Los tres adultos imputados en General Villegas por el abuso sexual de una chica de 14 años quedaron ayer más cerca de su detención. La Cámara Penal de Garantías de Trenque Lauquen confirmó el rechazo del pedido de eximición de prisión que había presentado la defensa de José Narpe, Mario Magallanes y Mariano Piñero, acusados por los delitos de corrupción de menores y divulgación de un video con imágenes del hecho. Podrían recibir una pena de entre cuatro y diez años de prisión por delitos no excarcelables. De todos modos, se presume que el juez de la causa, Gerardo Palacios Córdoba, quien ya había desechado el planteo de la defensa, esperará unos días hasta que el fallo de la Cámara quede firme, dado que puede ser apelado de nuevo por los abogados defensores, que podrían recurrir en queja ante la Cámara de Casación bonaerense. El fiscal del caso, Fabio Arcomano, solicitó hace quince días la detención de los tres, pero la efectivización de la medida recién podría producirse la semana próxima. El caso sigue despertando polémica: la familia cuestionó ayer un pedido de examen ginecológico de la chica solicitado por el fiscal.

“La decisión de la Cámara es correcta y se ajusta a derecho. Lo que esperamos es que las detenciones se produzcan lo más pronto posible”, declaró a Página/12 el abogado de la familia de la chica, Luis Tomás Correa. El único cuestionamiento fue a la decisión del fiscal de pedir un examen físico de la chica abusada. “Es una prueba inconducente, ultrajante, que no tiene ningún sentido en el marco de la causa. Se agrede la libertad sexual de la chica porque parece que se intenta saber si es virgen o no, cuando lo que se está investigando es un abuso sexual por vía oral del que hay prueba contundente, dado que hay un video que fue hecho por los propios abusadores.”

Consultado por este diario sobre ese punto, el fiscal Arcomano sostuvo que “los exámenes médicos y psicológicos son habituales en este tipo de hechos y no tienen la intención de lesionar ni investigar a la víctima”. Respecto del informe psicológico, a lo que se apunta es a determinar los daños que han provocado en la menor los hechos que se están investigando. El abogado de la familia también cuestionó que el fiscal Arcomano no haya apelado, en su momento, la calificación de la causa como “corrupción de menores y divulgación” del video, tal como lo determinó el juez, en un fallo del 14 de mayo pasado.

“El fiscal Arcomano había acusado por abuso sexual agravado, corrupción de menores y divulgación del video, lo que configuraba una acusación que podría llevar a una condena de 8 a 20 años de cárcel. Ahora la Cámara de Trenque Lauquen no se expidió sobre el tema, por la simple razón de que el fiscal no apeló, en su momento, la calificación que le dio el juez Palacios Córdoba. En consecuencia, la Cámara falló a derecho y no hay objeción por eso, aunque nosotros vamos a seguir insistiendo en que se trata de un delito agravado por el hecho de haber sido cometido por dos o más personas”, como establece el artículo 119 del Código Penal de la Nación.

“Nosotros vamos a insistir en que se investigue un caso de violación agravada y no que se trate de establecer si la víctima era precoz en lo que respecta a su sexualidad. Nosotros, como particulares damnificados, no pretendemos que la menor vaya al cielo sino que los violadores vayan presos, tengan su justo castigo”, ratificó Luis Correa. El abogado anticipó que hoy presentarán un escrito para que se deje sin efecto el pedido del fiscal de hacerle un examen ginecológico a la chica.

Correa dijo que la demanda de la familia de la adolescente, que hoy tiene 15 años, es “que se haga justicia, que los culpables tengan su castigo. No pretendemos que se les aplique la prisión perpetua ni nada por el estilo. Lo que nos importa es que se sancione como corresponde a quienes violaron la libertad sexual de la menor”. Sobre la situación procesal actual de los imputados, Correa consideró que “ya deberían ajustarse al rechazo a la eximición de prisión que determinó la Cámara y el juez tendría que disponer, esta misma semana, la detención de los tres imputados”.

La causa que investiga Palacios Córdoba tiene que ver con un hecho que ocurrió en noviembre del año pasado, pero que tuvo repercusión hace un par de meses, a partir de la difusión pública, en General Villegas, del video que mostraba un abuso sexual de la menor por tres adultos que, al igual que la joven, quedaron registrados en la filmación.

En forma paralela a la investigación de fondo, se hace un seguimiento de las amenazas telefónicas que recibió la familia en los últimos días. En relación con estos hechos, se pudo determinar el número telefónico desde donde se hizo al menos una de las intimidaciones. Los indicios llevan hacia una mujer como presunta responsable de las amenazas. Estos hechos comenzaron luego de una marcha que se hizo en favor de los imputados, en la cual se distribuyeron volantes injuriosos contra la víctima. A raíz de las presiones, la chica dejó por unos días de concurrir al Colegio Nacional, donde cursa el secundario.