“Lo que estamos tratando de cristalizar con los ministros de Salud de la región, en el Mercosur y el Unasur, es un documento histórico en el cual se denuncia, en forma conjunta, el abuso y la extorsión que venimos sufriendo”, de parte de los laboratorios multinacionales “mediante la fuerte presión de organizaciones financiadas por esas mismas empresas y a través de los medios de comunicación”, para mantener los precios de los medicamentos, a punto tal que un mismo producto puede valer “mil, cinco mil o diez mil, según la cara del cliente”. La afirmación la hizo, en diálogo con Página/12, el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Gollan, en la previa de la reunión que mantendrá a partir de mañana, en Montevideo, el Consejo de Salud Suramericano, órgano de la Unasur que toma decisiones respecto de cuestiones sanitarias del bloque regional de países, a través de los responsables del área de Salud.

Gollan, acompañado por el secretario de Promoción y Programas Sanitarios de su cartera, recordó que el texto del documento comenzó a gestarse en la 68º reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizada en Ginebra, en mayo pasado, y que tomó forma en una reunión que se hizo hace dos meses en Brasilia.

“El consenso que se logró entre los ministros nos dio la pauta de que es imposible seguir como estamos y de allí surgieron varias alternativas: realizar compras conjuntas entre los países para abaratar los costos” mediante adquisiciones a gran escala y empezar a discutir la formación de “un banco de precios” regional, similar al que funciona en Europa, y que establece que “ningún país puede pagar un medicamento más del promedio del que pagan otros tres países europeos”.

Esto es importante porque “nosotros, por ejemplo, pagamos tres veces más que Perú algunos medicamentos, mientras que ellos pagan más que nosotros por otros productos, algo que es incomprensible e inadmisible”. Lo que se está formando es “un banco de precios del Unasur, para tener una noción real del costo de los medicamentos en la región y de la diferencias que existen, para impulsar incluso una legislación de la región, como ocurre en Europa, para evitar estos abusos de los laboratorios”.

–Las ganancias de los laboratorios son increíbles y parecen no tener techo. ¿Cómo es discutir con las multinacionales de la salud?

–Siempre fue una negociación complicada la de los precios de los medicamentos, aunque nosotros siempre hemos tenido como base de negociación patrones de precios fijados por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) que nos dan pautas sobre hasta dónde puede llegar a pagar el Estado en las licitaciones producto por producto, aunque esas pautas no pudieran ser impuestas por nosotros en la negociación. Ahora se da una nueva situación en el mercado farmacéutico mundial porque los nuevos productos biotecnológicos no tienen ninguna relación con lo que ocurría antes, porque las empresas multinacionales de medicamentos le ponen precios diferenciados para cada país y dentro de cada país, cuál es el precio para el sector público, para las obras sociales, para los sistemas prepagos. Lo que se busca, a través de esa fórmula es obtener lo máximo que se le puede sacar a cada país, en ese momento. Además, en cada negociación, se hace jugar, como elemento de presión, a organizaciones de familiares que están siendo financiadas en el mundo, por los mismos laboratorios, junto con la fuerte presencia que los laboratorios tienen en los medios de comunicación. Esto se complementa, en todos los países latinoamericanos, según señalaron los ministros de salud de la región, con medidas cautelares judiciales que terminan favoreciendo la política de los laboratorios.

–Esto significa que todo contribuye al crecimiento desmesurado del precio de los medicamentos.

–Es un combo que hace posible que el precio de un producto pueda ser 1000, 5 mil o 10 mil, según el país. Por ejemplo, existe una medicación para la hepatitis C y la misma pastilla cuesta mil dólares en Europa, Canadá y los Estados Unidos, que se ofrece a 100 o 110 dólares en países de renta media como Argentina, Brasil, Colombia o Chile, y a 10 o 11 dólares en países como India. Ese mismo medicamento le da buenas ganancias al laboratorio indio que lo produce y que lo vende a 11 dólares, a pesar de pagar royalties (derecho a la utilización de la patente). A partir de ese dato, imaginemos la rentabilidad que hay vendiéndola a 100 o a 1000 dólares.

–¿Qué es lo que evalúan los laboratorios para semejante variación de precios? Podría compararse con el caso de esos mecánicos que cobran en forma diferenciada el mismo arreglo, si se trata de un auto común y otro de alta gama.

–¿Qué es lo que evalúan? El Producto Bruto Interno (PBI) del país, el PBI per cápita, la capacidad de pago del sistema de salud, la capacidad de pago de cada uno de los financiadores del sistema de salud, la cantidad de población que hay que tratar con el medicamento, la comparación con otros tratamientos existentes. Esto no se había visto nunca y tiene un lógica determinada muy claramente, porque detrás de estas empresas biotecnológicas, o por lo menos de muchas de ellas, hay fondo globales de inversión, los mismos fondos buitre que están litigando contra la Argentina y contra otros países. Hay una lógica de máxima rentabilidad que tiene una lógica financiera especulativa, la lógica del mercado que dice “si este se baja de un auto importado se lo vendo a un precio” y llega otro con un Fiat 600 y se lo vende a otro precio. De acuerdo con la cara del cliente, al poder adquisitivo de cada país y de cada institución de cada país. Esto está llevando a que en el mundo todos los sistemas de salud estén jaqueados. Y cuando digo el mundo, incluyó a Europa y a países de alta renta. En Estados Unidos pasa lo mismo, pero la idiosincrasia y la filosofía del país, aceptada mayoritariamente, a pesar de los esfuerzos de Barack Obama de cambiar algunas cosas, se acepta que pague el que pueda y el que no, que se jorobe. En Europa hay un Estado más protectivo, que termina pagando más.

–¿Y cómo es la situación en la Argentina?

–En Argentina pasa lo mismo que en Europa, porque termina pagando el Estado, porque esta situación conduce tarde o temprano a la aplicación de medidas cautelares que hacen que el sujeto de derecho, que merece sin duda tener ese medicamento, lo tenga. Lo que nosotros decimos es que, para que todo el mundo pueda acceder al medicamento que necesita, la única variable posible es terminar con los precios usureros. Si nosotros pagáramos, durante cinco años, los tratamientos contra la hepatitis C al precio que nos están proponiendo a nosotros, no a los países del Primer Mundo, estaríamos pagando el equivalente a dos o dos y medio del monto total del presupuesto en salud de este Ministerio. Serían unos 25.000 millones de dólares que nosotros tendríamos que pagar en el término de cinco años. Esto no lo podemos afrontar de ninguna manera.

–Supongo que sucede lo mismo con los tratamientos oncológicos o de VIH-sida?

–Pasa todo el tiempo con los tratamientos oncológicos, antirreumáticos o de HIV-sida de última generación, con los tratamientos de nuevas enfermedades poco frecuentes que estamos enfrentando.

–Ante ese panorama, ¿en qué nivel está hoy el abastecimiento de medicamentos a las personas con problemas oncológicos o VIH-sida, que durante años han padecido dificultades graves para seguir con esos tratamientos?

–Los programas nacionales hoy cubren casi las dos terceras partes del total de los tratamientos de paciente con VIH. Tenemos 73 mil en general, de los cuales cubrimos unos 60 mil, aunque en realidad entregamos 57 mil, porque hay ocho mil que están pero hoy no necesitan tratamiento, pero si lo necesitaran, podemos asistirlos. A nivel del VIH y de las enfermedades catastróficas, el Ministerio de Salud de la Nación y los de algunas provincias están concurriendo y no faltan los medicamentos.

–¿Cuál es la estrategia para bajar el precio de los medicamentos?

–Estamos tratando de cerrar algunos acuerdos entre todos los ministros de Salud del Unasur, para llevar una postura consensuada a la reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para ampliar del Fondo Estratégico para adquisición de medicamentos a gran escala. La OPS compra a gran escala, para determinado período y los precios que pagamos son enormemente inferiores. Por ejemplo, un medicamento que es para el tratamiento del VIH, que es el Atripla. Cuando lo compramos la última vez, hace dos años, en la primera compra pagamos 49 pesos y en una segunda, la oferta se había elevado a 90 pesos. Le pedimos una mejor del precio y ofertaron a 75 pesos, pero lo compramos por el Fondo Estratégico de la OPS a 4,70 pesos. Diez veces menos que los 49 pesos iniciales. Los laboratorios, nunca pierden plata, lo que ocurre es que siempre aspiran a ganar cada vez más.

–Usted decía que, a nivel mundial, existe un “combo” entre laboratorios, medios de comunicación, jueces y ONG subvencionadas por las empresas, que hacen lobby para obligar a comprar medicamentos a precios escandalosos. ¿Eso también ocurre en la Argentina?

–En nuestro país, la Justicia también participa, pero en mucho menor escala, porque a veces tenemos fallos buenos. Le digo más: si a un juez o a los tribunales se les explica bien cómo es esto, termina fallando diferente, pero muchas veces los jueces actúan por una lógica de la protección al paciente. En Brasil, los jueces municipales, que son como nuestros jueces de paz, intiman en forma permanente a los sistemas de salud a que paguen medicamentos, lo que lleva a una situación incontrolable.

–¿Y cómo se hace para encontrar una salida pensando en el paciente y tratando de torcerle el brazo a la usura de los laboratorios?

–Una de las alternativas es la negociación conjunta a través del fondo estratégico de la OPS, que va a ser muy importante si logramos que sea acompañada nuestra estrategia en la reunión que comienza mañana en Montevideo, y en la reunión de ministros de la OPS que se hace a fines de septiembre. La idea es ampliar este Fondo Estratégico, algo que no va ser inmediato porque necesitamos crear una logística mucho más importante, pero en seis u ocho meses esperamos tener respuestas. Otro de los puntos es que haya negociaciones conjuntas por países, fuera del Fondo Estratégico, para hacer compras en conjunto de otras líneas de productos. Que nos pongamos todos de acuerdo y negociemos todos juntos con las multinacionales biotecnológicas, mostrando poder de negociación y que luego cada país compre con su sistema administrativo. Otra línea es que para otros productos, el país más grande, que sería Brasil, realice compras más grandes, para favorecer a Chile, por ejemplo, y que Argentina haga lo mismo con Uruguay. Y por supuesto, la apuesta al futuro, en el mediano y largo plazo, es lograr la producción local, con investigación y desarrollo, mediante el trabajo conjunto de todos los laboratorios productores de medicamentos del sector público e innovador, para lo cual hemos generado la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos para que tenga un financiamiento y un desarrollo asociado. También hay posibilidades de firmar convenios de transferencia tecnológica con Cuba, con India, para trabajar en el mismo sentido.

–¿Cuál sería la diferencia, en relación a los costos, de producir medicamentos en el país, respecto del costo que hoy conlleva la importación de esos productos?

–El costo, si eso se pudiera hacer, no debería superar el 50 por ciento de lo que hay que invertir trayendo los medicamentos desde afuera. De todos modos no es aplicable a todos los medicamentos, porque si producimos un medicamento a un costo de 1000 pesos, yo diría que 500 sigue siendo caro. Tendríamos que hablar de medicamentos que nos llegan a un valor de 10 pesos y que podemos hacerlo a un costo de 5 pesos. Hay laboratorios argentinos que pueden producir tal medicamento, pero después nos lo dejan a un valor que es apenas más inferior al que pagamos por la importación. En esos casos, nos sentamos a dialogar, a consensuar para que bajen los precios, conociendo los márgenes de ganancia y rentabilidad que tienen los laboratorios para poder hacernos rebajas que a veces conseguimos.

–Explique qué significa esta propuesta del 90-90-90.

–Es una propuesta de la organización ONU-Sida que plantea llegar al 2020 con el 90 por ciento de población con VIH-sida diagnosticado, el 90 por ciento bajo tratamiento y el 90 por ciento sin detección serológica del virus. Con esto se estima que estaríamos en los albores de afirmar que el sida ya no es un problema sanitario mayúsculo. Habríamos “vencido” al sida, aunque sin poder decir que fue erradicado. Nosotros le agregamos un cuarto 90, producto de las charlas que tenemos con asociaciones de familiares de pacientes con VIH-sida que trabajan con nosotros. El cuarto 90 que nos propusieron estas asociaciones es que el 90 por ciento de los pacientes que necesitan un tratamiento lo tengan a precios justos.

–El tratamiento del VIH-sida es muy caro.

–Un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) demuestra que si no hubieran irrumpido los científicos indios con tratamiento del virus con medicamentos genéricos, el 90 por ciento de los que tienen VIH-sida en Africa ya habrían muerto. Es un dato durísimo. Por eso es tan necesario imponer la discusión sobre el precio de los medicamentos. La Sociedad de Infectología de Argentina hace rato que viene hablando del tema, porque está claro que sin precio justo, no hay acceso masivo a los medicamentos. Es importante que nosotros tengamos la bandera del acceso, porque parece que somos nosotros los que negamos el acceso cuando no queremos pagar los precios abusivos, cuando en realidad nos negamos a pagar esos precios para que todos puedan tener el acceso al medicamento que necesitan.