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Será otro cimbronazo político. A las 10.30 de la mañana empieza uno de los días definitivos en la crisis política e institucional que vive la provincia de Santiago del Estero. La Cámara de Diputados local comenzará a discutir los dos pedidos de desafuero para la gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez. ¿Qué pasará? El oficialismo asegura que rechazará en bloque los pedidos. La oposición aún conservaba cierta esperanza. Apenas se abra la sesión, pedirán la recusación de 11 diputados del oficialismo involucrados en las causas que se abaten contra la gobernadora. Creen que la estrategia romperá el bloque oficial. En tanto, el gobierno nacional prepara su propio juego en el tablero de presiones. Hoy desembarca una delegación del Ministerio de Justicia en la capital del horror.
El debate en la Cámara de Diputados dejará en claro cuál es el escenario de consenso que aún preserva el gobierno de los Juárez. Los pedidos de desafuero requieren una aprobación de las dos terceras partes de la Cámara, es decir 33 de los 50 diputados. Anoche toda la oposición apenas sumaba 21 bancas.
En esas condiciones, el juarismo parece dirigirse hacia una victoria segura. Los 11 diputados varones y las mujeres –18 en total, columna vertebral de la gobernadora en la poderosa rama femenina– son el último escudo para frenar el ingreso de la gobernadora al juzgado federal. Nina Juárez aún tiene pendiente dos citas con el juez Angel de Jesús Toledo. La primera es una indagatoria por la causa ANSeS, a raíz de una presunta defraudación al fisco de 505 mil pesos. Y la segunda es su supuesta autoría ideológica en el atentado contra la casa del diputado menemista José Figueroa en julio de 2002.
El gobierno viene trabajando desde hace dos semanas para frenar el posible desbande de su tropa. De ese núcleo, de hecho, salió el bloque de seis disidentes que ahora desde el kirchnerismo apuntala el desafuero. Para evitar más fugas, el gobierno impulsó un acta de compromiso con las firmas de todos los leales: “Los diputados provinciales del PJ –indicaron– expresaron su más enérgico repudio y rechazo” a las solicitudes de desafuero “por considerar que carecen de todo sustento jurídico y que simplemente se trata de cuestiones políticas y canallescas, sostenidas con el único objetivo de querer desprestigiar y mancillar el buen nombre y honor de nuestros conductores”.
La oposición intentará quebrar ese consenso. La fiscalía federal de Santiago imputó a cinco diputados del juarismo en la causa ANSeS y a otros seis en el caso Figueroa. Con esos antecedentes, los disidentes impulsarán en la Cámara once pedidos de recusación: “Pretendemos al menos que se inhiban de votar porque están involucrados en la misma causa: con su voto estarían consintiendo una asociación ilícita”, le explicó a este diario Miguel Angel Robles, del grupo de los disidentes. Tal como ocurrió con el pedido de juicio político para el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la oposición pretende la abstención de los cinco diputados que integran la Comisión de Juicio Político.