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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) exigió la depuración de las Fuerzas Armadas y que las autoridades militares admitan la “vía judicial como el único modo de enfrentar los crímenes del pasado”. El comunicado del organismo fue difundido luego de conocerse el testimonio del teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Batallón 141 de Córdoba durante el último gobierno militar. “Las confesiones de Bruno Laborda demuestran, una vez más, que el tratamiento de los crímenes de la dictadura tiene un largo camino que recorrer. Las Fuerzas Armadas y de seguridad están obligadas a aportar todos los datos que posean a la Justicia, para posibilitar el conocimiento de la verdad y el castigo a los responsables”, afirma el CELS. En ese sentido, destacaron la decisión del jefe del Ejército, Roberto Bendini, de trasladar a la Justicia la declaración del militar, una “resolución que apunta en esta dirección”. El CELS también señaló que, mientras muchos jueces del país ya declararon la inconstitucionalidad de los indultos y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, “las declaraciones se hacen públicas en un momento en que la Cámara de Casación Penal está en una encrucijada: impunidad o justicia”.