¿Está de acuerdo con la reforma procesal y el paso a un sistema acusatorio?

–Por supuesto. Es el sistema de enjuiciamiento compatible con la república. Un sistema de enjuiciamiento donde los jueces concentran todas las facultades, de investigar, preguntar y decidir, eso es un residuo de la monarquía. Toda la comunidad jurídica ha acompañado el proceso acusatorio, lo que no quiere decir que los fiscales detenten todo el poder. Hay que distribuir el poder entre todos los actores que intervienen en el proceso. Así como en el mundo de la política hay tres poderes que ejercen controles y contrapesos, el proceso penal tiene lo mismo: el juez con sus funciones, los fiscales con sus funciones, la defensa con sus funciones y las víctimas con un rol más importantes.

–Es la cabeza de los fiscales. Con sus instrucciones colabora con la definición de la política criminal. En un sistema donde las funciones están repartidas, ya es garantía. Pero a eso habría que adicionarle mayor participación popular. Por ejemplo, con el juicio por jurados o con audiencias públicas para la resolución de determinados casos, que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones. Que se avance hacia un modelo de justicia dialógica, con más participación de la ciudadanía. No voy a opinar sobre las designaciones de fiscales y las acusaciones a la Procuración, porque es un debate político.

–No puedo hablar de los jueces que han iniciado causas o tomado decisiones, habrá que ver qué elementos tuvieron para hacerlo. Lo que veo, en todo el mundo, es que cuando los funcionarios se acercan al fin de su mandato, las causas de corrupción empiezan a aumentar. Eso puede tener dos lecturas: o que los jueces ganan en independencia cuando el poder político decae, o que cuando hay decisiones que ponen en riesgo el status quo, reaccionan. Igual no creo que todos los jueces se resistan, incluso algunos deben sentirse aliviados por no tener a su cargo muchas de las funciones que hoy tienen en la instrucción.

–No creo que el eje deba pasar por el reparto de poder, sino por la distribución de funciones. Y el modelo acusatorio las distribuye en forma compatible con el principio republicano y para asegurar el debido proceso

–Es evidente que es distinta la legitimidad del Poder Judicial, que no es elegida por voto popular, que el legislativo. Pero la Justicia no se democratiza con elección directa de los jueces, eso conduce a la partidización de la Justicia. Democratizar es poner la Justicia más cerca de la gente, transparentar concursos, instalar el juicio por jurados. No creo que este último sea la panacea para resolver problemas de seguridad. Pero es una deuda, está prevista tres veces en la Constitución y sería un paso significativo en participación y control de las decisiones judiciales. No creo que redunden en un populismo punitivo, el mismo riesgo se corre con los jueces técnicos. La participación popular en las decisiones judiciales es algo sano y necesario.