EL PAIS › EL PROCURADOR DEL TESORO NO DESCARTA UNA
RUPTURA CON EL ORGANO ARBITRAL DEL BANCO MUNDIAL

“La que rompe no sería Argentina, sino ellos”

El Ciadi, dependiente del Banco Mundial, rechazó la recusación argentina contra uno de sus árbitros que antes había participado de una demanda contra el país. Pero se negó a dar sus fundamentos. El representante argentino calificó esa actitud de arbitraria y no descartó, ante Página/12, una ruptura de relaciones.

 Por David Cufré

El tribunal internacional que tramita los juicios de las privatizadas contra la Argentina se comporta de un modo “perverso”. “Ya no puede ser llamado como un centro de justicia”, dado que asume actitudes “imposibles de superar en su arbitrariedad”. Todo esto lo dijo el Gobierno en una nota oficial al Ciadi, el organismo en cuestión que depende del Banco Mundial. La pelea con ese cuerpo viene creciendo en intensidad, pero el Poder Ejecutivo parece dispuesto a llevarla al extremo. El procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, le dijo a Página/12 que “de mantenerse semejante grado de arbitrariedad, no sería la Argentina la que rompe con el Ciadi, sino ellos los que rompen con nosotros”. Este conflicto es otra cara de la pulseada con los organismos de crédito.
La gota que rebasó el vaso fue una decisión polémica del Ciadi: ratificó en su puesto al juez que fallará en la demanda de Siemens contra la Argentina por la anulación de su contrato para la provisión de los DNI. El Estado lo había recusado por dudar de su imparcialidad. Se trata del español Andrés Rigo Sureda, quien forma parte de un estudio jurídico que defiende a empresas querellantes de la Argentina, como Azurix. Para la Procuración, esta situación constituye “un claro cruce de intereses y una grave falta ética”.
El Ciadi, en cambio, consideró que Rigo Sureda está habilitado para presidir el tribunal que laudará en el caso Siemens. Se respaldó en la opinión de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, a la que remitió la queja argentina y que habría recomendado mantener al español como juez. Al menos, eso fue lo que el Ciadi le comunicó al Gobierno, pero sin remitirle ni los argumentos de la Corte de La Haya ni los suyos propios para desestimar la recusación. Cuando Guglielmino los reclamó, le respondieron que “el Ciadi tiene como práctica no entregar los fundamentos” de sus decisiones.
El funcionario respondió con una carta furibunda que deja la relación del Poder Ejecutivo con este tribunal al borde de la ruptura. “Nadie puede concebir que un Estado se someta ante un juez que se comporta como los viejos emperadores romanos, juzgando con el dedo para arriba o para abajo”, sentenció el procurador ante este diario. La advertencia fue más allá del caso Siemens y se extendió al resto de las causas en trámite. El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, ya había anticipado que los fallos del Ciadi no serían acatados automáticamente, sino remitidos a la Corte Suprema para su revisión. El Gobierno espera que el Congreso apruebe un proyecto de ley que ratifica esa posición.
Las privatizadas utilizan sus juicios internacionales como un arma de presión para obtener mejores condiciones en la renegociación de sus respectivos contratos. Se presentaron 32 demandas por el supuesto incumplimiento de contrato que significó la pesificación y el congelamiento de las tarifas, que darían lugar a indemnizaciones –de acuerdo con el reclamo de las empresas– por un total de 16.000 millones de dólares. Entre las querellantes están Telefónica y Telecom, Aguas Argentinas, Edenor y Edesur, Distribuidora de Gas Pampeana y del Sur, Azurix y Siemens.
“Argentina está muy preocupada por el trato, en algunos casos extraordinariamente arbitrario, al que está siendo sometida por el Ciadi.
Esto le hace concebir todas las soluciones posibles para salir de una situación que devino en una especie de trampa y que no tiene nada que ver con los tratados firmados”, insistió Guglielmino, ante la consulta de Página/12 sobre si el Gobierno maneja la hipótesis de romper con el tribunal. “Si el proceso arbitral transcurre normalmente y no se comete este tipo de desastres, la Argentina cumplirá lo que diga el Ciadi. Pero cuando uno es sometido a semejante colmo de arbitrariedad, lo que debe remarcarse es eso y no si uno acatará o no”, agregó.
En la nota que el funcionario remitió al secretario general adjunto del Ciadi, Antonio Parra, le reprocha en términos inusuales su negativa a proveerle los fundamentos del organismo para rechazar la recusación de Rigo Sureda. “Lamento la nota que me ha enviado hoy”, arranca, en referencia al viernes pasado. “Más lamentable aún es notar que tanto usted como todos los funcionarios que conozcan este episodio antijurídico no se escandalicen ante una práctica imposible de superar en su arbitrariedad”, añade. Más adelante afirma que “no le pido sino que le exijo conocer los nombres de todas las personas que han participado en este episodio tan desgraciado”.
Parra le contestó con una carta no mucho más amigable. “Por este medio la Secretaría ha tomado nota de su disconformidad (...). Al respecto, debo señalar que la recomendación formulada por el Secretario General de la Corte cumple plenamente con la práctica de esa institución, así como los usos internacionales en la materia”, señaló. “La decisión es final y no cabe procedimiento de apelación”, completó.
En diálogo con Página/12, Guglielmino se mostró sorprendido porque un organismo como el Ciadi “llegue al colmo de tomar decisiones sin fundamentar y que defiendan esa línea”. Con respecto a cuál será la estrategia frente a la demanda de Siemens, Guglielmino adelantó que podría pedirse la nulidad del caso y solicitar la convocatoria a un nuevo tribunal. Si el Ciadi lo rechazara, se redoblaría la apuesta. “Argentina está elaborando una estrategia para responder dentro del derecho internacional contra este tipo de atropellos. Hay mecanismos que por ahora no podemos contar”, indicó. Aunque no quiso avanzar más de ahí, remarcó que “apelaremos a todos los recursos que tiene un Estado soberano para impedir que se burlen sus derechos”.

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Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro y defensor oficial en las causas contra la Nación presentadas en el Ciadi.
 
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