La opinión del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Chubut acerca de la “ocupación” principal de las mujeres que nunca pueden desatender (la casa, los hijos, el estudio) y que dificultaría su ejercicio de la magistratura, deja ver todos los prejuicios y concepciones estereotipadas que comparte una parte todavía importante de la sociedad.

Aunque las mujeres son más de la mitad de las estudiantes universitarias en muchas carreras de grado (entre ellas, la abogacía) no pocas personas creen que su inserción en el empleo y sus trayectorias laborales están condicionadas a su capacidad para “conciliar” las responsabilidades laborales con las familiares, como si solo ellas estuvieran (o debieran estar) a cargo del cuidado de otras personas de las familias.

Lo cierto es, y así lo demuestran los datos de las Encuestas de Uso del Tiempo, que estas tareas son todavía asumidas principalmente por las mujeres. La pregunta es si ese es el mensaje que una sociedad igualitaria debe transmitir desde las políticas públicas y desde el discurso de las figuras que ocupan lugares de poder. O, por el contrario, si las políticas públicas debieran ofrecer un abanico de opciones (en términos de infraestructura, tiempo, servicios) para que las mujeres pudieran desplegar su potencial profesional y personal de acuerdo con sus propias preferencias.

La presencia y participación de mujeres con perspectiva de género en el ámbito de la justicia en general y en las Cortes en particular, tiene enormes implicancias para la vida en democracia y para los derechos humanos de las mujeres. Mientras que por un lado contribuye a combatir su histórica exclusión de los máximos estamentos del Estado, por otro lado enriquece el debate público al incorporar otras miradas, expectativas e intereses. Además, la presencia de un número importante de mujeres en lugares de poder enfrenta los estereotipos de género que alimentan la discriminación cotidiana, aumentando su legitimidad como ciudadanas. Es así como se debe ir desmontando el andamiaje cultural que sostiene la discriminación y alimenta las distintas manifestaciones de violencia que conmueven a la sociedad. ¿Desde qué concepciones se administra justicia si se cree que las mujeres deben mantener su “ocupación principal” como cuidadoras de las familias? ¿Quien no responda a ese estereotipo será menos mujer? ¿Será tal vez juzgada como “mala madre”?

Desarmar esos prejuicios es una obligación del Estado y es una responsabilidad que deben asumir quienes, en el ejercicio de la magistratura, tienen la función de interpretar la Constitución. Para eso, una sola mujer (en la Corte de Chubut, la Corte Nacional o cualquier otra) no será suficiente. En estos casos, no alcanza con el botón de muestra: es indispensable transformar el paisaje.

* Directora ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).