La Justicia porteña intimó al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, a instruir a las empresas contratadas para instalar videocámaras de seguridad para que no coloquen esos equipos en el interior de las escuelas y que lo hagan de tal manera que “no afecten la intimidad de los niños, niñas y adolescentes”. Ante los reclamos de padres y docentes, el gobierno ya había anunciado que las cámaras estarían afuera de los edificios escolares. Pero como ese compromiso no estaba por escrito ni expresado en los contratos, la jueza Elena Liberatori exigió que quede registrado en un “acto administrativo”, por escrito.

Liberatori adoptó la decisión al finalizar la audiencia pública a la que convocó en la causa iniciada a partir del reclamo de padres de alumnos ante la inminente instalación de cámaras de seguridad en escuelas porteñas. Las demandas habían sido rspaldadas por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera) y el Observatorio de Derechos Humanos. Ambas organizaciones expresaron su satisfacción por la medida judicial. “Es un gran avance que los ministros del gobierno de la Ciudad hayan puesto el derecho a la intimidad de los niños por sobre la seguridad de los bienes”, afirmó Eduardo López, secretario general de UTE. Por su parte, el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) destacó que la decisión judicial “pone freno a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo porteño”.

En la audiencia participaron el procurador general de la ciudad, Ramiro Monner Sanz; la viceministra de Educación, Ana Ravaglia; el director de Custodia y Seguridad de Bienes, Rodolfo Ventura; el asesor tutelar, Jorge Bullorini, y cinco padres que firmaron el amparo.

Monner Sanz manifestó allí que el plan de seguridad, del que la instalación de cámaras forma parte, “puede ser completado por los usuarios del servicio que aporten ideas”. Eduardo López, de UTE, replicó que “el diálogo debe darse antes de los actos administrativos y no con posterioridad”. Las partes acordaron crear una mesa de trabajo para el seguimiento del tema.

El plan del Ministerio de Seguridad consiste en la instalación de cámaras, alarmas y personal de seguridad en 300 objetivos de la ciudad, entre ellos, 92 escuelas. La gran mayoría de ellas están en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con una denuncia de UTE, en 12 de las 17 escuelas secundarias incluidas en la medida se registraron tomas en 2010. Vincula la medida con un intento por controlar la organización del movimiento estudiantil.

Montenegro tiene un plazo de diez días hábiles para presentar el expediente del acto administrativo por el cual instruye a las empresas para que no instalen cámaras dentro de las escuelas.