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La discusión quedó trunca en diciembre, cuando dos proyectos de educación sexual para la ciudad de Buenos Aires se enfrentaron en la Legislatura y ninguno obtuvo los votos necesarios para imponerse. “Como el año pasado no salió ninguno de los dos, nos comprometimos a presentar el nuestro de vuelta y seguir dando el debate”, sintetizó ante Página/12 la legisladora porteña Ana María Suppa (kirchnerista). Si bien en líneas generales los ejes de este proyecto se mantienen, ahora se incluyeron algunos cambios para abrir el juego a la participación de la comunidad escolar, tomando algunas de las críticas elevadas por quienes se oponían a la propuesta.
El proyecto impulsado por Suppa junto a Diego Kravetz (también del kirchnerista Frente para la Victoria) y Florencia Polimeni (macrista) planteaba el siguiente esquema: los contenidos, tanto para las escuelas públicas como para las privadas, serían definidos por el Estado. Esa enseñanza estaba prevista para todo el ciclo obligatorio educativo, es decir desde el preescolar, atendiendo a cada etapa de los alumnos de acuerdo con su edad y desarrollo psicofísico.
Cuando esta iniciativa –impulsada desde 2001 por Juliana Marino– fue avanzando hacia su tratamiento, Santiago de Estrada optó por diseñar un proyecto propio, que contó con el apoyo del Arzobispado de Buenos Aires. En él se consideraba que la educación sexual es una “responsabilidad natural” de los padres. Siguiendo el razonamiento, correspondía a cada escuela decidir si trabajar o no en el tema, para lo que se establecía un punto de partida: el séptimo grado. Ninguno de los dos logró la cantidad de votos necesaria y el debate se tomó vacaciones. Pero Suppa, desde el día siguiente a esa discusión frustrada, anticipó que durante el curso de este año insistiría con su proyecto.
–¿Presentarlo otra vez implica iniciar una segunda etapa o es empezar de nuevo? –preguntó este diario.
–Si lo planteamos de esa manera es una segunda etapa. Creo que quedó muy claro que la ley es necesaria y que el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Para nosotros, era una asignatura pendiente seguir con este debate que no sólo se dio en el recinto, sino también en la calle.
Los dos ejes sobre los que se centraron las críticas de los sectores más conservadores de la Legislatura porteña no han sufrido modificaciones. Por lo tanto, la Secretaría de Educación sigue siendo la encargada de disponer los contenidos de la enseñanza, que también está prevista para todo el ciclo obligatorio. Esta falta de variaciones anticipa que en esta nueva oportunidad el debate seguirá siendo arduo. Pero Suppa insiste en la importancia del rol estatal: “Es fundamental la presencia del Estado en el tema. Con mayor información, la iniciación sexual traerá menos problemas, porque de esa manera hombres y mujeres podrán cuidar y respetarse a sí mismos y al otro”, apuntó la legisladora.
Ahora bien, en el campo de las diferencias, los cambios recogen uno de los puntos del proyecto de Estrada que se habían comprometido a estudiar. Esa iniciativa incluía talleres optativos para padres, una definición que fue profundizada para aclarar su alcance, según explicó Suppa. Esa reforma abre la participación, al considerar que “no existe la antinomia padresescuela”, destacó Suppa. En cambio, se habla de la comunidad educativa, que está formada por todos los actores: los docentes, la cooperadora, los directivos y los padres. A estos últimos se les ofrece la posibilidad de sumarse a talleres de educación sexual integral, con el fin de “comprender y abordar adecuadamente” aspectos vinculados con la educación sexual, para “promover y facilitar la comunicación y diálogo en el ámbito familiar”.
En ese espacio –que no es obligatorio, sino que funcionaría a pedido de los padres– podrán encontrar información “pertinente y confiable para comprender aspectos vinculados a la educación sexual de sus hijos, y generar un canal de comunicación entre ambos”, subrayó Suppa.
El segundo de los cambios se vincula a los “contenidos actitudinales”. A diferencia de los “conceptuales”, definidos por el Estado, los primeros corren por cuenta de la escuela. “Cada unidad escolar, en consulta con la comunidad, puede agregar contenidos relativos a la formación en valores éticos y morales que considere pertinentes de acuerdo con el ideario de la comunidad escolar”, se señala en el proyecto. Por ejemplo, las instituciones podrán tomar como un valor la abstención sexual. Aunque ello no las exime de cumplir con los contenidos básicos comunes dispuestos por la Secretaría de Educación, iguales para todos los alumnos de escuelas públicas y privadas.
Suppa sigue creyendo que “la sociedad está más adelantada que los legisladores de la ciudad”. Su balance es positivo: “El debate fue bueno y no se dio sólo en el recinto, porque la gente con la que yo hablo en la calle la apoya, ni siquiera se lo plantea como una dificultad”.
Al mismo tiempo, consideró que si bien “la gente acompañó, no fue suficiente. Nos proponemos seguir persuadiendo y continuar con esta asignatura pendiente. Espero que algunos legisladores de esta casa lo tomen con mayor seriedad y estén abiertos a esta problemática”.
Informe: Daniela Bordón.