“El ministerio está estudiando la situación para expedirse en un plazo razonable”, informaron en la cartera de Defensa cuando Página/12 preguntó si el general Jorge Alberto Tereso, director de Planeamiento del Ejército, seguirá en el cargo luego de la denuncia sobre su participación como teniente primero en el Grupo de Tareas 3.3 de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) exigió “al Gobierno que investigue las acusaciones contra el general Tereso (...) para esclarecer si tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos por dicho grupo de tareas”.

En diciembre del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo elevó al Senado los pliegos de 187 oficiales para su ascenso, el CELS consideró que “el caso del militar Tereso merecía un análisis especial”. En diciembre de 2003 Tereso había sido relevado de la Secretaría General del Ejército y se le impuso una sanción disciplinaria, por orden del presidente de la Nación, por haber solicitado a la Justicia que autorizara a varios generales procesados por crímenes contra la humanidad a pasar la Navidad con sus familias.

Por esa gestión Tereso recibió una leve sanción –en rigor había cumplido la orden de su jefe y compañero del arma de Caballería, Roberto Bendini–, pero nunca abandonó el Edificio Libertador. Sin embargo, hasta ahora no se había denunciado que hubiese integrado el GT3.3 de la ESMA y que hubiese sido condecorado por el genocida Emilio Eduardo Massera con autorización de otro represor: Guillermo Suárez Mason. Los antecedentes de los militares son revisados por la Secretaría de Derechos Humanos. El organismo no había cuestionado el ascenso de Tereso. La resolución del caso es simple: si se comprueba la denuncia pasaría a disponibilidad, de lo contrario seguirá en el cargo.