El teniente coronel retirado Héctor Mario Schwab, con pedido de captura internacional dictada por el juez español Baltasar Garzón, es uno de esos oficiales retirados que siguen ufanándose de sus “hazañas de guerra”. Como presidente de la Promoción 100 del Ejército suele arengar en las tertulias del Círculo Militar y su nombre saltó a la luz pública como el oscuro Pigmalión de Cecilia Pando, la esposa del mayor Rafael Mercado, el oficial que fue pasado a retiro por mantener silencio ante las proclamas antidemocráticas de su cónyuge. Formado en los grupos de tareas de Antonio Domingo Bussi, Schwab parece haber aprovechado sus “saberes” para insertarse en democracia: en 1998 fundó la empresa Scanner S.A. de investigaciones privadas y seguridad. En el 2001 fue contratado por la entonces Movicom y a raíz de los métodos empleados para disuadir a trabajadores tercerizados de las denuncias judiciales contra la empresa está siendo juzgado por amenazas y extorsión. Por esas mismas prácticas durante la dictadura, Schwab enfrenta otras causas en Tucumán (ver aparte).

Nacido en Tucumán en 1946, Schwab no sólo no perdió las mañas sino que lidera el grupo que da apoyatura logística y económica a familiares de represores detenidos por delitos de lesa humanidad. Impulsó a Pando y a su propia hija Pía Schwab a integrar la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Argentinos (Afyappa). Las mujeres, enfundadas en remeras ad hoc que muestran una bandera argentina tras las rejas, organizaron varias marchas frente a Tribunales. La poca repercusión social de la demanda de sus protegidas habría llevado a Schwab a buscar asesoramiento de imagen. Quizás en ese giro haya que encontrar la razón del bajo perfil de Pando después del último intento infructuoso de acompañar a la hija de un militar asesinado por la guerrilla para encadenarse a las rejas del Edificio Libertador en las vísperas del 24 de marzo. La señora no siguió repitiendo por los medios que “los desaparecidos están vivos y paseando por España”, un discurso tan revulsivo que también atenta contra las pretensiones de su esposo que presentó ante el Ejército un recurso para que se revea su pase a retiro.

Schwab, preocupado por los efectos comerciales de su vinculación con el matrimonio, habría revisto el contrato de Mercado en Scanner y le habría conseguido otro conchabo como vendedor de seguros. Ella, mientras tanto, sigue como asesora de la diputada Nélida Mansur, la suegra de Luis Abelardo Patti, y se vinculó con uno de los colegios de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (Fasta), que encabeza el cura ultranacionalista Aníbal Fosbery.

Los métodos

Hasta ahora no había trascendido otra causa que tiene a mal traer al represor en la Justicia. Página/12 tuvo acceso al expediente de la querella por extorsión que le iniciaron Claudio Martín Manolio y Cintia Magali Zarza, dos ex empleados de una agencia oficial de Movicom que habían denunciado a la telefónica, propiedad en ese momento de la estadounidense Bellsouth. El año pasado Movicom fue comprada por Telefónica de España y pasó a llamarse Movistar.

La historia empezó en el 2001 cuando los abogados Pablo Zubcov y Marcelo Domínguez se presentaron ante el entonces gerente de Asuntos Legales de Movicom, Luis Federico Kenny, como patrocinantes de los reclamos laborales por relación de dependencia no reconocida de 201 “trabajadores no registrados” de agencias oficiales de la telefónica y amenazaron con una demanda de 130 millones de pesos. La empresa replicó denunciando por maniobras extorsivas a los abogados y, en forma simultánea, contrató losservicios de Scanner S.A. para corroborar la veracidad de los testimonios de los trabajadores demandantes. Los métodos utilizados generaron la causa por amenazas y extorsión contra el represor.

La declaración testimonial de Schwab, realizada el 28 de febrero del 2003, no tiene desperdicio. En su carácter de presidente de Scanner dijo que fue contratado por la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles (CRM-Movicom) por sugerencia de la abogada Carolina Durand del Departamento Legales de Movicom, quien está relacionada con el estudio de Roberto Durrieu, cliente de Scanner. Durrieu es el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y tiene entre sus pergaminos el haber sido subsecretario de Justicia del dictador Jorge Rafael Videla y fiscal de Estado bonaerense durante la intervención de Ibérico Saint Jean y Ramón Camps en la policía.

Orgulloso de su desempeño, Schwab dijo que “el plan fue investigar a los declarantes” y que “el método llevado adelante” fue ideado por él. Detalló que llamó por teléfono a Santiago Bendera, uno de los ex empleados denunciantes, lo citó en las oficinas de Scanner, Florida 868, 6 “B” y le comentó que los reclamos que había iniciado no se ajustaban a la realidad y le refirió que “estaba caminando por la cornisa”. Entonces Bendera le “preguntó qué podía hacer para ‘despegarse’ del problema” a lo que Schwab le respondió que hiciese “una declaración espontánea” ante un escribano y le recomedó que fuera a ver a “la escribana Marchese, de la cual Scanner es cliente”.

Al relatar sus logros, esta vez ante otro ex empleado, Daniel Barrientos, el teniente coronel retirado testimonió que “Barrientos se quebró y confesó” (sic) que había hecho la denuncia por su acuciante situación económica. En julio del 2003, Schwab apela a los servicios de la misma escribana Marta Marchese para dejar constancia de su renuncia a la presidencia de Scanner y que la titularidad de la firma pasó a su esposa Ada María Palermo y su hija Pía. La medida es simultánea con el pedido de captura dictado por el juez español en la causa por genocidio y terrorismo de Estado que lo llevara a la cárcel por poco tiempo aunque sigue investigado por la represión en jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército.

Schwab está denunciado junto a otros dos empleados de Scanner, Angel Alberto Esainz y Hugo René Saavedra, agentes también de los aprietes más directos. En la causa se suman los testimonios que dan cuenta de los métodos de la patota reciclada. Adriana Silvia Farran, hermana de una denunciante, recibió la visita de los hombres y después de otra ex empleada de la firma, aterrorizada porque le habían hecho saber que conocían todos los movimientos de su familia. Rubén Angel Vitaliano declaró que “el señor Schwab tomó la posta en la charla y empezó con determinadas amenazas como que el dicente podía tener algún tipo de accidente, y que tenía que tener cuidado porque era un padre de familia. Además le dijo que su hija mayor había nacido en Tucumán, cosa que es cierta, y ahí notó que habían estudiado todos sus movimientos (...) terminó la charla con la invitación de Schwab a que pensara muy bien lo que iba a hacer”.

“El método”, ideado por el teniente coronel, se completaba con el ofrecimiento de sumas en efectivo para desistir de la demanda. Sumas que, según el caso, oscilaron entre los 2500 y más de 20 mil pesos. Montos insignificantes teniendo en cuenta el riesgo que suponía para la empresa enfrentar condenas por evasión previsional e indemnizaciones.

Los fines

El entonces presidente de Movicom, Mauricio Elías Wior, dijo en la causa que se había contratado a la empresa de Schwab para determinar cuáles de los reclamos laborales resultaban legítimos, y no dudó en considerar que”la tarea desarrollada por Scanner resultó satisfactoria”. Es cierto: según el entonces defensor de Schwab, Santiago Feder, “del universo de 201 personas que a través de telegramas o cartas documentos realizaron reclamos laborales, 129 desistieron, 8 llegaron a un acuerdo extrajudicial y sólo 64 continuaron con las demandas”. El representante de los ex empleados, Pablo Zubcov, retrucó que “habría que preguntarse qué capacidad negociadora puede tener un simple trabajador frente a un represor de la calaña de Schwab. Sólo así se explican estos ‘inusuales’ desestimientos y que varios trabajadores hayan decidido no efectuar reclamo alguno”.

El juzgado de Instrucción Número 30, a cargo primero de Héctor Luis Yrimia –un hombre con fuertes vínculos con la Policía Federal– y después de Ignacio Belderrain, sobreseyó a Schwab y a su patota, pero la Sala V de la Cámara del Crimen ordenó continuar con la causa. El fallo, firmado por Guillermo Navarro y Mario Filozoff, sostuvo que “más allá de que (los reclamos laborales ) se ajusten a la realidad o no (...) la solución a ellos no se compatibiliza con métodos que, de existir, resultarían, cuanto menos, objetables. El fin, en un sistema democrático, no justifica los medios”.