Otros casos de pedidos de un aborto no punible terminaron con un rechazo judicial y polémica.

Para su madre y sus hermanas, los cambios que habían observado en el último tiempo en el comportamiento de V.T., una joven santiagueña de 22 años discapacitada, son prueba suficiente de que su embarazo, de varias semanas, fue producto de una violación. Peor aún. Consideran que el aumento en la violencia con que ella misma se agrede y en su nivel de aislamiento son elementos que indican claramente que el violador se encuentra entre las personas que integran el círculo íntimo de la chica. Su certeza en relación con el tema es casi tan firme como la que envolvió el pedido formal de interrupción del embarazo que realizaron ayer al Servicio de Maternidad del hospital regional Ramón Carrillo de la ciudad de Santiago del Estero, al que los profesionales darán una respuesta tras debatir la decisión en una junta médica que mantendrán hoy y de la que, se espera, participen asesores del Ministerio de Salud provincial.

El director del equipo de médicos, Martín Costas, sostuvo con mucha cautela, que “se hará lo que legalmente corresponda una vez que la familia presente todos los requisitos que indica el Código Penal para los casos de aborto no punible”. El profesional se refirió específicamente a la denuncia penal por violación y los certificados que avalen el estado de discapacidad mental de la joven y la realización del trámite de curatela a uno de sus miembros.

V. T. nació con un 95 por ciento de discapacidad mental que le permitió, en 22 años que lleva de vida, alcanzar el desarrollo intelectual de una niña de dos. Esa es una de las condiciones que se deben dar en uno de los casos, según plantea el artículo 86 del Código Penal, para ubicar un aborto fuera del círculo de delitos punibles. La otra habla de la necesidad de que el embarazo haya sido producto de un abuso sexual.

En el caso de la joven santiagueña se dieron ambos requisitos. La representante en la provincia de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Silvia Borsellino, adelantó que “el estado de discapacidad de la chica es totalmente evidente, esperamos que no sea necesario un documento de certificación, que tarda muchísimo”. Aun así, han iniciado la denuncia penal por violación y el trámite de curatela para trasladar la responsabilidad por las decisiones de V. T. a su hermana, con lo cual “no habría problema de realizar el procedimiento” confió. Costas, en cambio, evitó dar vaticinios al respecto: “Mañana (por hoy) se realizará la junta médica con la presencia de los familiares para tratar estos temas”. Tampoco precisó si, de resolverse por la positiva, el aborto se realizaría en ese establecimiento o no. “Nadie nos dio participación activa aún”, concluyó.

En lo que va del año dos casos de mujeres jóvenes que fallecieron producto de abortos clandestinos realizados en condiciones sanitarias vergonzosas salieron a la luz. Según Borsellino, “el registro de casos semanales de internaciones y muertes por abortos sépticos revelan la situación de abuso sexual, violencia e incesto que se da mayormente en el interior de la provincia. Y demuestra que la incapacidad del sistema de salud estatal para trabajar en educación sexual, en prevención”.

En este caso, la joven vive con su madre y sus hermanos más chicos –son ocho en total– en un pueblo rural, a 300 kilómetros al sur de la capital provincial. “Un lugar de poco acceso, sumado a los pocos recursos de la familia”, aclaró Borsellino, que acompañó a la familia desde que se enteraron de que no era un tumor la razón por la que V. T. no menstruaba –tal como un médico del lugar había diagnosticado– sino que estaba embarazada. La prueba final fue una ecografía realizada en el hospital zonal.

Luego se concretó el traslado de la paciente hasta el Carrillo y se concretó en la comisaría del pueblo la denuncia por violación. “Sus hermanas notaron que la chiquita estaba tensa, se autoagredía, no quería salir de la casa. Se comportaba de una forma extraña. Están seguras de que fue violada. Y saben quién lo hizo –aseguró Borsellino–. Pero la policía local no quiso tomar la denuncia en un principio. Sólo les creen a las mujeres que van a denunciar que fueron violadas cuando las ven golpeadas.”

Tras permanecer unos días internada en el hospital, por consejo de los médicos, la chica “fue trasladada porque, al tornarse demasiado público se tornó peligroso para ella y su familia”, comentó Costas.

Informe: Ailín Bullentini.