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Es en el respeto, en el apego a la ética, donde la Corte Suprema transita su peor terreno. En el resto de las causas tal vez pueda ensayar cierta defensa apegada al derecho, pero es a la hora de explicar por ejemplo por qué decidieron no hacer públicas sus declaraciones juradas como el resto de los funcionarios, donde se vean en mayores problemas. Algo similar ocurrirá cuando deban fundamentar por qué motivos “confiscaron” a una procesada en una causa por drogas su automóvil particular. Ambos casos integran los expedientes del capítulo en el que se estudia el comportamiento ético de los supremos y que está a cargo de la diputada Nilda Garré.
Un convenio formalizado entre Alberto Lestelle por la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el alto tribunal de justicia, preveía que “el 50 por ciento del producido de la venta de los bienes decomisados” sería entregado a la Corte Suprema para que ésta lo destine a cubrir las necesidades de funcionamiento” de los tribunales competentes en cuestiones de narcotráfico. Para que un bien sea decomisado es requisito que se haya acreditado que el mismo es producto de un hecho delictivo o fue adquirido con lo obtenido en el hecho. En cualquiera de los casos se está hablando de cosa juzgada y de personas condenadas.
No sucedió así en el caso de Beatriz Díaz, una detenida en el marco de una causa de narcotráfico, conocida como Mundo Blanco o Alas Blancas. Una vez absuelta y ya en libertad, la procesada descubrió que su flamante Renault Laguna estaba siendo usado por el titular de la Corte, el riojano Julio Nazareno. Además de polarizar los vidrios de su automóvil, de convertir los 10 mil kilómetros de uso en 80 mil, de perderle su estéreo y de acumularle una deuda de patentes por un monto cercano a los 4.500 pesos convertibles, los supremos habían inscripto el vehículo a nombre de la Corte. Sin embargo una de las mayores dudas que los hombres que transitan los tribunales no pueden responder es por qué motivo, los supremos inscribieron el auto a su nombre. Para esto trasladaron el bien de jurisdicción y claro está sin la firma de su titular.
Las camaristas del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, que entendieron en el proceso de Díaz, tampoco pudieron salir de su asombro y elevaron una denuncia a la Cámara Federal porteña. Además del Renault Laguna, los cortesanos también habían transferido a su dominio un Ford Escort. Ambos automóviles estaban dentro del expediente que juzgaron las camaristas, Angela Ledesma, Lucila Larrandart y Marta Milloc. Luego del sorteo de rigor, la denuncia de las camaristas recayó en los juzgados de Gabriel Cavallo y José Luis Ballestero. Ninguno de los magistrados requirió a sus colegas de San Martín copia del expediente, ni tampoco tramitaron ningún oficio. El único llamado que se registró en el tribunal bonaerense provino de un fiscal que pregunto “¿a quién están acusando ustedes?”. La respuesta lo dejó en silencio y nunca más volvió a pedir ningún oficio. “Acusamos a la Corte Suprema”, respondió un funcionario del tribunal oral. Cuando se conoció el caso, el secretario general de la Corte, Cristian Abritta, había admitido que “los ministros de la Corte están legalmente habilitados para el uso tanto profesional como personal de los autos secuestrados. Es común que los usen para ir a sus campos, quintas de fin de semana, para ir a jugar al golf o para dar clases de derechos”. Qué sea habitual, no explica porque tuvieron que transferir a su nombre el dominio del bien y mucho menos explica la falta de ética. Algo de esto deberán explicar ante la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados.