El Estado salteño fue condenado a pagar una indemnización de 700 mil pesos más intereses a una joven de 18 años, única sobreviviente de un caso de violencia familiar cometido por su padre, en el que fueron asesinados su madre y sus dos hermanos en agosto de 2004. Un fallo de primera instancia responsabilizó al Poder Ejecutivo por “omisión” en la protección de la mujer y sus hijos y fijó una indemnización de 1.050.000.