El juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale se llevó dos computadoras, dos discos compactos y material impreso del primer allanamiento realizado en dos oficinas del Comando de Operaciones Navales de Puerto Belgrano, corazón político y militar de la Armada. En un operativo de cinco horas, el magistrado inspeccionó la Jefatura de la División de Inteligencia y la División Operativa de Puerto Belgrano a pedido de la justicia de Rawson, que investiga los alcances de la red de espionaje ilegal en la Armada. Entre el material incautado hay memorandos –unas diez hojas en total– de comunicaciones de “inteligencia interior” entre Trelew y Puerto Belgrano. El juez concurrió al lugar con un equipo formado por dos secretarios penales, el fiscal Antonio Castaño y peritos capaces de revisar las máquinas, pero optó por no demorar más el procedimiento, empaquetar las cinco CPU y enviarlas para que sean examinadas en Rawson. Entre lo que alcanzó a ver, dentro y fuera de las computadoras, el juez encontró documentación clasificada de “secreto”, otra “confidencial”, otra “estrictamente confidencial” con informes sobre objetivos militares –que fueron dejados de lado– y sobre objetivos “comunitarios”, que fueron aquellos que secuestró. Fuentes del juzgado de Bahía Blanca explicaron que una parte de los memos son pedidos con origen en Trelew. Otros, en cambio, son respuestas. Entre los papeles, sin embargo, los investigadores no encontraron ninguna mención a otra base naval ni documentos enviados o transmitidos desde el Edificio Libertad de Buenos Aires. Sólo vieron información de otros lugares pero con contenido “militar” o de “seguridad externa”. El dato es importante: los documentos permitirían confirmar que existía un canal de ida y vuelta entre Rawson y Puerto Belgrano, en línea con lo que sostiene el juzgado de Jorge Pfleger a cargo de la pesquisa principal. Los documentos no agregan nada, al menos hasta su revisión completa, sobre el alcance nacional de la supuesta red de espionaje naval.