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La intervención al Servicio Penitenciario Bonaerense fue decidida de apuro ante la inminencia de una presentación judicial del ex funcionario de inspecciones y sumarios en la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia, Juan Manuel Casolati. Cuando dejó ese cargo, pasó a la secretaría de derechos humanos como abogado. El titular de la dependencia, Remo Carlotto, le prohibió realizar la denuncia, ya que el gobierno pretendía impedir revelaciones peligrosas y encubrir las responsabilidades correspondientes. Pero Casolati rechazó la presión de Carlotto, le presentó la renuncia y luego se dirigió a la fiscalía general de San Martín. Allí denunció desviación de fondos de la caja chica del SPB, retención del dinero que ganan los presos con su trabajo, negociados con las compras de la proveeduría, sobreprecios pagados a empresas fantasmas proveedoras de alimentos, falta de control de calidad y precio, remitos firmados por mercadería no entregada. Los lectores de estas páginas conocen con mayor detalle ese tipo de maniobras y, sobre todo, los nombres de sus responsables.
No es descartable que la denuncia de Casolati haya obedecido al temor de ser a su vez denunciado, ya que las maniobras que menciona caían en la órbita de su subsecretaría. El interventor designado es el ex penitenciario federal Ricardo Héctor Cabrera. Su segundo, Osvaldo Marcozzi, ex secretario del Consejo de la Magistratura, es un hombre de confianza del ex Senador Provincial Carlos Martínez. El laucha Martínez fue el puntero político que negoció con Duhalde la entrega de Los Horneros, responsables del asesinato de José Luis Cabezas, que militaban en su agrupación. Como subsecretario de Justicia de Carlos Rückauf, Martínez designó en asuntos penitenciarios a Miguel Plo, durante cuya gestión la mafia penitenciaria ganó en autonomía y prepotencia y las cárceles se convirtieron en temibles campos de concentración y exterminio. Al anunciar la intervención, Solá dijo que el ministerio de Justicia se haría cargo de la administración del Servicio. Eso no es cierto: la ejerce desde hace meses, lo cual eleva el nivel de las responsabilidades que se intenta encubrir. También dijo que los más altos jefes del SPB fueron ratificados en sus cargos. Eso sí es verdad. Entre ellos están los torturadores Ramón Fernández a) Manchado; Roberto Beriay, a) El Sátiro de la Zapatilla y Pedro Guerrero, a) El Vietnamita. Luego de la investigación sobre sus antecedentes publicada aquí (entre las personas que torturaron está el actual secretario legal y técnico de la presidencia, Carlos Zannini) el gobierno anunció su relevo. Era otro engaño: habían pasado a disponibilidad simple, es decir que quedan a disposición de Jefatura (artículo 22 de reglamento sancionado durante la dictadura y aún vigente), con goce de sueldo, sin consecuencias para ascensos y retiros (artículo 25) y “a la espera de destino” (artículo 171). Si, en cambio, los hubieran puesto en “disponibilidad preventiva” o “calificada” (artículo 180) al menos se les hubieran suspendido los beneficios y el goce de sueldos y hubieran sido sometidos a un sumario administrativo. Ni eso.