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En la calle Gascón, casi esquina Córdoba, tiene lugar una guerra. Por un lado está la discoteca Amerika, con un público mayoritariamente gay, cuyos dueños aseguran que los discriminan y pretenden ahogarlos económicamente. Por otro están los vecinos que los acusan de generar un ruido imposible de tolerar. En el medio de la balacera hay jueces, policías, peritos y el Gobierno de la Ciudad. La guerra ya tuvo varios capítulos: el primero fue un juicio oral y público en el ámbito contravencional, donde los dueños del boliche resultaron absueltos de las acusaciones de ruidos molestos. Pero entonces se inició el segundo capítulo en el fuero Contencioso y Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires: allí un juez hizo lugar a una medida cautelar obligó a limitar el horario de Amerika y terminó clausurándola por dos meses. Ahora, la Cámara de Apelaciones acaba de emitir una resolución donde afirma que no se comprobaron ruidos molestos, pero en base a una ordenanza de 1969 dispone que sólo funcione hasta las 4 de la mañana. Lo más insólito es que si bien el gobierno porteño considera que esa norma no está vigente y que los ruidos molestos no existen, igualmente se ve obligado a hacer cumplir la disposición judicial. Por lo cual Amerika termina convirtiéndose en un boliche con un horario único en toda la ciudad.
Los problemas empezaron cuando los vecinos descubrieron Amerika. Es decir, cuando se enteraron, en 1999, de que el edificio en construcción sería una discoteca. En esa oportunidad un grupo presentó una carta ante el CGP de la zona quejándose por los ruidos de la obra y advirtiendo que significaba “un daño moral y económico” ya que el público estaría conformado “principalmente por personas homosexuales y transexuales”.
Por eso los dueños de Amerika plantean que se trata de un caso “que empezó como discriminación y se convirtió en hostigamiento”. Los vecinos, en cambio, lo niegan. “No tiene nada que ver con la cuestión gay –afirma Alejandra Marimón, dueña de una de las propiedades linderas–, para mí que cada uno haga con su sexualidad lo que quiera. El problema es que no podemos dormir. Esta es una cuestión de derechos violados”.
En la guerra hubo muchas etapas: denuncias, llamados a los fiscales contravencionales, mediciones del nivel de ruido, peritajes e infructuosas mediaciones. Todo eso desembocó en un juicio oral y público en la Justicia Contravencional que tuvo lugar en abril pasado. En la sentencia, el juez Germán Camps consideró que, pese a las afirmaciones de los vecinos, no se había comprobado la existencia de ruidos molestos: ni el peritaje oficial, realizado por el ingeniero Pedro Degli Esposti, ni los testigos –transeúntes llevados por la policía a quienes incluso se les pidió que apoyaran la oreja contra la pared– concluyeron que esos ruidos existían. Los acusados, Osvaldo de Riso y Humberto Fiori, fueron absueltos.
Pero los vecinos argumentan que las mediciones no son válidas: “Cuando uno llama a la policía vienen tarde, con sirenas, bajan del patrullero, buscan testigos... En ese tiempo alguien avisa en la discoteca y bajan la música”, dicen. También descalifican el peritaje oficial: “La música se bajó y no obligaron al boliche a poner a funcionar todos los equipos de aire –se queja Marimón–. Nosotros tenemos filmaciones y pruebas que muestran otra cosa”.
El Gobierno de la Ciudad, en cambio, considera que la discoteca está en regla. “Este es uno de los boliches que más ha sido inspeccionado –sostiene Marcelo Antuña, subsecretario de Regulación y Fiscalización de la Secretaría de Gobierno y Control Comunal–. Cumple con todas las normativas de higiene, seguridad, sonorización. Se demostró que no hay ruidos molestos, hubo infinidad de mediciones. Lo que hay es el bullicio propio del ingreso y egreso de gente”.
La guerra siguió con un recurso de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. El juez Hugo Zuleta se presentó en la casa de las denunciantes, consideró prima facie que los ruidos molestos existían y ordenó al boliche que restringiera su funcionamiento a los días viernes, sábado y víspera de feriados y hasta las 2 de la madrugada. Como Amerika violó el horario, fue clausurado durante dos meses.
Lo más llamativo vino con la apelación. En una resolución del 11 de septiembre, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo admitió que “no existen, en este estado provisorio de la causa, elementos suficientes como para determinar que los ruidos emitidos por el local pueden ser calificados como molestos”. Pero los jueces Carlos Balbín, Horacio Corti y Esteban Centanaro agregan que la discoteca fue habilitada como “local bailable clase C” del Código de Habilitaciones, por lo cual sólo puede funcionar hasta las cuatro de la mañana y ordenan que se controle ese límite.
Curiosamente, es una norma que nadie acata. “Se refieren a una ordenanza del Gobierno de la Ciudad del año ‘69 –explica Antuña–. No hay ningún local bailable que la cumpla, ya que en 1991 se emitió un decreto de desregulación de la actividad comercial, que fue ratificado después por la ley nacional 24.307. Entonces, concretamente, en la ciudad de Buenos Aires el único boliche que tiene que cerrar por orden judicial es éste. No sé si podría decir que es discriminatorio, pero al menos resulta complicado”.
“Nos quieren ahogar económicamente –se indigna el apoderado de Amerika, Osvaldo de Riso–. Considerando los usos y costumbres de la ciudad, cerrar a las cuatro es no poder trabajar. Nuestra habilitación está en perfectas condiciones, tenemos certificado de aptitud ambiental, contratamos al INTI para hacer mediciones de sonido, pusimos rejas, hacemos limpiar las veredas, tenemos policía adicional, colocamos más luces... Pero los vecinos no aceptan ningún tipo de arreglo: no quieren que exista la discoteca. Y ahora la Justicia nos está negando el derecho a trabajar”.
La resolución ya fue apelada. “Se planteó un recurso de inconstitucionalidad para ir al Tribunal Supremo de la Ciudad, y si no prospera se presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación –explica su abogado, Nereo De Carlos–. Es una paradoja: por el accionar de un juez se está impidiendo trabajar a un comercio en virtud de una norma que no tiene vigencia, que ha sido derogada. Es una situación de notoria desigualdad con respecto al resto de las confiterías bailables de la ciudad”.
Pero mientras la resolución está vigente, el gobierno la tiene que acatar. Y como Amerika no cierra a las cuatro, cada noche suma otra infracción que eventualmente provocará la clausura. Ahora todos esperan la nueva resolución de una guerra que aún no termina.