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Un policía que asesinó hace tres años a un joven en el partido de La Matanza fue condenado ayer a 18 años de prisión, pero sigue disfrutando de la libertad porque sus colegas no logran encontrarlo. Se trata del suboficial de la Bonaerense, Ramón Olivera, que en febrero del 2001 asesinó de tres disparos a quemarropa a Daniel Alejandro Sosa, inventó un enfrentamiento con la víctima y, luego de pericias balísticas, fue a juicio oral. El acusado llegó a la instancia de la sentencia en libertad, sin siquiera vigilancia domiciliaria por una posible fuga. La negligencia fue cuestionada por la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense: “Esto no puede suceder”, criticó el coordinador de la dependencia, Alberto Linares.
“Nos tomó por sorpresa porque él (Olivera) concurrió todos los días del juicio menos ayer, justo en la sentencia”, explicó a Página/12 Nancy Sosa, tía del asesinado. Pero remarcó que “la policía debió haber tomado medidas para que ahora un compañero de ellos no esté prófugo”. Hasta el último día del juicio, el acusado sostuvo que su acción fue en legítima defensa, porque había respondido a un intento de robo. Sosa, un joven padre de dos niños, volvía esa noche a su domicilio luego de recibir atención médica por un accidente de trabajo.
La Justicia dictaminó ayer que el policía primero asesinó a Olivera, luego le plantó un arma –con la cual, antes, disparó contra su propio auto, para simular un tiroteo– y después manipuló la escena del crimen. Las pericias balísticas en la camioneta 4x4 de Olivera desecharon la versión del policía, y el único testigo del hecho declaró que primero vio el cuerpo de Sosa en un lugar y que, minutos más tarde, fue colocado en otro sitio y con un arma en la mano. El Tribunal Oral Criminal Nº 3 también ordenó ayer que se investigue si dos de los seis hijos del condenado, llamados Roque y David Olivera, también miembros de la Bonaerense, tuvieron alguna participación en el hecho.
Minutos antes de ser asesinado, la hermana de Sosa lo llamó al teléfono celular: “Estoy en la entrada de Aldo Bonzi. Me cruzaron una camioneta y dos tipos me están apuntando con armas. No sé qué pasa”, fue lo último que dijo Sosa antes de cortar la comunicación. El asesinato ocurrió a siete cuadras de la entrada a la localidad, a cincuenta metros del domicilio del policía y a tres cuadras de la casa de Sosa. Víctima y victimario vivían en el mismo barrio.
A pesar de una condena casi segura, Olivera estaba libre porque el Código Procesal les da a los acusados la posibilidad de que esperen sentencia sin cumplir prisión efectiva: prisión preventiva morigerada, prisión domiciliaria o excarcelación extraordinaria son las definiciones técnicas del beneficio, que se otorga siempre por una decisión del juez. “La implementación de la prisión preventiva como último recurso es lo ideal, estamos de acuerdo en que la condena se espere en libertad, pero nunca se les otorga a los pobres, siempre se les da a los Grassi, a los Carrascosa o a los policías”, se quejó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú.
“Mi hijo fue una víctima inocente, lo único que pretendo ahora es que se haga justicia, por eso no voy a parar hasta encontrar a este delincuente que tendría que estar preso”, advirtió la madre del joven asesinado, Elsa Gómez, quien sospecha que el policía puede estar en la provincia de Misiones, donde tendría una casa. El temor es que desde ahí intente salir del país.
El Tribunal encontró culpable a Olivera, pero no pudo determinar cuál fue el motivo que lo llevó a asesinar a Sosa. La familia del joven mantiene dos hipótesis: que el origen del hecho fue una discusión de tránsito que derivó en persecución y gatillo fácil, o que el suboficial y sus hijos intentaron robar el Volkswagen Gol de Sosa. “Asesinos con uniforme y policías ladrones hay de sobra”, recordó la tía del joven.
Informe: Darío Aranda.