de forma ilegal la figura del testigo de identidad reservada. Muchas veces, sin razones válidas, se ordenaba la apertura de un legajo secreto para que declarara un testigo de identidad reservada. Sin embargo, algunas partes tenían conocimiento de quién era este testigo y qué declaraba, mientras que otras partes ni siquiera sabían de la existencia del testigo ni de su declaración.
- En el juicio oral, varios testigos manifestaron haber sido coaccionados por Galeano, sus empleados o por personal policial. El tribunal incluso menciona un caso de torturas y otro de privación ilegal de la libertad, además de varios ciudadanos a los que se les hacían imputaciones penales serias, pero luego se les “perdonaban” con tal de que declararan en la causa de acuerdo a la llamada pista oficial.
- Al magistrado también se lo acusa de destrucción de pruebas, algo que él mismo reconoció en un escrito en el que admitió haber ordenado la quema de videos que contenían la filmación de declaraciones hechas por testigos que, obviamente, no sabían que estaban siendo filmados. En muchos casos, ni la filmación ni la declaración figuraron en el expediente.
En una jugada de última hora, Galeano le hizo llegar al Consejo una carta en la que argumentaba un larga serie de defectos en la acusación, pero sobre todo que no le dieron derecho a la defensa. Varios consejeros rechazaron la carta: “Estuvo en siete audiencias con nosotros, totalizando 40 horas de defensa. Le pedíamos que hablara del pago a Telleldín y postergaba su argumentación o directamente decía estaba cansado y que abordaría el tema en la siguiente sesión. Nadie tuvo hasta ahora tantas prerrogativas como él”.
El juez Abel Cornejo, el único que votó a favor de Galeano, argumentó que debía esperarse a que la Cámara de Casación resolviera la apelación al fallo del Tribunal Oral, pero todos coincidieron en que las evidencias existentes era suficientes para iniciar el jury y que lo que decida Casación correrá por cuerda separada.
En medio de una enorme tensión, cerca de las diez de la mañana comenzó la votación. A escasos metros había una ruidosa manifestación de empleados judiciales reclamando, con bombos, un aumento de sueldos. “Hace diez años y medio que estamos peleando por justicia –le dijo Adriana Reisfeld, que perdió a su hermana en el atentado, al delegado de los judiciales–. Les pedimos que en este momento clave hagan silencio y permitan la votación.” Tras consultar con el resto de los manifestantes, el delegado aceptó frenar la protesta sólo hasta que se terminara de tratar el caso Galeano. Entonces, en el marco de un silencio sepulcral, casi religioso, los consejeros siguieron votando, uno a uno, hasta completar el 16-1. Pocos segundos después, los bombos volvieron a hacerse oír.