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El fiscal Bernardo Schell pidió a la Justicia que desista de interrogar a Eduardo Duhalde, Juan José Alvarez, Felipe Solá y otros funcionarios sobre la masacre de Avellaneda. El ex presidente y sus colaboradores debían presentarse mañana en los tribunales de Lomas de Zamora para responder, en calidad de testigos, sobre la represión en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Desde principios de la semana había rumores de que no lo harían. Se decía, por ejemplo, que evitarían concurrir declarando por escrito o con algún mecanismo parecido. Lo que nadie esperaba es que fuera el fiscal, encargado de impulsar la acusación, quien les abriera esta vía. Tras recibir el pedido, el Tribunal Oral resolvió “suspender momentáneamente” las citaciones.
El planteo fue formulado durante la audiencia de ayer. En la sala donde se desarrolla el juicio, Schell dijo que había tomado conocimiento de que los funcionarios están imputados en dos causas vinculadas con la masacre. La primera fue abierta en el juzgado federal en lo Criminal 4 contra Duhalde, Carlos Ruckauf y el gobernador Felipe Solá, denunciados por la madre de Maximiliano Kosteki; la segunda, radicada en el juzgado federal 1, tiene como acusado al ex secretario de Seguridad Juan José Alvarez. Dado que están siendo investigados, señaló el fiscal, tomarles declaración testimonial violentaría su derecho de defensa porque, al estar obligados a decir la verdad podrían autoincriminarse en los otros expedientes.
Schell extendió su pedido a otros dos ex ministros, Jorge Matzkin (fue titular de Interior) y Alfredo Atanasof (ex jefe de Gabinete). Aunque desconocía si están imputados, los incluyó para que se averiguara su situación judicial antes de interrogarlos. El fiscal alegó que lo hacía porque el ministerio público “es contralor de la legalidad del proceso”.
La citación de Duhalde y sus colaboradores había sido impulsada por los abogados de las víctimas en su condición de querellantes, ya que en los tres años que pasaron desde la represión, la Justicia no investigó quiénes dieron las órdenes para el operativo que dejó dos muertos y 33 desocupados heridos de bala. Había elementos para hacerlo: la protesta del 26 de junio del 2002 fue una movilización que reunió a un amplio conjunto de organizaciones opositoras al gobierno de Duhalde. Los reclamos sumaban a desocupados y asambleas barriales, y en los días previos a su realización el Gobierno expresó su intención de ponerles un límite.
El entonces secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, dispuso por primera vez frente a un conflicto social un operativo coordinado de todas las fuerzas: la Policía Federal, la Prefectura, Gendarmería y la Bonaerense. Los querellantes pretendían preguntarle no sólo sobre esta decisión, sino también por los motivos por los cuales no frenó la represión, que duró más de una hora.
“Que el fiscal salga a proteger a los funcionarios es realmente patético”, dijo ayer el abogado Claudio Pandolfi, patrocinante de las víctimas. “Desde un punto de vista político esto era algo esperado. Estamos en el Poder Judicial de Lomas de Zamora, en el municipio de Eduardo Duhalde, juzgando una represión que ocurrió durante su presidencia, citando a declarar a quienes integraron su gabinete. Todos los fiscales, no sólo Schell, se han negado a investigar por encima de los policías. Pero ahora han llegado al punto de ahorrarles el costo de argumentar por sí mismos: Duhalde hubiera podido mandar un escrito por sí mismo alegando que está imputado.”
Marcelo Parrilli, quien patrocinó a Mabel Kosteki en una de las causas judiciales mencionadas por el fiscal Schell, dijo a Página/12 que la denuncia está congelada. “Nunca avanzaron en la investigación.” Para los abogados, se trata de la misma técnica judicial que se utilizó durante el menemismo para garantizar la impunidad. En un comunicado de prensa, el Frente Darío Santillán anunció que hará un escrache al fiscal por “proteger a los acusados. Esto fue un manotazo de ahogado de los funcionarios que no pudieron declarar por escrito (el Código Penal bonaerense no lo permite) ni por videoconferencia. Hubieran tenido que presentarse en un contexto de fuertes movilizaciones”.
La “suspensión momentánea” de las declaraciones (el tribunal dejó pendiente una respuesta definitiva) no fue la única novedad. Los jueces Elisa López Moyano, Jorge Roldán y Roberto Lugones se opusieron a que los abogados puedan tomar notas o fotocopiar los archivos de la SIDE. Admitieron que las partes puedan leerlos y usarlos para hacer preguntas a los testigos, pero los abogados deberían tener una memoria prodigiosa para recordar, sin tomar apuntes, el contenido de 150 fojas y usarlos para interrogar. Eso en el caso de que tuvieran testigos de peso. Como viene la historia, parece que en la sala de audiencias sólo quieren declarando al vigilante de la esquina.